INICIA GIRA EN EUROPA POR LA LIBERTAD DE LAS Y LOS PRISIONEROS POLITICOS EN COLOMBIA

Por: Solidaridad Juridica.
Abril de 2014
http://www.solidaridadjuridica.org

El pasado 9 de abril se inició en los Países Bajos la Gira en Europa de los miembros de la corporación Solidaridad Jurídica de Colombia, en representación de diversas organizaciones de la coalición Larga Vida a las Mariposas y del movimiento social y político Marcha Patriótica que han venido trabajando en defensa y en solidaridad con las y los prisioneros políticos en Colombia, y con el apoyo solidario de la organización Belga INTAL así como de diversos colectivos de colombianos y de los distintos capítulos de MP en Europa.

Con la conferencia titulada Criminalisation of the social movements in Colombia en la Universidad de Wageningen donde un nutrido grupo de asistentes escuchaba estupefacto parte de la historia de la represión en Colombia así como la presentación de algunos casos de prisioneros políticos y sus difíciles condiciones de vida en las prisiones colombianas.

La delegación también participara en el 18º Congreso de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas a realizarse en Bruselas entre el 15 y 19 de abril, con el tema principal: Abogando por los derechos de los pueblos, donde más de 400 delegados de diversas organizaciones defensoras de DDHH de alrededor de 50 países se darán cita para compartir experiencias y debatir en torno a los siguientes temas:
1.    Derecho Humano a la Paz
2.    Independencia Judicial, protección de juristas y justicia de los pueblos democráticos
3.    Lucha por los derechos laborales y sindicales frente a los regímenes neoliberales.
4.    Crisis Económica, deuda y la promoción de un nuevo orden económico democrático internacional
5.    Fin de la impunidad criminal internacional y promoción de la justicia internacional
6.    Abogando por la gente
7.    Derechos de los Migrantes
8.    Derecho a la Salud y a un medio ambiente sano de frente al calentamiento global y el cambio climático
9.    Derecho a protestar y organizarse para conseguir los derechos humanos indivisibles: Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales.
10.    Lucha por la igualdad y contra todas las formas de discriminación

Posteriormente la delegación colombiana viajará a diversos países europeos donde tendrán importantes encuentros con personalidades y organizaciones no gubernamentales con el propósito de socializar las denuncias en torno a las violaciones de los ddhh de las y los prisioneros políticos y las condiciones infrahumanas que padecen dentro de las prisiones más de 120000 prisioneros, así mismo obtener apoyo en materia de exigir al gobierno colombiano un tratamiento humanitario a las y los prisioneros políticos en Colombia en el marco del proceso de paz que cursa actualmente en le Habana, Cuba entre la insurgencia de las Farc y el gobierno colombiano.


ATENTADO CONTRA SINTRAEMCALI

ATENTADO TERRORISTA CONTRA SINTRAEMCALI

A SOLO CINCO DÍAS DE QUE JUEZ DE LA REPUBLICA ORDENARA  PERDON

A PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE


Las organizaciones sindicales y defensoras de los derechos humanos abajo
firmantes, nos permitimos denunciar ante la comunidad nacional e
internacional, el ataque terrorista de que fuera objeto la sede del Sindicato
de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali –SINTRAEMCALI,
organización sindical que desde el año 2004, de manera incesante ha sido
objeto de prácticas y políticas antisindicales desde el Estado, traducidas
en ataques verbales, amenazas de muerte, atentados contra la vida y la
integridad personal, desplazamiento y exilio, que han buscado su
destrucción.

HECHOS

1) El día 16 de abril de 2014, siendo aproximadamente las 2:25 de la
madrugada, se escucharon ruidos en el sector, momento en el cual el
vigilante de la sede se acercó a una de las ventanas y pudo observar que
estaban lanzando bombas incendiarias en contra de la sede, ubicada en el
barrio San Nicolás de la ciudad de Cali, Departamento del Valle del Cauca.

2) Las puertas de la sede sufrieron avería como fruto del calor, la
fachada quedo ahumada y la tubería del agua se reventó, lo que contribuyó a
controlar el incendio.

