A√ļn no hay paz para los Prisioneros Pol√≠ticos Colombianos

Por W. T. Whitney Jr.

Traducido al espa√Īol por: Liliany Obando, prisionera pol√≠tica colombiana

As√≠ como un nuevo a√Īo comienza, la Red Internacional en Solidaridad con los Prisioneros Pol√≠ticos Colombianos renueva su llamado por la libertad para los Prisioneros Pol√≠ticos en Colombia. (El presente escritor es un miembro de esta organizaci√≥n). En efecto, el tiempo es un largo pasado para todos aquellos encarcelados por la lucha en la causa del pueblo, en cualquier lugar, ir libres!

Este informe destaca a algunos de los prisioneros pol√≠ticos m√°s conocidos de Colombia. Las victorias para ellos, pensamos, acelerar√≠an el proceso por el cual muchos pueden volver a sus familias y trabajo pol√≠tico. La lucha por los prisioneros pol√≠ticos toma una urgencia ahora que los negociadores de paz en La Habana entran en su tercer a√Īo de conversaciones.

Los casos se√Īalados abajo testifican lo defectuoso de los procesos legales y la persecuci√≥n pol√≠tica que prevalece hoy en Colombia. El caso de Huber Ballesteros es chocante en este respecto.

Las autoridades arrestaron a Ballesteros en Agosto 25, 2013 durante una huelga nacional por los derechos agrarios organizada por una coalici√≥n de grupos a los cuales Ballesteros serv√≠a como vocero. √Čl ha estado en la prisi√≥n La Picota desde entonces, ni condenado ni sentenciado. Un juez en mayo de 2014, fall√≥ en contra de la petici√≥n de Ballesteros para la detenci√≥n domiciliaria por sus necesidades m√©dicas; √©l sufre de diabetes.

H√ļber Ballesteros
Foto UNISON, Reino Unido

La solidaridad internacional se ha montado en nombre de Ballesteros. En diciembre 9, la red de 50 grupos de derechos humanos ‚ÄúDetengan los Asesinatos‚ÄĚ (Stop the Killings), establecida en B√©lgica, le rindi√≥ homenaje. Dos semanas m√°s tarde V√≠a Campesina, la organizaci√≥n internacional para los derechos de los campesinos, demandaron su liberaci√≥n. Marcando el 10 de diciembre, D√≠a de los Derechos Humanos, el sindicato de trabajadores del servicio p√ļblico en uni√≥n con la ONG Justicia para Colombia (Justice for Colombia), obtuvieron 7500 firmas en una petici√≥n en representaci√≥n de Ballesteros dirigida al Fiscal General de Colombia. A finales de noviembre, la red ‚ÄúSolidar‚ÄĚ la mayor√≠a de grupos de derechos humanos europea, 60 de ellos, adjudicaron su premio ‚ÄúRosa de Plata‚ÄĚ (Silver Rose) a Ballesteros. Cientos de parlamentarios respaldaron el premio. Pocas semanas antes, la Federaci√≥n Mundial de Sindicatos emiti√≥ una declaraci√≥n urgiendo a los sindicatos mundiales a organizar protestas demandando la liberaci√≥n de Ballesteros.

Ballesteros es el por largo tiempo vice presidente de la Federación de sindicatos de trabajadores agrícolas FENSUAGRO, la más grande de Colombia. Para el 2005, 37 sindicatos rurales estaban asociados a FENSUAGRO. Unos 1500 de sus miembros han sido asesinados desde su formación en 1976; 150 están ahora en prisión.

Huber Ballesteros se desempe√Ī√≥ como uno de los representantes internacionales de FENSUAGRO. La corriente principal del servicio de noticias El Espectador anota que Ballesteros ‚ÄúSiempre ha sido muy cr√≠tico del actual y de los anteriores gobiernos que han aplicado profundizado en pol√≠tica neoliberales y de exclusi√≥n social‚ÄĚ.

√Čl es un vocero y miembro fundador del Movimiento Social y Pol√≠tico Marcha Patri√≥tica, ahora asumiendo un papel de liderazgo en la nueva coalici√≥n electoral de izquierda en Colombia, el ‚ÄúFrente Amplio‚ÄĚ. El hace parte del comit√© ejecutivo de la central de trabajadores CUT.

Las autoridades colombianas le hicieron cargos por ‚Äúrebeli√≥n y consecuci√≥n de dineros en el exterior para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).‚ÄĚ Los fiscales se basan en evidencia supuestamente incriminatoria, pretendidamente tomada de los computadores de los l√≠deres de las FARC Ra√ļl Reyes y Alfonso Cano incautada despu√©s de que el ej√©rcito los asesinara. El gobierno tambi√©n le dio la bienvenida a las acusaciones contra Ballesteros de Ra√ļl Agudelo Medina, un ex combatiente de las FARC quien cambi√≥ de lado y enfrenta cargos criminales.

‚ÄúLa cacer√≠a de brujas en la Universidad‚ÄĚ

La persecuci√≥n de Huber Ballesteros refleja la determinaci√≥n del gobierno colombiano para silenciar a la oposici√≥n pol√≠tica. Trata de hacerlo a trav√©s del temor, la intimidaci√≥n y la eliminaci√≥n de sus l√≠deres. La guerra a la opini√≥n disidente, esa herramienta del tiempo de prueba de los reaccionarios en todos lados, est√° en exhibici√≥n en el caso de Miguel √Āngel Beltr√°n.

Miguel √Āngel Beltr√°n. Foto: TELESUR

Cuando el gobierno colombiano asegur√≥ la extradici√≥n de este acad√©mico y soci√≥logo, √©l estaba completando estudios de post grado en la Universidad Aut√≥noma de M√©xico, donde √©l obtuvo su grado de doctorado. Acusado de reclutar para las FARC, √©l pas√≥ dos a√Īos en una prisi√≥n colombiana donde supuestamente sufri√≥ torturas. Aunque √©l fue dejado en libertad en Mayo de 2011, despu√©s de que la Corte Suprema de Justicia fallara que la evidencia tomada de los computadores incautados a las FARC no ten√≠an un estatus legal. El gobierno reaccion√≥ aliviando la persecuci√≥n contra otros izquierdistas similarmente acusados ‚Äď pero no hacia Huber Ballesteros, y no, como resulta ser, hacia Miguel √Āngel Beltr√°n.

