MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y CONVERSACIONES DE PAZ EN COLOMBIA

-Algunas reflexiones en el Día Internacional de la Mujer-

Por: Liliany Obando, Marzo 8 de 2015

De las 157.693 personas privadas de la libertad en Colombia que est√°n bajo la custodia del Instituto Penitienciario y Carcelario ‚Äď INPEC, 8.120, (7,0%) son mujeres que se encuentran recluidas en establecimientos penitenciarios y carcelariosii, otras 3.664 mujeres est√°n en detenci√≥n domiciliaria (sin condena) y 3.546 se encuentran en prisi√≥n domiciliaria (condenadas)iii.

Muchas de estas mujeres han incurrido en actos de transgresi√≥n a la ley como consecuencia de un sistema econ√≥mico-social y de un Estado que las discrimina, las subordina, las excluye, las violenta y las empuja a la b√ļsqueda extrema de una sobrevivencia para ellas y sus familias. Un resultado no deseado pero que puede dar cuenta de su transgresi√≥n.

Pero en las prisiones colombianas tambi√©n hay mujeres injustamente privadas de su libertad, otras quienes se encuentran detenidas preventivamente porque presumiblemente pueden ser responsables o no de alg√ļn delito y tambi√©n est√°n aquellas que conscientemente se han rebelado contra el Estado, algunas con armas y otras s√≥lo armadas de ideas.

Unas y otras deben enfrentar la realidad de un sistema judicial y penitenciario y carcelario que no comprende que las mujeres son y habitan de manera diferenciada el espacio en el que viven con respecto a los hombres. En la prisión, la carga patriarcal no sólo se traslada sino que se agudiza a tal punto de invisibilizarlas. El hecho de ser las mujeres una minoría dentro de la población privada de la libertad intramural (7.0%), la inexistencia de una política y tratamiento penitenciario con perspectiva de género y la falta de conocimiento y aplicación de la ley donde prevalezca una justicia de género, que reconozca que las mujeres y los hombres son humanidades distintas y que por lo tanto merecen un tratamiento diferencial, así lo evidencian. Tal desconocimiento en general implica una homogenización del tratamiento ante la ley y del tratamiento penitenciario para hombres y mujeres que sólo amplia la brecha de desigualdad entre unos y otras.

Entre muchas otras cosas, podemos destacar una circunstancia que poco o nada se tiene en cuenta a la hora de determinar formas privativas de la libertad y el tratamiento punitivo para las mujeres transgresoras o presuntamente transgresoras en Colombia, y es el hecho de que una muchas de ellas son madres y la gran mayoría son madres cabeza de familia para quienes el Estado ofrece pocas o nulas opciones de vida.

De forma preocupante, cuando una mujer que es madre cabeza de familia es privada de la libertad, su situación se hace inevitablemente extensiva a sus hijas e hijos, mayoritariamente menores de edad, quienes resultan seriamente afectados en sus derechos fundamentales. Pero el Estado no ha tenido en cuenta esta realidad que exige la aplicación de una justicia de género que ofrezca alternativas distintas a la cárcel intramural a esas madres y sus descendencias que son el futuro de un nuevo país.

De otra parte, entre las mujeres privadas de la libertad tambi√©n se encuentran las prisioneras pol√≠ticas -de conciencia y de guerra- quienes padecen con especial rigor la privaci√≥n de su libertad por el tratamiento de ‚Äúenemigas‚ÄĚ que tanto entes judiciales como el personal de guardia aplican sobre ellas al trasladar la l√≥gica del conflicto interno armado colombiano a c√°rceles y penales. Tratos degradantes, hostigamientos, persecuci√≥n a familiares y abogados, altas condenas y exorbitantes multas pecuniarias, negligencia m√©dica, especialmente hacia las combatientes que fueron capturadas heridas, amenazas, entre otras, son parte de su vida cotidiana, que afrontan con dignidad.