3) Los autores de estos hechos fueron cuatro (4) individuos, dos de los
cuales se desplazaban en una motocicleta y otros dos (2) a pie, quienes
posteriormente abordaron un taxi en el cual abandonaron el lugar.

ANTECEDENTE INMEDIATO

El día 11 de abril de 2014, siendo las 4:00 p.m., la Juez 29 Penal
Municipal de Bogotá ordenó al Presidente de la República Juan Manuel
Santos, así como al Vicepresidente de la República, Angelino Garzón,
realizar actos de perdón a favor de los integrantes de SINTRAEMCALI,
SINTRAUNICOL y SINTRATELEFONOS, por los crímenes de que fueron objeto
durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

CONTEXTO

a) En el mes de julio de 2004 por parte de la Gerencia de EMCALI, que
estaba recién intervenida por orden del Presidente Álvaro Uribe Vélez y la
Superintendente de Servicios Públicos Domiciliario Eva María Uribe Tobón,
se produjo el despido de cincuenta y un (51) trabajadores, entre ellos seis
(6) Directivos Sindicales. El 29 de marzo de 2012, la Corte Constitucional
dictó la sentencia T-261, en la que ordenó el reintegro de estos
trabajadores precisando que “del material probatorio allegado al
expediente se puede concluir que el despido de los trabajadores obedeció
más a una conducta antisindical del empleador”. (Se resalta)

b)  El 24 de septiembre de 2004, se puso al descubierto la existencia de
la llamada “Operación Dragón”, plan que tenía como propósito atentar
contra los derechos a la vida, la integridad y la libertad personal de
dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos y líderes políticos
de oposición.

En el curso de las investigaciones se pudo establecer que con el aval de la
Superintendente de Servicios Públicos, fue contratada la empresa
Consultoría Integral Latinoamericana, que subcontrató a la empresa privada
armada SERACIS, las cuales adelantaron acciones para infiltrar a
SINTRAEMCALI, penetrar los esquemas de seguridad de sindicalistas y líderes
políticos, buscando además establecer debilidades en los mismos, en el
propósito de adelantar planes de exterminio.

En la actualidad el Coronel(r) Julián Villate Leal y dos Mayores (r)
están siendo sometidos a Juicio por estos hechos, que contaban con el apoyo
del Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y Departamento
Administrativo de Seguridad, entre otras instituciones.

c) Entre el 19 y 27 de julio de 2007, Álvaro Uribe Vélez, Francisco
Santos Calderón y José Obdulio Gaviria, adelantaron una campaña pública
nacional e internacional tendiente a presentar a los integrantes de
SINTRAEMCALI, SINTRAUNICOL y SINTRATELEFONOS, como testaferros del
terrorismo y aliados de la subversión. Para tal fin adelantaron ruedas de
prensa, publicaron columnas en diversos medios de comunicación y
adelantaron actos públicos de agravio en el país y en el exterior.

d) El 7 de agosto de 2007 en los correos electrónicos de las
organizaciones sindicales, es decir 13 días después de los últimos ataque
hechos por Alavaro Uribe Vélez, Francisco Santos Calderón y José Obdulio
Gaviria, fue recibida una amenaza suscrita por la estructura paramilitar
“Aguilas Negras”. En dicha amenaza las Juntas Directivas son declarados
objetivo militar y se les da un plazo de 30 días para abandonar el país.

Luego de iniciado los correspondientes procesos judiciales contra altos
funcionarios estatales, el día tres (3) de febrero de 2012, Francisco
Santos Calderón realizó una rueda de prensa en la ciudad de Bogotá, en la
cual se retracto de las acusaciones hechas en contra de las organizaciones
sindicales y pidió perdón por sus actos, habiendo concurrido ante la Juez
que iba a iniciar el juicio en su contra, para pedir perdón y solicitar
fuera archivado el proceso, a lo cual accedió la justicia.

El día 10 de abril de 2014, José Obdulio Gaviria asistió al bunker de la
Fiscalía General de la Nación, en donde también pidió perdón en rueda de
prensa.