Beltr√°n hab√≠a vuelto a ense√Īar e investigar en la Universidad Nacional de Colombia en Bogot√°, cuando bajo una orden de la Procuradur√≠a General de Colombia, √©l fue destituido en Julio de 2014. El pretexto fue la historia, tomada de los archivos de los computadores, de que Beltr√°n era un miembro de la Comisi√≥n Internacional de las FARC. La orden le prohibi√≥ emplearse en universidades p√ļblicas colombianas durante 13 a√Īos.

Seguidamente, en diciembre 18, el Tribunal Superior de Bogot√° revoc√≥ la absoluci√≥n emitida por un juzgado de primera instancia en 2011. Las autoridades han emitido una orden para que Beltr√°n vuelva a prisi√≥n. √Čl enfrenta una sentencia de 100 meses lo condenaron a 100 meses de prisi√≥n, pero est√° libre ahora a la espera del resultado de su apelaci√≥n a la Corte Suprema de Justicia. El cargo, como antes, fue el de ‚Äúrebeli√≥n‚ÄĚ evidentemente en su asociaci√≥n con las FARC.

Un informe de noticias se√Īala las acusaciones de los fiscales de que Beltr√°n ‚Äúcumpli√≥ tareas pol√≠ticas dentro de la organizaci√≥n ilegal, difundi√≥ con sus escritos el pensamiento revolucionario de las Farc, divulg√≥ las ideas del grupo armado ilegal en foros internacionales, organiz√≥ eventos en la Universidad Nacional con sentido pol√≠tico invitando a los estudiantes a que se unieran a las filas de esa guerrilla y pretendi√≥ crear un centro de investigaci√≥n de este grupo armado ilegal.‚ÄĚ

La ‚ÄúRed de Intelectuales por la Humanidad‚ÄĚ reunidos en Caracas, inmediatamente emiti√≥ una declaraci√≥n llamando a la liberaci√≥n de Beltr√°n. Ellos rechazaron ‚Äúla persecuci√≥n de acad√©micos e intelectuales colombianos comprometidos con su pueblo. El camino de la paz para Colombia tambi√©n incluye el pleno e irrestricto respeto a quienes impulsan el¬†pensamiento cr√≠tico.‚ÄĚ

Lucha por la verdad y la supervivencia

La lucha de la prisionera Liliany Obando no ha terminado. Defensores de Obando enviaron recientemente una carta, ahora hecha p√ļblica, a una funcionaria del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario record√°ndole que la continuada falta en la entrega de los documentos solicitados que apoyan las peticiones de Obando para la ‚Äúlibertad condicional‚ÄĚ violan la ley colombiana.

Liliany Obando, en el 30 aniversario de FENSUAGRO, Bogot√°.

Obando, habiendo entrado a prisi√≥n en Agosto 8 de 2008, sali√≥ el 1 de marzo de 2012 en libertad provisional. En junio de 2013 ella fue finalmente condenada bajo el cargo de ‚Äúrebeli√≥n‚ÄĚ, sentenciada a prisi√≥n domiciliaria, y multada con el equivalente de $368.347.70 d√≥lares. Sus 70 meses de larga sentencia incluyen los 43 meses que ella ya hab√≠a pasado en prisi√≥n. Entonces, a pesar de la prisi√≥n domiciliaria, las autoridades la encarcelaron de nuevo por 15 d√≠as en agosto de 2014, sin ninguna obvia raz√≥n.

Ella comparte el cargo de ‚Äúrebeli√≥n‚ÄĚ con Ballesteros y Beltr√°n, y con ellos, la supuesta evidencia tomada de los computadores incautados de los l√≠deres muertos de las FARC. Ninguno de los tres deriv√≥ beneficios del fallo de la Corte Suprema de Justicia invalidando tal evidencia.

Obando, la madre de dos hijos se mantiene confinada en su hogar, acosada por la policía e informantes, y socialmente aislada.

Ella, como Huber Ballesteros, vinculados a FENSUAGRO, en su caso como directora de derechos humanos. Al decir de todos, ella era una carismática defensora de los derechos agrarios, y, como él llevó ese mensaje al exterior.

Antes de su encarcelamiento Obando, como Miguel Angel Beltr√°n, fue una acad√©mica, investigadora y profesora. En el momento de su arresto, ella estaba trabajando para un grado de Maestr√≠a en Estudios Pol√≠ticos en la Universidad Nacional de Colombia- y a√ļn est√° en ello. Ella es una documentalista. Los documentales de Obando, uno sobre FENSUAGRO, el otro sobre la lucha agraria en Colombia, hablan la verdad. Ellos documentan, en Ingl√©s, la √©pica y peligrosa lucha contra la monumental opresi√≥n. Estos extraordinarios documentales, seguramente indicativos de la amenaza que Obando representa desde el punto de vista del Estado, est√°n accesibles aqu√≠ y aqu√≠.

En escritos y acciones, dentro y fuera de prisión, Obando ha defendido y organizado a las mujeres. Ella ejemplifica la lucha de las mujeres revolucionarias y políticamente conscientes por sus propios derechos y aquellos de sus hijos. Su historia de vida es emblemática de la notable contribución que las mujeres han hecho al auge revolucionario en Colombia.

Manteniendo a los lobos alejados

La historia del prisionero David Rabelo, actualizada recientemente por el presente autor, contiene una nueva nota de justicia po√©tica para el enemigo de Rabelo, el l√≠der de la manada que √©l contuvo durante muchos a√Īos. La responsabilidad del anterior presidente √Ālvaro Uribe con los violentos grupos paramilitares de extrema derecha est√° bien documentada. En una vida llena de acci√≥n pol√≠tica en la causa del pueblo, Rabelo hizo mucho en su ciudad natal Barrancabermeja desde la d√©cada de los noventa para protegerse de los ataques mortales de los paramilitares. Rabelo hizo p√ļblicos los v√≠nculos de Uribe con los l√≠deres paramilitares que estaban atacando Barrancabermeja y as√≠ provoc√≥ un instrumental contraataque que lo puso en prisi√≥n en el 2010. √Čl est√° cumpliendo una sentencia de 18 a√Īos.