Ahora que en Colombia se adelanta un proceso de conversaciones de paz entre el gobierno y las guerrillas de las FARC-EP y el ELN, y que en el marco del mismo, por primera vez se ha nombrado una sub comisión de género con el propósito de que los acuerdos allí logrados incluyan ésta perspectiva, es una buena oportunidad para que se mire la realidad que afrontan las mujeres en condiciones de privación de la libertad y se considere también para ellas una alternativa.

Para las prisioneras pol√≠ticas ‚Äďde conciencia y de guerra ‚Äď (lo mismo que para los prisioneros pol√≠ticos) lo que se espera es que haya una soluci√≥n pol√≠tico-jur√≠dica que les devuelva la libertad y as√≠ puedan en adelante aportar a la consolidaci√≥n de la paz por medios no cruentos.

Pero aquellas otras mujeres, las otras v√≠ctimas de un sistema y un Estado que las ha discriminado y excluido siempre, tambi√©n merecen ser tenidas en cuenta. Aquellas mujeres privadas de la libertad que son madres, especialmente las que son cabeza de familia, necesitan una opci√≥n distinta a la prisi√≥n intramural porque tras de s√≠ se arrastra tambi√©n a una nueva generaci√≥n de ni√Īas y ni√Īos que merecen vivir en un pa√≠s que los incluya positivamente.

Es imperativo pensar en alternativas judiciales y penales con perspectiva de género distintas a la prisión. Las inhumanas cárceles colombianas no son una opción y menos para las mujeres.

Las mujeres le apostamos a una paz que revierta las tradicionales inequidades entre lo masculino y lo femenino, donde cese toda forma de violencia y exclusión contra la mujer, por ser mujer, y donde finalmente empoderadas y reconocidas como sujetos sociales y políticos podamos ser protagonistas también de la construcción de un nuevo país con paz y justicia social.

En el día internacional de la mujer, el reconocimiento y la solidaridad a todas las mujeres luchadoras que se encuentran privadas de la libertad. Especial reconocimiento a todas esas otras mujeres: madres, abuelas, hermanas e hijas que incondicionales con sus mujeres privadas de la libertad también padecen sobre sus humanidades los vejámenes de la prisión.


INOCENCIA MANCILLADA

-Crónicas de prisión-

 Por: Liliany Obando, Marzo 8 de 2015i

La peque√Īa Manuelitaii, como todas las ni√Īas y ni√Īos que conviven con sus madres en una prisi√≥n colombiana, ten√≠a menos de tres a√Īos de edad. Ella y su madre de origen ind√≠gena. Su madre, una valerosa prisionera pol√≠tica.

Manuelita deb√≠a ir cada ma√Īana al jard√≠n infantil de la reclusi√≥n. Es una obligaci√≥n para las madres que tienen consigo a sus beb√©s y ni√Īas y ni√Īos en prisi√≥n enviarlos al jard√≠n so pena de perder el cupo para la estad√≠a de estos peque√Īos al lado de su madre hasta que cumplan los tres a√Īos de edad. Una vez cumplida esa edad, irremediablemente son separados de forma brusca las y los menores de sus madres. No hay tratamiento psicol√≥gico posterior para ninguno (a) que ayude en algo a superar el trauma de la separaci√≥n.

El jard√≠n infantil era atendido por alg√ļn personal profesional, pero tambi√©n trabajaban all√≠ algunas internas, era su forma de descontar tiempo de condena con trabajo, tal como lo establece el c√≥digo penitenciario colombiano. Ignoramos si para este tipo de trabajo tan delicado exist√≠an alg√ļn tipo de evaluaciones que determinaran la idoneidad de las internas que lo asumir√≠an. Al parecer no era as√≠.

Un d√≠a Manuelita regres√≥ del jard√≠n al pabell√≥n con su carita entre asustada y triste, parec√≠a que hab√≠a llorado mucho. Ella sin a√ļn haber aprendido a hablar con claridad le dec√≠a a su madre que le dol√≠a y se√Īalaba con un dedito de su mano su zona p√ļbica. Su mam√° la revis√≥ y not√≥ que sus partes √≠ntimas se ve√≠an efectivamente irritadas y al revisar su calzoncito noto una ligera mancha como entre caf√© y rojiza.