El día 11 de abril de 2014, la Juez 29 Penal Municipal con Funciones de
Conocimiento de la ciudad de Bogotá, en diligencia de audiencia pública
reconoció que los actos ocurridos entre el 19 y 27 de julio de 2007, eran
actos de Estado, que configuraban un crimen, razón por la cual aceptó el
pedido del representante de SINTRAEMCALI y SINTRAUNICOL y ordenó al
Presidente y Vicepresidente de la República realizar actos de reparación y
adoptar medidas para que hechos como estos no se vuelvan a repetir.

Ante los hechos aquí relatados, que se producen solo cinco (5) días después
de haber sida dictada una orden de reparar los crímenes de Estado, nos
permitimos solicitarles:

1. Se exprese la preocupación ante el ataque sufrido en la sede de
   SINTRAEMCALI y en particular ante el riesgo que experimentan los
   integrantes de dicha organización sindical, sus directivos y los abogados
   que han llevado la representación judicial en estos casos.

2. Se adopten de manera URGENTE Y EXTRAORDINARIA, medidas para proteger
   la vida e integridad personal los integrantes de dicha organización
   sindical, sus directivos y los abogados que han llevado la representación
   judicial en estos casos, las que fueran en el pasado suspendidas en el
   contexto de persecución y ataque.

3. Se inicien las investigaciones que permitan individualizar a los
   autores materiales e intelectuales de estos hechos, haciéndoles comparecer
   ante la Justicia para que respondan por sus actos.

SINTRAEMCALI
NOMADESC
COMISION INTERNACIONAL DE JURISTAS – Representante América Latina
DHCOLOMBIA
CORPORACION SEMBRAR
SINTRAUNICOL
CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES – VALLE DEL CAUCA
CAMPAÑA PROHIBIDO OLVIDAR
CONGRESO DE LOS PUEBLOS


SOLIDARIDAD CON LOS 17 CAMPESINOS DETENIDOS DE ASTRACAN

La RED INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD CON LAS PRISIONERAS Y PRISIONEROS POLITICOS COLOMBIANOS - INSPP, se solidariza con los 17 campesinos detenidos masivamente en el Municipio de Leyva, Nariño
SOLIDARIDAD CON LOS 17 CAMPESINOS DE ASTRACAN DETENIDOS EN EL MUNICIPIO DE LEIVA-NARIÑO/COLOMBIA Y EXIGE SU INMEDIATA LIBERTAD.


A continuación el comunicado de la Fundación Lazos de Dignidad:

La Fundación Lazos de Dignidad -FLD- expresa su solidaridad con
los diecisiete (17) campesinos detenidos el día 17 de marzo de 2014 en el Municipio de
Leiva (Nariño), miembros de la Asociación de Trabajadores Campesinos de
Nariño –ASTRACAN- Subdirectiva Leiva, filial de FENSUAGRO.

La FLD se suma a la denuncia y rechazo de ésta detención masiva, que sin
lugar a dudas obedece a otro montaje judicial  como represalia a la
participación de los campesinos en el Paro Nacional Agrario y Popular
realizado en el mes de agosto de 2013.

Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para que se
emitan pronunciamientos de rechazo a esta detención masiva y se exija la
libertad de los diecisiete (17) campesinos detenidos.

Para mayor detalle compartimos entrevista realizada por RPASur al abogado Edgar
Montilla, quien ejerce la defensa de los campesinos:

http://www.ivoox.com/persecucion-politica-contra-lideres-campesinos-narino-audios-mp3_rf_3011322_1.html

LA LUCHA SOCIAL NO ES UN DELITO, ES UN PASO HACIA LA LIBERTAD!

PRISIONERXS POLÍTICXS A LA CALLE!!!

www.fundacionlazosdedignidad.org

www.traspasalosmuros.net


Criminalization of Social Movements and the Political Opposition in Colombia

APRIL 15, 2014

From Massive to Selective Detentions
Criminalization of Social Movements and the Political Opposition in Colombia
by LILANY OBANDO

Translator’ note: Liliany Obando is a sociologist, documentary film maker, and single mother of two children.  She was serving as human rights director for Fensuagro,Colombia’s largest agricultural workers’ union, when, on August 8, 2008, Colombian authorities arrested her. A week previously, Obando had issued a report documenting the murders of 1500 Fensuagro union members over 32 years.  Prosecutors accused her of terrorism and belonging to the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC)

After 43 months, Obando left prison on March 1st 2012. She remained under court jurisdiction, because she had not been sentenced or convicted. Eventually, in 2013, a judge, accusing Obando of serving on the FARC’s International Commission, convicted her of “rebellion.” She was sentenced to five years, eight months of house arrest and fined 707 million pesos, ($368,347 USD). The charge against Obando of handling “resources relating to terrorist activities” was dropped.