David Rabelo

Sin embargo, un informe del 27 de diciembre revela, ‚ÄúYa es oficial: Uribe es investigado come presunto responsable o inductor de m√°s de 3.000 asesinatos.‚ÄĚ Adicionalmente, ‚ÄúLos datos afloran y el c√≠rculo se estrecha: √Ālvaro Uribe V√©lez, presidente de Colombia durante el per√≠odo 2002-2010, es objeto de investigaci√≥n por parte de la fiscal√≠a de la Corte Penal Internacional de La Haya como posible autor de cr√≠menes de lesa humanidad.‚ÄĚ

En s√≠ntesis, los cuatro prisioneros discutidos aqu√≠ son simb√≥licos a trav√©s de sus creencias y acciones de puntos cruciales que dividen a la sociedad colombiana y provocan la guerra civil. Uno o m√°s de estos peque√Īos grupos han luchado contra la monopolizaci√≥n de la tierra, la represi√≥n del pensamiento y disenso, la persecuci√≥n laboral y la opresi√≥n de las mujeres. Ellos todos se levantan por una nueva Colombia, una donde la oligarqu√≠a gobernante ya no tenga m√°s rienda suelta ni donde los Estados Unidos intervengan. Eso es por lo que ellos y otros esp√≠ritus semejantes est√°n en las prisiones, testimoniando a una sociedad en guerra, no menos que aquellos asesinados al por mayor, desaparecidos, y desplazados de la tierra, todos tambi√©n bien conocidos. Todos los ojos est√°n en las negociaciones de paz en La Habana.


No peace for Colombian political prisoners, yet

By W. T. Whitney Jr.

As a new year begins, the International Network in Solidarity with Colombia’s Political Prisoners renews its call for freedom for political prisoners in Colombia. (The present writer is a member of this organization). Indeed, the time is long past for all of those incarcerated because of struggle in the people’s cause, everywhere, to go free!

This report highlights a few of Colombia’s better known political prisoners. Victories for them, we think, would speed the process by which many more can return to their families and political work. The fight for political prisoners takes on urgency now as peace negotiators in Havana enter their third year of talks.

The cases noted below testify to flawed legal processes and political persecution prevailing in Colombia today. The case of Huber Ballesteros is striking in this regard.

Authorities arrested Ballesteros on August 25, 2013 during a nationwide strike for agrarian rights organized by an ad hoc coalition of groups for which Ballesteros served as spokesperson. He’s been in Bogota’s La Picota prison ever since, neither convicted nor sentenced. A judge in May, 2014 ruled against Ballesteros’ plea for home detention because of medical needs; he suffers from diabetes.

International solidarity has mounted on Ballesteros‚Äô behalf. On December 9, the Belgium ‚Äď based ‚ÄúStop the Killings‚ÄĚ network of 50 human rights groups honored him. Two weeks later Via Campesina, the international peasants‚Äô rights organization, demanded his release. Marking Human Rights Day December 10, Britain‚Äôs Unison public service workers‚Äô union, in conjunction with the Justice for Colombia NGO, obtained 7500 signatures on a petition on Ballesteros‚Äô behalf to Colombia‚Äôs attorney general. In late November the ‚ÄúSolidar‚ÄĚ network of mostly European human rights groups, 60 of them, awarded its ‚ÄúSilver Rose‚ÄĚ prize to Ballesteros. Hundreds of parliamentarians endorsed the award. A few weeks earlier, the World Federation of Trade Unions issued a statement urging trade unions worldwide to organize protests demanding Ballesteros‚Äô release.

Ballesteros is the longtime vice president of the National Unified Federation of Agricultural Workers Unions, or FENSUAGRO. By 2005, 37 rural unions were associated with FENSUAGRO, Colombia’s largest farmworkers’ union federation by far. Some 1500 members have been killed since its formation in 1976; 150 are in prison now.

Huber Ballesteros served as one of FENSUAGRO‚Äôs international representatives. The mainstream El Espectador news service notes Ballesteros has ‚Äúalways been very critical of the present government, and previous ones, for having promoted in-depth policies of neo-liberalism and social exclusion‚ÄĚ.

He is a spokesperson for and founding member of the Patriotic March social and political movement, now assuming a leadership role in Colombia‚Äôs new ‚ÄúBroad Front‚ÄĚ leftist electoral coalition. He serves on the national executive committee of the Workers‚Äô United Central, the union federation known in Spanish by its initials CUT.

Colombian authorities charge him with ‚Äúrebellion‚Äô and raising money abroad for the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC). Prosecutors are relying upon supposedly incriminating evidence allegedly taken from the computers of FARC leaders Raul Reyes and Alfonso Cano seized after the Army killed them. The government also welcomed accusations against Ballesteros from Ra√ļl Agudelo Medina, a former FARC combatant who changed sides and faces criminal charges.

‚ÄúWitch hunt in the university‚ÄĚ

Persecution of Huber Ballesteros reflects the Colombian government‚Äôs determination to silence its political opposition. It tries to do so through fear, intimidation and removal of its leaders. War on dissenting opinion, that time-tested tool of reactionaries everywhere, is on display in the case of Miguel √Āngel Beltr√°n.

When the Colombian government secured the extradition of this academician and sociologist, he was completing post graduate studies at the Autonomous University of Mexico, where he earned his doctorate degree. Charged with recruiting for the FARC, he spent two years in a Colombian prison where he allegedly endured torture. Yet he went free in May, 2011 after the Supreme Judicial Court ruled that evidence taken from seized FARC computers had no legal standing. The government reacted by easing persecution of other leftists similarly accused ‚Äď but not of Huber Ballesteros, and not, as it turns out, of Miguel √Āngel Beltr√°n.

Beltrán had returned to teaching and research at the National University of Colombia in Bogota, when on order of the Inspector General of Colombia, he was discharged in July, 2014. The pretext was the story, taken from the computer files, that Beltrán was a member of the FARC’s International Commission. The order banned him from employment by Colombia’s public universities for 13 years.

Next, on December 18, the Superior Tribunal of Bogota overruled the acquittal issued by a lower court in 2011. Authorities have issued an order for Beltran to return to prison. He faces a sentence of 100 months, but is free now pending the outcome of his appeal to a higher court. The charge, as before, was ‚Äúrebellion‚ÄĚ evidenced by presumed association with the FARC.