Enseguida su madre acudi√≥ a algunas de nosotras, sus compa√Īeras de m√°s confianza y nos narr√≥ lo ocurrido. Despu√©s de o√≠rla nos miramos en silencio unas a otras y las l√°grimas prontamente asomaron a nuestros ojos. Le dijimos a nuestra compa√Īera que deb√≠amos denunciar urgentemente el caso ante organismos defensores de derechos humanos y de las ni√Īas y ni√Īos, antes que a la reclusi√≥n.

Deb√≠amos actuar pronto pero necesit√°bamos el consentimiento de la madre. Ella desconsolada s√≥lo lloraba y se llen√≥ de miedo. Si denunci√°bamos, la reclusi√≥n pod√≠a tomar la decisi√≥n de quitarle el cupo para tener a la ni√Īa a su lado y entonces ya dif√≠cilmente volver√≠a a verla. Ella estaba condenada a 40 a√Īos de prisi√≥n. Logramos convencerla argument√°ndole que los derechos de la ni√Īa estaban por encima de cualquier otra consideraci√≥n. Finalmente llamamos a una organizaci√≥n y otra, incluso a la oficina de alguna congresista. Pero los tiempos de quienes est√°n afuera son muy distintos a los de quienes est√°n privadas(os) de la libertad‚Ķ

Mientras esper√°bamos respuesta su madre tuvo que llevar a la ni√Īa a que la revisara un m√©dico de la reclusi√≥n, que es un m√©dico general, en la reclusi√≥n no hay servicio de pediatr√≠a. Enseguida las directivas encendieron sus alarmas. El m√©dico le entreg√≥ un primer resultado a la madre en sobre sellado y le advirti√≥ expresamente que no deb√≠a abrirlo sino entregarlo al otro m√©dico que en un hospital externo a la c√°rcel atender√≠a a la menor. La ni√Īa fue dejada interna varios d√≠as en el hospital, pero para ‚Äúsorpresa‚ÄĚ nuestra, aunque en realidad nada de lo que ocurre en la c√°rcel sorprende, entre medicina legal, los m√©dicos y las directivas de la reclusi√≥n informaron a su madre que nada ‚Äúraro‚ÄĚ hab√≠a ocurrido.

Unos días después recibí una llamada de la oficina de la congresista a la que habíamos recurrido para pedir ayuda. Me preguntaron que si estábamos seguras de la denuncia porque después de haber hablado con las directivas de la reclusión éstas les habían informado que nada malo le había ocurrido a la menor.

Sin embargo, dadas nuestras denuncias primeras, el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía visitó en varias oportunidades a la madre de Manuelita, incluso en su celda. Se suponía que iniciaba un proceso de investigación.

Supimos despu√©s que la interna que trabajaba en el jard√≠n, una presa social -as√≠ se denomina a quienes est√°n en la reclusi√≥n por delitos comunes- hab√≠a sido cambiada a otra actividad de descuento laboral. Hecho que corroboramos un d√≠a cuando lleg√≥ al pabell√≥n de las prisioneras pol√≠ticas a llevar surtido para el expendio de comestibles que hay en el patio. Esos comestibles son vendidos a las internas que pueden comprarlos. Pero cuando ella ingres√≥ al patio, Manuelita inquieta se√Īalaba con su dedito a la interna y se tocaba al tiempo sus partes √≠ntimas. Era la forma de comunicarle a su madre que ella era su agresora a quien las directivas de la reclusi√≥n s√≥lo hab√≠an cambiado de puesto de trabajo.