On April 3, 2014, Obando learned that the Supreme Court had rejected her appeal. Her fine stands.  She must serve one more year of house arrest. The government’s case against Obando and other prisoners rests on files taken from computers of FARC leaders seized during a military attack on a FARC encampment in Ecuador on March 1, 2008. In 2011 the Colombian Supreme Court invalidated the legal standing of such material.  Obando and her family continue to experience police surveillance, harassment, and media slander.  – Translated by W. T. Whitney Jr.

Although we Colombians, especially those of us who belong to social, human rights, and political organizations and labor unions, are used to carrying out our work in risky situations, sometimes things get worse. This is one of those unlucky times. It coincides with the pre-election contest.

In a cycle that repeatedly sends us back to a repressive past – one they don’t want to close down – we are witness to a perverse return to obscurantism and forced unanimity, to dissident thinking being considered subversive, to social protest having to be silenced at whatever cost, and where opposition guarantees are only a chimera.  These are practices far removed from the duty of a state, especially one proclaiming itself as the continent’s oldest, most solid “democracy.”

Many years ago, and in tune with the U. S. obsession for transforming the idea of security into state policy, one outcome being anti-terrorism, the government of Álvaro Uribe Vélez during his first term (2002-2006) instituted in Colombia the politics of “Democratic Security.” That gave rise to a series of actions damaging to the right to liberty, to guarantees like equality, legality, and judicial norms, and, generally, to an international framework for human rights.

The strategy of arbitrary detentions imposed under the pretext of maintaining security of the state, and for “good citizens,” has its origins there. The modalities used were illegal interceptions, the network of informants, the Law of Justice and Peace and its accusers, and intelligence reports – or battlefield reports.  They fueled judicial set-ups.

During 2002-2004, this strategy of the Uribe government entailed the practice of massive incarcerations carried out nearly always within the context of military operations or joint operations involving the attorney general, the police, and military forces. Primary backing came from Decree 2002 of 2002 relating to internal upheaval and also from an attempt at constitutional reform. In the beginning, these incarcerations were confined to supposed “zones of rehabilitation and consolidation.” Their boundaries were set through Decree 2929 of December 3, 2002. Then they spread the length and breadth of the national territory.

Later, from 2004 on, in a change of strategy, massive detentions were converted into selective detentions against specified sectors of the population: unionists, defenders of human rights, social and populist activists from academia, and/or opposition militants. These people were considered dangerous to the state politics of “Democratic Security” then being advanced as part of a return to the dark era of Turbay Ayala and his “Statute of Security.” (1)

That’s where all this recent wave of stigmatization, persecution, criminalization, judicial processing, and incarceration came from. It’s directed against social, labor, and human rights organizations, and opposition political parties. Their members, leaders, and activists at the base are pointed to as being little else but the activists, “civilian guerrillas,” or at least collaborators of the insurgencies, that is to say, their social base.  As regards these last, Uribe disregarded their political character and classified them as “terrorist” groups. Once more the concept of political crime was being manipulated.

Juan Manuel Santos, as defense minister in the Uribe government, first made his mark chiefly by implementing “Democratic Security.” Now as president he continues it. He will be able to change its form, but not its essence. Indeed, Santos has turned to acknowledging that armed conflict does exist in Colombia and also, on that account, that the insurgencies have a political character, although he doesn’t say it openly. If it were otherwise, the current process of peace negotiations in Havana would have been inconceivable.  Yet he has not altered the treatment of politically – oriented persons facing prosecution, nor does he accept the very existence of political prisoners.

In 2012, Santos, mocking his given word, blocked international oversight of prisons and verification of the situation of political prisoners as called for by the group PeaceWomen Across the Globe.  The government had agreed to accept the FARC’s handing over the last prisoners of war they were holding in return for that group’s good offices. (2)  The opportunity ended once more with an official denial that political prisoners exist in Colombia.