A news report points to prosecutors‚Äô allegations that Beltran ‚Äúwas carrying out political tasks within an illegal organization, spreading revolutionary thought of the FARC through his writings, diffusing ideas of the illegal armed group in international forums, organizing political events at the National University where he urged students to join the ranks of the guerrillas. And he claimed to be forming a research center for this illegal armed group.‚ÄĚ

The ‚ÄúNetwork of Intellectuals for Humanity‚ÄĚ meeting in Caracas, immediately issued a statement calling for Beltr√°n‚Äôs release. They rejected ‚Äúpersecution of Colombian academics and intellectuals committed to the people. The road to peace for Colombia also includes full and unrestricted respect for those who promote critical thought.‚ÄĚ

Struggle for truth, and survival

Prisoner Liliany Obando‚Äôs fight is not over. Advocates for Obando recently sent a letter, now made public, to a National Prison Institute official reminding her that continued failure to hand over requested documents supporting Obando‚Äôs pleas for ‚Äúconditional liberty‚ÄĚ violates Colombian law.

Obando, having entered prison on August 8, 2008, departed on March 1, 2012 on provisional release. In June 2013 she was finally convicted on a charge of ‚Äúrebellion,‚ÄĚ sentenced to home detention, and fined the equivalent of $368,347.70. Her 70 ‚Äď month long sentence includes the 43 months she had already spent in prison. Then despite home detention, authorities incarcerated her again for 15 days in August, 2014, for no obvious reason.

She shares the charge of ‚Äúrebellion‚ÄĚ with Ballesteros and Beltran, and with them, supposed evidence taken from computer files seized from dead FARC leaders. None of the three derived benefit from the Supreme Judicial Court‚Äôs ruling invalidating such evidence.

Obando, the mother of two children remains confined to her home, hounded by police and informers, and socially isolated.

She, like Huber Ballesteros, joined with FENSUAGRO, in her case as director of human rights. By all accounts she was a charismatic advocate for agrarian rights, and, like him, took that message abroad.

Before her imprisonment Obando, like Miguel Angel Beltran, was an academician, researcher, and teacher. At the time of her arrest, she was working for a master‚Äôs degree in political studies in Colombia‚Äôs National University ‚Äď and still is. She is a filmmaker. The Obando films, one on FENSUAGRO, the other on Colombia‚Äôs agrarian struggle, speak the truth. They document, in English, epic, dangerous struggle against monumental oppression. These remarkable films, surely indicative of the threat Obando poses from the state‚Äôs viewpoint, are accessible here, and here.

In writings and actions, in and out of prison, Obando has advocated and organized for women. She exemplifies struggle by revolutionary and politically conscious women for their own rights and those of their children.  Her life story is emblematic of the signal contribution women have made to revolutionary upsurge in Colombia.

Keeping the wolves away

Prisoner David Ravelo’s history, updated recently by the present author, contains a new footnote of poetic justice for Ravelo’s enemy, the leader of the pack he contended with over many years. Former President Alvaro Uribe’s sponsorship of violent right wing paramilitary groups is well documented. In a life full of political action in the people’s cause, Ravelo did much in his home city Barrancabermeja from the 1990’s on to ward off deadly paramilitary attacks. Ravelo publicized Uribe’s ties to paramilitary leaders attacking Barrancabermeja and thus sparked a vengeful counterattack instrumental in putting him in prison in 2010. He is serving an 18-year sentence.

However, a report December 27 proclaims, ‚ÄúNow it‚Äôs official; Uribe is being investigated as the one responsible for or promoting more than 3000 assassinations.‚ÄĚ Furthermore, ‚ÄúThe data are coming out and the circle is narrowing: √Ālvaro Uribe V√©lez, president of Colombia during the period 2002-2010, is the object of an investigation by the prosecutor of the International Criminal Court in The Hague as a possible author of crimes against humanity.‚ÄĚ

In summary, the four prisoners discussed here are symbolic through their beliefs and actions of crucial points dividing Colombian society and provoking civil war. One or more of this small group has struggled against monopolization of land, repression of thought and dissent, persecution of labor, and women‚Äôs oppression. They all stand up for a new Colombia, one where the ruling oligarchy no longer has free rein nor where the United States intervenes. That they and other kindred spirits are in prisons testifies to a society at war, no less so than wholesale murders, disappearances, and displacement from land, all so well ‚Äď known. All eyes are on the peace negotiations in Havana.

No peace for Colombian political prisoners, yet

By W. T. Whitney Jr.

As a new year begins, the International Network in Solidarity with Colombia’s Political Prisoners renews its call for freedom for political prisoners in Colombia. (The present writer is a member of this organization; see http://www.inspp.org). Indeed, the time is long past for all of those incarcerated because of struggle in the people’s cause, everywhere, to go free!

This report highlights a few of Colombia’s better known political prisoners. Victories for them, we think, would speed the process by which many more can return to their families and political work. The fight for political prisoners takes on urgency now as peace negotiators in Havana enter their third year of talks.

The cases noted below testify to flawed legal processes and political persecution prevailing in Colombia today. The case of Huber Ballesteros is striking in this regard.

Authorities arrested Ballesteros on August 25, 2013 during a nationwide strike for agrarian rights organized by an ad hoc coalition of groups for which Ballesteros served as spokesperson. He’s been in Bogota’s La Picota prison ever since, neither convicted nor sentenced. A judge in May, 2014 ruled against Ballesteros’ plea for home detention because of medical needs; he suffers from diabetes.

International solidarity has mounted on Ballesteros‚Äô behalf. On December 9, the Belgium ‚Äď based ‚ÄúStop the Killings‚ÄĚ network of 50 human rights groups honored him. Two weeks later Via Campesina, the international peasants‚Äô rights organization, demanded his release. Marking Human Rights Day December 10, Britain‚Äôs Unison public service workers‚Äô union, in conjunction with the Justice for Colombia NGO, obtained 7500 signatures on a petition on Ballesteros‚Äô behalf to Colombia‚Äôs attorney general. In late November the ‚ÄúSolidar‚ÄĚ network of mostly European human rights groups, 60 of them, awarded its ‚ÄúSilver Rose‚ÄĚ prize to Ballesteros. Hundreds of parliamentarians endorsed the award. A few weeks earlier, the World Federation of Trade Unions issued a statement urging trade unions worldwide to organize protests demanding Ballesteros‚Äô release.