Poco tiempo despu√©s en horas de la madrugada la guardia irrumpi√≥ en el patio perturbando nuestro sue√Īo. Pasaron celda por celda dando la orden a varias de nuestras compa√Īeras de empacar lo que pudieran porque se iban de traslado a otra reclusi√≥n. Nunca se sabe a d√≥nde. Son momentos de incertidumbre, rabia e impotencia. Entre las que ser√≠an trasladadas se encontraban mis compa√Īeras con las que coordin√°bamos el colectivo de Prisioneras Pol√≠ticas del patio y con quienes hac√≠amos las denuncias en materia de derechos humanos. Entre ellas tambi√©n se encontraba como candidata para el traslado la mam√° de Manuelita, pero la ni√Īa a√ļn se encontraba con ella en la reclusi√≥n, hecho que argumentamos para que no la trasladaran. Yo tampoco fui trasladada esa noche por dos razones: estaba a√ļn en detenci√≥n preventiva, pues no hab√≠a sido condenada y la de mayor peso, hab√≠a una fuerte campa√Īa que visibilizaba mi caso. A cambio, el hostigamiento que yo viv√≠a por parte de la guardia con cada denuncia que presentaba por las permanentes las violaciones a nuestros derechos humanos se volv√≠a insoportable.

A los d√≠as supimos que nuestras compa√Īeras hab√≠an sido trasladadas a uno de los peores centros penitenciarios colombianos, la Tramac√ļa, en Valledupar, o mejor conocido como el ‚ÄúGuant√°namo‚ÄĚ colombiano. Un centro penitenciario, construido para alojar all√≠ a hombres con altas condenas, pero en el que hab√≠an habilitado una torre para ser ocupada por unas cien mujeres consideradas como prisioneras ‚Äúproblem√°ticas‚ÄĚ. All√≠ recluyeron a mujeres condenadas por todo tipo de delitos. La clasificaci√≥n de internas, en especial por hecho punible, que establecen las leyes internacionales y nacionales en materia de tratamiento para las personas privadas de la libertad, era simplemente letra muerta.

Las mujeres allí recluidas sufrieron desde el comienzo toda la adversidad de una reclusión, que más bien era un centro de torturas, sin agua, con muy altas temperaturas, enfermedades, sin qué hacer todo el día, alejadas de sus familias y donde como mujeres prácticamente no existían, pues el régimen penitenciario regulaba especialmente para los hombres.

Pero esas mujeres invisibles se rebelaron, pelearon y con el acompa√Īamiento de varias organizaciones defensoras de derechos humanos y con la presi√≥n que por nuestra parte ejerc√≠amos los colectivos de prisioneras y prisioneros pol√≠ticos, logramos finalmente que la torre donde se reclu√≠a a las mujeres en La Tramac√ļa fuera declarada proscrita y ellas fueron entonces trasladadas a otros centros de reclusi√≥n.

Entre tanto, Manuelita cumpli√≥ sus tres a√Īos y lleg√≥ el d√≠a en que dolorosamente fue arrancada del lado de su madre y de nosotras quienes nos convertimos en sus t√≠as. Poco despu√©s su madre fue trasladada a otra reclusi√≥n lejos de nosotras. Del proceso de investigaci√≥n del caso de Manuelita nunca volvimos a saber nada.


Reflections on International Women’s Day

Women in Prison and Peace Negotiations in Colombia

By Liliany Obando, March 8, 2015

Translator’s Note: Liliany Obando, former human rights director of the Fensuagro agricultural workers union, was imprisoned between August 8, 2008 and March 1, 2012. Subsequently she was detained at her home pending appeal of her conviction. That failed and in April 2014 she was sentenced to house arrest and fined $368,347 USD. The charge against her, based on alleged membership in the International Commission of the FARC, was rebellion. Authorities imprisoned her again in August 2014 only to release her 15 days later after a six day hunger strike. On February 14, 2015, she gained the victory of provisional freedom. She is on bail for eight months.

Of the 157,693 people deprived of liberty in Colombia in the custody of the Prison and Incarceration Institute (INPEC by its initials in Spanish), 8,120 (7.0 percent) are women who are imprisoned1 and another 3,664 women who are subjected to home detention but not convicted. There are 3,546 more women convicted and sentenced to house arrest.2

Many of these women did engage in illegal actions, but as the result of a socio-economic system and a state that discriminates against them, subjugates them, excludes them, violates them, and pushes them into desperate quests for survival, for themselves and for their families. What they did was unfortunate, but their transgressions can be explained.