Judicial handling of persons criminalized under the strategy of “security” and anti-terrorism changed substantially, much to the disadvantage of people being porosecuted. Indeed, a person being investigated for supposed ties with insurgents used to be processed for the political “crime” of rebellion. Beginning with Uribe and then Santos, however, they are now being handled under the logic of anti-terrorist struggle. As a result, members of the social and political organizations who face prosecution are now being blamed for one or more NON – political crimes having to do with terrorist activities. That’s over and above their being judged as rebels. This signifies, primarily, that for persons being prosecuted under this approach, guarantees like due process, legitimate defense, technical defense, and presumption of innocence – among others – amount to very little.

Consequently, we attend audiences of our comrade detainees in specialized courtrooms, not the ordinary ones. In these special sessions, investigations are carried out directed at very serious crimes, thereby removing the allegations from the area of “political crime.”   And more: investigation and trial periods end up being extended over a long time and sentences are more onerous.

And as a matter of fact, Colombian justice applies the presumption of guilt, not of innocence. At the start, those involved in such processes are classified as “dangerous for society.” Therefore, having been charged, they know beforehand they are going to prison for a long time and there have to prove their innocence. But inside prison and incarceration establishments, they are treated just like those who have already been convicted. This is contrary to international law dealing with prison populations, which in Colombia is a dead letter. One must not forget, furthermore, that Colombia is one of the countries in the world that most abuses preventative detention. As a result, many people in this situation choose to accept charges against them and thus reduce their time in dark Colombian prisons and not have to wait long years while they prove their innocence.

And as if that were not enough, the institution that, by definition, should keep watch on the state so it fulfills its mandate to guarantee respect for citizens’ fundamental human rights, that is to say, the attorney general, acts in a perverse way. That office has switched over to being an inquisitorial entity that persecutes even public functionaries already absolved through having served their prison terms. Their political rights and rights as citizens are seriously affected.

By way of putting a face on this political tragedy, here are some of the leaders and activist members of social and political organizations who have recently endured judicial processes and are imprisoned: Unionists – Campo Elías Ortiz, Héctor Sánchez, José Dilio, Darío Cárdenas, Huber Ballesteros; From the Patriotic March social and political movement -  Wilmar Madroñero; Professors -  Francisco Tolosa, Carlo Alexander Carrillo, Miguel Ángel Beltrán Villegas, Fredy Julián Cortés, William Javier Díaz; Students – Erika Rodríguez, Xiomara Alejandra Torres Jiménez, Jaime Alexis Bueno, Diego Alejandro Ortega, Cristian Leiva Omar Marín, Carlos Lugo, Jorge Gaitán; Human Rights defenders – David Ravelo Crespo, Liliany Obando.

The number of political prisoners in Colombia – prisoners of conscience and prisoners of war – exceeds 9500.  The worst of it is that there is no calm after prison. The trailing, the threats, the stigmatization continue until many of those who are released – if they are lucky – have to leave the country. And many others remain marginalized and no longer part of their previous social and political organizations, which is regrettable. So too is that purpose of the overall strategy which is to weaken social organizations and the political opposition, and dismember them.

Such are the perverse effects of politics in Colombia centering on judicial processes and criminalization of critical thinking, social protest, and political opposition. We are called upon actively to confront politics like these if we want to put a check on such abuse of power.

Silence is no alternative, nor is inaction!

Freedom for Colombian political prisoners!

Long life for butterflies! (3)

Liliany Obando, Political prisoner,  under judgment  (subjudice) Defender of Human Rights, Colombia, April, 2014.

Notes:

1. Julio César Turbay Ayala was the Liberal Party President of Colombia in 1978-1982.

2. The international women’s group facilitated the unilateral freeing of ten soldiers and police by the FARC in 2012 through the women’s promise they would visit political prisoners in Colombian jails.

3. The reference, used in connection with recent conferences and mobilizations in Colombia on behalf of political prisoners, commemorates a movement for freedom for political prisoners that developed in the Dominican Republic in 1959. The expression does honor to the Mirabel sisters there who were jailed and murdered.

http://www.counterpunch.org/2014/04/15/criminalization-of-social-movements-and-the-political-opposition-in-colombia/