Ballesteros is the longtime vice president of the National Unified Federation of Agricultural Workers Unions, or FENSUAGRO. By 2005, 37 rural unions were associated with FENSUAGRO, Colombia’s largest farmworkers’ union federation by far. Some 1500 members have been killed since its formation in 1976; 150 are in prison now.

Huber Ballesteros served as one of FENSUAGRO‚Äôs international representatives. The mainstream El Espectador news service notes Ballesteros has ‚Äúalways been very critical of the present government, and previous ones, for having promoted in-depth policies of neo-liberalism and social exclusion‚ÄĚ.

He is a spokesperson for and founding member of the Patriotic March social and political movement, now assuming a leadership role in Colombia‚Äôs new ‚ÄúBroad Front‚ÄĚ leftist electoral coalition. He serves on the national executive committee of the Workers‚Äô United Central, the union federation known in Spanish by its initials CUT.

Colombian authorities charge him with ‚Äúrebellion‚Äô and raising money abroad for the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC). Prosecutors are relying upon supposedly incriminating evidence allegedly taken from the computers of FARC leaders Raul Reyes and Alfonso Cano seized after the Army killed them. The government also welcomed accusations against Ballesteros from Ra√ļl Agudelo Medina, a former FARC combatant who changed sides and faces criminal charges.

‚ÄúWitch hunt in the university‚ÄĚ

Persecution of Huber Ballesteros reflects the Colombian government‚Äôs determination to silence its political opposition. It tries to do so through fear, intimidation and removal of its leaders. War on dissenting opinion, that time-tested tool of reactionaries everywhere, is on display in the case of Miguel √Āngel Beltr√°n.

When the Colombian government secured the extradition of this academician and sociologist, he was completing post graduate studies at the Autonomous University of Mexico, where he earned his doctorate degree. Charged with recruiting for the FARC, he spent two years in a Colombian prison where he allegedly endured torture. Yet he went free in May, 2011 after the Supreme Judicial Court ruled that evidence taken from seized FARC computers had no legal standing. The government reacted by easing persecution of other leftists similarly accused ‚Äď but not of Huber Ballesteros, and not, as it turns out, of Miguel √Āngel Beltr√°n.

Beltrán had returned to teaching and research at the National University of Colombia in Bogota, when on order of the Inspector General of Colombia, he was discharged in July, 2014. The pretext was the story, taken from the computer files, that Beltrán was a member of the FARC’s International Commission. The order banned him from employment by Colombia’s public universities for 13 years.

Next, on December 18, the Superior Tribunal of Bogota overruled the acquittal issued by a lower court in 2011. Authorities have issued an order for Beltran to return to prison. He faces a sentence of 100 months, but is free now pending the outcome of his appeal to a higher court. The charge, as before, was ‚Äúrebellion‚ÄĚ evidenced by presumed association with the FARC.

A news report points to prosecutors‚Äô allegations that Beltran ‚Äúwas carrying out political tasks within an illegal organization, spreading revolutionary thought of the FARC through his writings, diffusing ideas of the illegal armed group in international forums, organizing political events at the National University where he urged students to join the ranks of the guerrillas. And he claimed to be forming a research center for this illegal armed group.‚ÄĚ

The ‚ÄúNetwork of Intellectuals for Humanity‚ÄĚ meeting in Caracas, immediately issued a statement calling for Beltr√°n‚Äôs release. They rejected ‚Äúpersecution of Colombian academics and intellectuals committed to the people. The road to peace for Colombia also includes full and unrestricted respect for those who promote critical thought.‚ÄĚ

Struggle for truth, and survival

Prisoner Liliany Obando‚Äôs fight is not over. Advocates for Obando recently sent a letter, now made public, to a National Prison Institute official reminding her that continued failure to hand over requested documents supporting Obando‚Äôs pleas for ‚Äúconditional liberty‚ÄĚ violates Colombian law.

Obando, having entered prison on August 8, 2008, departed on March 1, 2012 on provisional release. In June 2013 she was finally convicted on a charge of ‚Äúrebellion,‚ÄĚ sentenced to home detention, and fined the equivalent of $368,347.70. Her 70 ‚Äď month long sentence includes the 43 months she had already spent in prison. Then despite home detention, authorities incarcerated her again for 15 days in August, 2014, for no obvious reason.

She shares the charge of ‚Äúrebellion‚ÄĚ with Ballesteros and Beltran, and with them, supposed evidence taken from computer files seized from dead FARC leaders. None of the three derived benefit from the Supreme Judicial Court‚Äôs ruling invalidating such evidence.

Obando, the mother of two children remains confined to her home, hounded by police and informers, and socially isolated.

She, like Huber Ballesteros, joined with FENSUAGRO, in her case as director of human rights. By all accounts she was a charismatic advocate for agrarian rights, and, like him, took that message abroad.

Before her imprisonment Obando, like Miguel Angel Beltran, was an academician, researcher, and teacher. At the time of her arrest, she was working for a master‚Äôs degree in political studies in Colombia‚Äôs National University ‚Äď and still is. She is a filmmaker. The Obando films, one on FENSUAGRO, the other on Colombia‚Äôs agrarian struggle, speak the truth. They document, in English, epic, dangerous struggle against monumental oppression. These remarkable films, surely indicative of the threat Obando poses from the state‚Äôs viewpoint, are accessible here, and here.

In writings and actions, in and out of prison, Obando has advocated and organized for women. She exemplifies struggle by revolutionary and politically conscious women for their own rights and those of their children.  Her life story is emblematic of the signal contribution women have made to revolutionary upsurge in Colombia.

Keeping the wolves away

Prisoner David Ravelo’s history, updated recently by the present author, contains a new footnote of poetic justice for Ravelo’s enemy, the leader of the pack he contended with over many years. Former President Alvaro Uribe’s sponsorship of violent right wing paramilitary groups is well documented. In a life full of political action in the people’s cause, Ravelo did much in his home city Barrancabermeja from the 1990’s on to ward off deadly paramilitary attacks. Ravelo publicized Uribe’s ties to paramilitary leaders attacking Barrancabermeja and thus sparked a vengeful counterattack instrumental in putting him in prison in 2010. He is serving an 18-year sentence.