But also there are women in Colombian prisons who were jailed unjustly, and others who were imprisoned preventatively on presumed grounds that maybe sometime they would be responsible for some crime - or maybe not. And also there are those who consciously rebelled against the state, some armed and others armed solely with ideas.

Some of these women and others too have to deal also with the reality of judicial and prison systems that show no comprehension of who women are and how they inhabit space they live in differently from men. Not only does the weight of patriarchy transfer into prison, but it is heavy enough there to make women invisible. This is evident in the fact that women are a minority inside prison walls, the non-existence of prison policies and management oriented toward gender, and the lack of knowledge of and application of laws promoting gender justice. Such a legal approach would recognize that men and women have different human characteristics and therefore merit different treatment. General disregard of women implies sameness of treatment for men and women both before the law and in prison. The effect is to widen the inequality gap between one and the other.

Among many other things, we can emphasize the circumstance that little or nothing of this is taken into account in devising ways to take Colombian women into custody and how to punish those who may or may not have been transgressors. And the fact is that with many of them being mothers and most of those being single mothers, the state offers few, if any, options for their lives.

It’s worrisome that when a single woman and head of a family is imprisoned, her situation inevitably affects daughters and sons, most of them under age. Their basic rights end up being seriously hurt. But the state doesn’t take this reality into account. It’s one that demands application of gender-oriented justice offering clear alternatives different to the prison for these mothers and for their progeny, who, after all, represent the future of a new country.

On the other hand, women in prison include political prisoners. They are prisoners of conscience and prisoners of war. Bring in prison leads to special suffering because judicial entities and guards alike treat them as ‚Äúenemies.‚ÄĚ The logic of Colombia confronting an internal armed enemy transfers into prisons. Every day political prisoners see degrading treatment, harassment, persecution of lawyers and family members, and medical negligence, especially for combatants who were wounded when they were captured. They are subjected to threats together with long sentences and exorbitant monetary fines - and more. All this they face with dignity.

There is a good opportunity now for us to look at the reality women face under prison conditions and to think about alternatives for them. That’s because negotiations for peace in Colombia between the government and guerrillas of the FARC-EP and the ELN are moving ahead. And within that framework a sub-commission on gender has been named for the first time. Perhaps agreements reached through the talks will take this perspective into consideration.

The hope is that for women political prisoners and prisoners of war (and for male political prisoners) there will be a political and judicial solution that will restore their freedom. That way they too can move ahead and contribute to consolidating peace, without bloodshed.

But those other women, those other victims of a system and a state that has excluded and discriminated against them, they also deserve to be taken into account. Those imprisoned women who are mothers, especially single mothers among them, need an option other than staying inside prison walls. That’s mainly because they are also bringing along with them a new generation of children. And the children deserve to live in a country that offers something positive to them.

It’s imperative to think about judicial and punishment alternatives to prison that take gender into consideration. Colombian prisons are sub-human; they are not an option - especially for women.

We women are committed to a peace that reverses traditional inequalities between men and women, one that precludes every form of violence and exclusion against women, for being a woman. And once we women are finally empowered and recognized as social and political subjects, we too can be protagonists in the building of a new country with peace and social justice.

On International Women’s Day, let there be recognition of and solidarity with all women in struggle who find themselves deprived of their freedom. Especially let there be recognition of all those other women: the mothers, grandmothers, sisters, and daughters, who are in wholehearted support of their women in prison. Through their common humanity they also suffer the vexations of prison.

1. National Prison and Penitentiary Institute - INPEC Statistical report, January 2015, p, 23.

2. Op. cit, pp 31 and 33.

Translated by W. T. Whitney Jr.


Presentaci√≥n Nacional de la Fundaci√≥n ‚ÄďDHOC-

Bogot√°, Colombia, Febrero de 2015

Presentaci√≥n Nacional de la Fundaci√≥n ‚ÄďDHOC-

La Fundaci√≥n por la Defensa de los Derechos Humanos del Oriente y Centro de Colombia ‚ÄďDHOC- , organizaci√≥n no gubernamental que trabaja por la promoci√≥n y defensa de los Derechos Humanos en los 9 departamentos de la regi√≥n Oriente y Centro de Colombia, se permite invitarlos al evento de presentaci√≥n nacional de nuestra organizaci√≥n, el cual se llevar√° a cabo el pr√≥ximo 5 de marzo a las 5:30pm en el Centro cultural Gabriel Garc√≠a M√°rquez (Calle 11 N¬ļ5-60) en la ciudad de Bogot√°, Colombia.