However, a report December 27 proclaims, ‚ÄúNow it‚Äôs official; Uribe is being investigated as the one responsible for or promoting more than 3000 assassinations.‚ÄĚ Furthermore, ‚ÄúThe data are coming out and the circle is narrowing: √Ālvaro Uribe V√©lez, president of Colombia during the period 2002-2010, is the object of an investigation by the prosecutor of the International Criminal Court in The Hague as a possible author of crimes against humanity.‚ÄĚ

In summary, the four prisoners discussed here are symbolic through their beliefs and actions of crucial points dividing Colombian society and provoking civil war. One or more of this small group has struggled against monopolization of land, repression of thought and dissent, persecution of labor, and women‚Äôs oppression. They all stand up for a new Colombia, one where the ruling oligarchy no longer has free rein nor where the United States intervenes. That they and other kindred spirits are in prisons testifies to a society at war, no less so than wholesale murders, disappearances, and displacement from land, all so well ‚Äď known. All eyes are on the peace negotiations in Havana.








Renuevan la 'Farc-Política' con la sentencia contra Miguel Angel Beltrán y la obstaculización de Libertad Condicional a Liliany Obando

Escrito por Dick Emanuelsson, ANNCOL

Creado en Viernes, 19 Diciembre 2014 07:27

Lily Obando y Miguel √Āngel Beltr√°n.

La jefa de la Oficina Jurídica de reclusión de mujeres de Bogotá viola la ley y obstaculiza la Libertad Condicional a la presa política Liliany Obando

ANNCOL / 2014-12-19 / Debora Useche, jefe de Oficina Jurídica de Reclusión de Mujeres de Bogotá, obstaculiza la entrega de documentos requeridos por el Juzgado Séptimo para poner en Libertad Condicional la presa política de conciencia, Liliany Patricia Obando Villota, socióloga y defensora a los derechos del campesinado colombiano. ANNCOL ha hablado con ella: https://app.box.com/s/en0hsjad09yvij8scpx7

La luchadora popular fue sentenciada a 70 meses de prisi√≥n en un juicio que ha sido caracterizado como un caso de ‚ÄúFalso Positivo Judicial‚ÄĚ. Solo le queda a dirigirse a la opini√≥n p√ļblica internacional para que se cumpla la decisi√≥n de Libertad Condicional.

La jefa de la Oficina Jurídica de reclusión de mujeres de Bogotá, Debora Useche, no solo obstaculiza la entrega de documentos desde el mes de agosto, sino también viola la ley, como dicen sus abogados en un comunicado de prensa:

‚ÄúSe est√°n bordeando normas t√≠picas del C√≥digo Penal como el FRAUDE A RESOLUCI√ďN JUDICIAL, que establece el art. 454 ‚Äúel que por cualquier medio se sustraiga al cumplimiento de obligaci√≥n impuesta en Resoluci√≥n Judicial, incurrir√° en prisi√≥n de 1 a 4 a√Īos y multa de 5 a 50 S.M.L.V.‚ÄĚ y las conductas de tipo disciplinario que establece el art. 27 de la ley 734 de 2002.

‚Äď Me han violado absolutamente todos los derechos procesales, por que la Corte (Suprema de Justicia) tampoco admiti√≥ una petici√≥n de revisar el proceso. Me est√°n haciendo un grave atropello. Por que primero me sentenciaron a 70 meses y una multa (de 450.000 d√≥lares) basados en pruebas declaradas ilegales por la Corte Suprema (del computador de Ra√ļl Reyes), que han afectado toda mi vida. Cuando se ha pagado las tres quintas parte, en mi caso 42 meses, de la condena, tiene derecho a solicitar libertad condicional. Pero tengo m√°s que el tiempo para que me otorgan la libertad condicional, dice Lily Obando.

Ella se encuentra pagando la condena desde el 8 de agosto de 2008, es decir m√°s de seis a√Īos. Escucha toda la entrevista (25 min.) en siguiente enlace: https://app.box.com/s/en0hsjad09yvij8scpx7

El caso del director de ANNCOL

Cuando el director de ANNCOL, Joaqu√≠n P√©rez Becerra, fue absuelto de todas las acusaciones y puesto en libertad el 23 de julio a√Īo en curso, el establecimiento pol√≠tico, encabezado por el ex mandatario √Ālvaro Uribe V√©lez y el procurador Alejandro Ord√≥√Īez, perdi√≥ su √ļnico caso condenatorio en la mal llamada ¬īFarc-Pol√≠tica¬ī. P√©rez hab√≠a sido sentenciado a ocho a√Īos de c√°rcel por v√≠nculos con las FARC. Las pruebas de la fiscal√≠a eran tan malas que los tres jueces en la segunda instancia no ten√≠an otra alternativa sino poner P√©rez en libertad.

Fue el 23 de julio.

El 5 de agosto el DAS, Policía Política Secreta, detuvo Lily Obando en los calabozos durante 15 días. Era una revancha por la libertad otorgada en el caso de Pérez, dicen varios juristas consultados por ANNCOL.

La rebaja de las penas a los jefes del DAS

DAS fue disuelto por haber estado totalmente contagiado por las conductas de jefes de la contrainteligencia. La c√ļpula fue condenada por acciones ilegales y de haber entregado nombres a los paramilitares que en varios casos ejecutaron a esas personas.

Anteayer, la Corte Suprema de Justicia dej√≥ en firme el fallo del Tribunal Superior de Bogot√° que conden√≥ a los oficiales de la contrainteligencia del DAS, Fernando Tabares y Jorge Alberto Lagos, a ocho a√Īos de prisi√≥n por los hechos que rodearon las interceptaciones ilegales del DAS. Los dos hab√≠an recibido una reducci√≥n de cuatro a√Īos por haber colaborado con la justicia en el fallo anterior.

 

Jorge Alberto Lagos (izq) y Fernando Tabares (der). Foto: Archivo particular.

Pero es de notar, que las sentencias por semejantes crímenes realizados por estos dos funcionarios uniformados del estado, son iguales como en el caso de Pérez y de Lily Obando, solo por presidir una agencia de noticias alternativa y de ser una luchadora popular, respectivamente.