Nuestra organizaci√≥n nace como proyecto de las organizaciones agrarias de esta regi√≥n del pa√≠s. La Fundaci√≥n ‚ÄďDHOC- ha desempe√Īado un sinn√ļmero de acciones para la conformaci√≥n de comit√©s verdales, barriales y sectoriales, para la defensa, promoci√≥n, protecci√≥n y materializaci√≥n de todas las condiciones necesarias para alcanzar niveles de vida digna. A la fecha, nuestra organizaci√≥n cuenta con m√°s de 600 comit√©s distribuidos en cada uno de los municipios y ciudades donde desarrollamos nuestra labor.

Por m√°s de tres a√Īos, hemos trabajado en la defensa y promoci√≥n de los derechos humanos enmarcado en el desarrollo del concepto de seguridad humana, para la consecuci√≥n y materializaci√≥n de un proyecto de sociedad justo, democr√°tico, participativo y pluralista, en defensa de lo p√ļblico, con plena vigencia de los derechos humanos, aportando en la construcci√≥n de la paz con justicia social defendiendo la vida y el territorio.

El evento contará con la participación especial de Piedad Córdoba, Iván Cepeda
Alfredo Molano y Carlos Lozano.

Cordialmente

Esmer Montilla Gutiérrez

Presidente de la Fundación


DENUNCIA MNC CUCUTA

La RED INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD CON LAS PRISIONERAS Y PRISIONEROS POLITICOS COLOMBIANOS ‚Äď INSPP se solidariza con las justas demandas del Movimiento Nacional Carcelario ‚Äď C√ļcuta por una atenci√≥n m√©dica oportuna, por el respeto a la dignidad y trato humanos y la defensa de la vida. Hacemos un llamado a la Direcci√≥n Nacional y Regional del INPEC y a CAPRECOM para que se garantice la atenci√≥n m√©dica de calidad a las personas privadas de la libertad del Complejo Carcelario y Penitenciario de C√ļcuta que atraviesa una aguda crisis de salud. A los organismos de control a darle seguimiento y coadyuvar a una pronta soluci√≥n a la situaci√≥n que viven las personas privadas de la libertad del Complejo Carcelario y Penitenciario de C√ļcuta. A las organizaciones defensoras de derechos humanos a hacer un amplio acompa√Īamiento y solidaridad con los prisioneros de este complejo carcelario.

RED ‚Äď INSPP

A continuación el comunicado, agradecemos su amplia difusión:

‚ĶLa muerte de 21 de nuestros compa√Īeros por negligencia m√©dica no quedara en la impunidad. El estado colombiano debe responder por ellos‚Ķ

Lunes, 2 de marzo de 2015

COMUNICADO N. 6. MOVIMIENTO NACIONAL CARCELARIO DE C√öCUTA

Los presos del Complejo Carcelario y Penitenciario de C√ļcuta acudimos a los medios de comunicaci√≥n social para denunciar ante la opini√≥n p√ļblica nacional e internacional la crisis humanitaria por el p√©simo servicio de salud que nos preocupa, porque no es otra cosa que un atentado contra la vida, la integridad, la dignidad humana, el sometimiento de una poblaci√≥n vulnerable como son las personas privadas de la libertad que nos vemos sometidas a tratos crueles, inhumanos, degradantes y a torturas . Esto por el desconocimiento total de las normas m√≠nimas para el tratamiento de los reclusos (as) de Naciones unidas, y el conjunto de acuerdos y tratados internacionales firmado por parte del Estado colombiano.