Caso de Miguel √Āngel Beltr√°n

Ayer fue condenado a 100 meses de prisi√≥n el profesor universitario Miguel √Āngel Beltr√°n. Se revive, despu√©s de haber sido liberado de todas las acusaciones hace cuatro a√Īos, su caso de la ¬īFarc-Pol√≠tica¬ī y se orden√≥ su captura por delito de Rebeli√≥n.

En el fallo se revoc√≥ la absoluci√≥n emitida hace cuatro a√Īos por la jueza cuarta penal especializada de Bogot√°, y se consider√≥ que exist√≠an pruebas para vincularlo con un grupo armado ilegal, escribe El Espectador en un relato del nuevo fallo.

Y como en el caso de Lily Obando, ‚ÄúEl ente acusador lleg√≥ a esa conclusi√≥n luego de revisar los documentos que se encontraron en el computador del jefe guerrillero alias ‚ÄėRa√ļl Reyes‚Äô, abatido el 2 de marzo de 2008 en la frontera entre Colombia y Ecuador‚ÄĚ.

Violan la decisión de la Corte Suprema de Justicia

Es decir, siguen utilizando pruebas que la Corte Suprema de Justicia declar√≥ ilegal. Y seg√ļn la Fiscal√≠a General, el profesor universitario era alias ‚ÄėJaime Cienfuegos‚Äô, ide√≥logo de la comisi√≥n internacional de las Farc.

Es una id√©ntica acusaci√≥n que los agentes del DAS-G3 hicieron el 19 de octubre de 2005 a √©ste este periodista que tambi√©n fue catalogizado como ‚Äúide√≥logo de las FARC‚ÄĚ [http://das-terror.blogspot.com/2011/05/folio-3.html].

Documentación registrada por los agentes del grupo ilegal de la contrainteligencia DAS-G3 contra el reportero Dick Emanuelsson. En total fueron 476 folios registrados sobre la actividad profesional del reportero sueco durante 2004-2005.

Vale recordar que en junio 3 de 2011 la jueza especializada de Bogot√° lo absolvi√≥ de los delitos de rebeli√≥n, concierto para delinquir agravado y financiaci√≥n de grupos terroristas, al considerar que no se le pod√≠a dar validez a las pruebas halladas en el campamento de 'Ra√ļl Reyes', luego de que la Corte Suprema de Justicia considera que no se hab√≠a respetado la cadena de custodia durante la operaci√≥n militar.

Como fuera poco, y a pesar de la absoluci√≥n de Beltr√°n de toda acusaci√≥n de pertenecer a un grupo guerrillero, el Procurador La Procuradur√≠a General lo destituy√≥ e inhabilit√≥ por 13 a√Īos para ejercer cargos p√ļblicos.

La pregunta que se hace es ¬ŅQui√©nes est√°n detr√°s de estas maniobras jur√≠dicas contra Lily Obando y Miguel √Āngel Beltr√°n para revivir la ¬īFarc-Pol√≠tica¬ī en Colombia al mismo tiempo que el proceso de Paz avanza en La Habana?

Entrevista a la presa política Lily Obando que es negada la libertad condicional

Audio: https://app.box.com/s/en0hsjad09yvij8scpx7

 

COMUNICADO DE PRENSA

Urgente acompa√Īamiento a petici√≥n del caso de la presa pol√≠tica Liliany Obando

Se√Īores

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO

INPEC

Doctora

DEBORA USECHE

Jefe Oficina Jurídica

RECLUSI√ďN DE MUJERES DE BOGOT√Ā

Carrera 58 No. 80-95 Barrio Entre Ríos

Tel√©fonos: 6600771 ‚Äď 3111626

Correo Electrónico-mail: jurídica.rmbogota@inpec.gov.co

Ref.: CASO LILIANY PATRICIA OBANDO VILLOTA

C.C. 30.7345.041

Asunto: REQUISITOS LIBERTAD CONDICIONAL

En mi calidad de XXXX he tenido conocimiento a través de la defensa técnica y de varias ONGs de Derechos Humanos Nacionales e Internacionales de la situación de la ciudadana Defensora de Derechos Humanos LILIANY PATRICIA OBANDO VILLOTA, y de que en ese establecimiento carcelario se ha venido obstaculizando la entrega de los documentos requeridos para su LIBERTAD CONDICIONAL.

Soy conocedor que desde el pasado mes de agosto del presente a√Īo se elev√≥ dicha petici√≥n al JUZGADO SEPTIMO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD, y que dicho despacho ha requerido a su despacho, en al menos tres oportunidades, que le alleguen la siguiente documentaci√≥n: LA CARTILLA BIOGR√ĀFICA, LA RESOLUCION FAVORABLE VIGENTE y los CERTIFICADOS DE REDENCION, correspondientes a la fecha en que la ciudadana LILIANY OBANDO estuvo recluida en DETENCI√ďN PREVENTIVA, en dicho establecimiento, es decir, desde el 8 de agosto de 2008 hasta la fecha de su salida en Libertad Provisional, el 1 de marzo de 2012. Los certificados de redenci√≥n a partir del 20 Noviembre de 2012 al 29 de febrero de 2012.

Igualmente, he sido informado que el Juzgado D√©cimo Civil del Circuito, en fallo de Tutela del pasado 28 de octubre de 2014 le ORDEN√ď que en el t√©rmino de diez (10) d√≠as de respuesta ‚Äúclara, precisa y de fondo‚ÄĚ sobre la anterior situaci√≥n.

A la fecha de esta petici√≥n veo con mucha preocupaci√≥n la forma sistem√°tica y continua en que se vulneran los derechos de la mencionada ciudadana, quien se encuentra en PRISI√ďN DOMICILIARIA, desde el 5 de agosto de 2014, tal como lo orden√≥ el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogot√° y lo confirm√≥ el Tribunal Superior de Bogot√° ‚Äď sala penal- y lo orden√≥ la Jueza S√©ptima de Ejecuci√≥n de Penas y Medidas de Seguridad, situaci√≥n que es ampliamente conocida por ustedes.