Si el desarrollo de una democracia se mide en la forma como trata a sus prisioneros, qu√© podemos decir de nuestro pa√≠s, con un gobierno que ha demostrado su incapacidad de resolver las necesidades b√°sicas de su poblaci√≥n, que tiene que acudir al enga√Īo para sofocar las exigencias de las masas empobrecidas. Lo que termina generando m√°s inconformismo e indignaci√≥n, porque "m√°s r√°pido cae un mentiroso que un cojo", el gobierno de JUAN MANUEL SANTOS no le cumpli√≥ a los campesinos; a los estudiantes; ni a la clase obrera, porque siguen los despidos masivos y la pauperizaci√≥n de las condiciones laborales; tampoco le cumpli√≥ a los transportadores; a la rama judicial la tiene embolatada y mucho menos nos va a cumplir a los presos.¬† Los doce puntos para resolver la crisis carcelaria anunciada con bombos y platillos por el Ministerio de Justicia en el a√Īo 2013, s√≥lo quedaron en promesas y en el limbo. Mientras arreci√≥ las leyes para el aumento desproporcionado de las penas, la exclusi√≥n de beneficios administrativos y subrogados penales, que han agudizado el problema humanitario al interior de las c√°rceles m√°s parecidas a campos de concentraci√≥n NAZI.

En este sentido insistimos en que se debe declarar la EMERGENCIA SOCIAL CARCELARIA en Colombia. Hoy se hace m√°s urgente la intervenci√≥n del Instituto de Salud Departamental en el complejo de C√ļcuta, tenemos 7 patios en vigilancia EPIDEMIOL√ďGICA por brotes de VARICELA y TUBERCULOSIS (TBC); el personal del √°rea de sanidad no da abasto para atender a los enfermos (as), un solo m√©dico no alcanza, lo que genera represamiento en citas prioritarias, urgencias, y tratamiento especializado;¬† tampoco alcanzan los medicamentos, los enfermos que son recetados no reciben el tratamiento que requieren, hasta el acetaminof√©n se acab√≥, los pacientes se ven abandonados en calabozos, pasillos y patios, sin poder acceder a la atenci√≥n m√©dica, o a pastillas para calmar el dolor y la fiebre.¬†

Se√Īor procurador regional, se√Īor gobernador, se√Īor alcalde de C√ļcuta, se√Īores secretaria de salud, se√Īores Jueces de Ejecuci√≥n de Penas de C√ļcuta, esto que venimos denunciando es otra forma de tortura f√≠sica y psicol√≥gica, ustedes como autoridades de la regi√≥n tienen el deber de apropiarse de estas denuncias, verificarlas y buscar soluciones a la violaci√≥n de derechos humanos.¬†

Exigimos la presencia de la doctora HEDDY YASMIT TUTA GARCIA, directora territorial de CAPRECOM, Norte de Santander para que atienda nuestras denuncias y responda por el pésimo servicio de salud que nos brinda esa E.P.S.

Hacemos un llamado a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para que por favor nos acompa√Īe y haga seguimiento a la crisis carcelaria en Colombia, especialmente en el Complejo Penitenciario de C√ļcuta, y emita recomendaciones al Estado Colombiano para que cese las violaciones a los DERECHOS HUMANOS en estos campos de concentraci√≥n.

Advertimos al¬†INPEC, CAPRECOM, VIONCO,¬†y dem√°s autoridades que resultan comprometidas por acci√≥n u omisi√≥n que no desistiremos de la lucha y la denuncia hasta lograr se decrete la emergencia social en esta prisi√≥n como la √ļnica salida razonable para empezar a resolver la crisis humanitaria al interior de estos campos de concentraci√≥n. La muerte de 21 de nuestros compa√Īeros por negligencia m√©dica no quedara en la impunidad. El estado colombiano debe responder por ellos. Pedimos a la Fiscal√≠a General de la Naci√≥n que se apropien de las respectivas investigaciones por cada uno de nuestros compa√Īeros muertos a fin de que se establezcan los responsables de estas pr√°cticas o pol√≠ticas que pueden definirse como terrorismo de Estado.¬†

MOVIMIENTO NACIONAL CARCELARIO SECCIONAL CUCUTA

POR LA VIDA Y LA LIBERTAD