Con los anteriores hechos y sin que a la fecha ese despacho haya enviado la documentaci√≥n requerida para la LIBERTAD CONDICIONAL no solamente se est√°n vulnerando los derechos humanos de la ciudadana LILIANY OBANDO sino que se est√°n bordeando normas t√≠picas del C√≥digo Penal como el FRAUDE A RESOLUCI√ďN JUDICIAL, que establece el art. 454 ‚Äúel que por cualquier medio se sustraiga al cumplimiento de obligaci√≥n impuesta en Resoluci√≥n Judicial, incurrir√° en prisi√≥n de 1 a 4 a√Īos y multa de 5 a 50 S.M.L.V.‚ÄĚ y las conductas de tipo disciplinario que establece el art. 27 de la ley 734 de 2002.

Por todo lo anterior, sea esta la oportunidad para recordarle que la Honorable Corte Constitucional desde hace muchos a√Īos en la Sentencia T-153/98 ha venido diciendo que en las c√°rceles colombianas suceden ‚Äúun estado de cosas inconstitucionales‚ÄĚ y es su deber acatar una decisi√≥n de un Juez de la Rep√ļblica y por lo tanto se deben enviar a la mayor brevedad dichos requisitos arriba mencionados para que se otorgue la LIBERTAD CONDICIONAL a la mencionada ciudadana.

Atentamente,

XXXXXXXXXXXXXXX

c.c.:

Doctor
EDUARDO MATYAS CAMARGO
Abogado defensor
Calle 19 3 A 37 Oficina 1102, Bogot√°, Colombia
Correo Electrónico: ematyasdih@hotmail.com
Tel.: (57) (1) 283 53 36
Cel.: 315 830 01 55

Doctor
WLDARICO FLOREZ -PE√ĎA
Abogado defensor
Brigada Jur√≠dica Eduardo Uma√Īa- eum.brigadajuridica@gmail.com-
Carrera 6 No. 11-54 Of. 217 Edificio La Libertad, Bogot√°, Colombia
Correo Electrónico: uldaricoflores@yahoo.com.co
Cel.: 315 859 91 18

Doctora
GLORIA SILVA
Secretaria General
FUNDACION COMIT√Č DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLITICOS ‚Äď FCSP
Calle 26 4 A 45 Piso 12 Torre KLM, Bogot√°, Colombia
Correo Electrónico: secretaria@comitedesolidaridad.com
Tel√©fono: (57) (1) 243 68 64 ‚Äď 334 06 51

Coronel
JHON ALEJANDRO MURILLO
DIRECTOR GENERAL DEL INPEC
Calle 26 27-48, Bogot√°, Colombia
Tel.: (57) (1) 234 72 62 ‚Äď 234 74 74 Ext. 1116
Correo electrónico: direccion.general@inpec.gov.co

Doctora
ANA SOF√ćA HIDALGO ALVARADO
DIRECTORA
Cra. 58 No. 80-95 Barrio Entre Ríos
Reclusi√≥n de Mujeres de Bogot√° ‚Äď Buen Pastor
Tel.: (57) (1) 630 77 24 ‚Äď 630 20 37
E-mail: dirección.rmbogota@inpec.gov.co

Doctora
MARTHA JAHEL AMEZQUITA VARON
JUZGADO SEPTIMO EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
Calle 11 9 A 24 Piso 8, Bogot√°, Colombia
Tel.: (57) (1) 2846527

Doctor
LEONEL RICARDO GUARIN PLATA
Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá
Carrera 10 14-33 Piso 11, Bogot√°, Colombia
Tel.: (57) (1) 282 11 05

Doctor
EDWARD GIOVANNI PLATA SEPULVEDA
PROCURADOR 326 JUDICIAL I PENAL
Carrera 5 15-80 Piso 27, Bogot√°, Colombia
Tel.: (57) (1) 587 87 50 Ext. 12701
Correo Electrónico: webmaster@procuraduria.gov.co

Doctor
JOSE MANUEL DIAZ SOTTO
DEFENSOR DELEGADO PARA LA POLITICA CRIMINAL Y PENITENCIARIA
Calle 55 No. 10-32 Bogot√°, Colombia
Tel.: (57) (1) 314 40 00 Ext. 2318 y 2228
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE DD.HH.:

Doctor
TODD HOWLAND
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA
Calle 113 No. 7-45 Torre B Oficina 1101, Edificio Teleport ‚Äď Business Park, Bogot√°, Colombia
Tel.: (57) (1) 658 33 00
Fax.: (57) (1) 658 33 01
Correo Electrónico: oacnudh@hchr.org.co

Doctor
ROBERT BRITON
RED INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD CON LAS PRISIONERAS Y PRISIONEROS POLITICOS COLOMBIANOS - INSPP
Correo Electrónico: info@inspp.org / contact@inspp.org

Doctora
MARIELA COHON
Directora JUSTICE FOR COLOMBIA
Correo electrónico: mariela@justiceforcolombia.org

Doctor
ANDR√Č CRESPIN
INTAL AMERICA LATINA
Correo Electrónico: americalatina@intal.be

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL CONFLICTO ARMADO

Por: Gladys Jiménez
     Madre de una prisionera política

10/12/14

En Colombia nosotras las mujeres no somos ajenas al conflicto armado, ya que la violencia contra la Mujer ocasionada por los diferentes actores nos han convertido en la principal víctima en las zonas de conflicto y fuera de ellas.


¬ŅC√≥mo?¬†¬† ¬†


1.La mujer en Colombia debe soportar la tortura del asesinato de sus seres queridos: esposo, hermanos, padres.
2.Es amenazada, desalojada de su tierra y desplazada.
3.Le arrebatan el tesoro más preciado que tiene sus Hijos, se los torturan, a sus hijas las violan y finalmente las masacran.    
4.Cuando en Colombia la mujer lidera trabajo social con las comunidades m√°s vulnerables es silenciada con la muerte.


Es la mujer Colombiana la que lleva todo el dolor de √©sta guerra, a la que las l√°grimas le marcaron su rostro; en muchas ocasiones debe luchar sola para sacar adelante lo √ļnico que le queda ¬°sus nietos¬°.


El conflicto armado ha impregnado el cuerpo y la vida de la mujer en Colombia, quedando en ella tatuada la humillaci√≥n a la que es sometida; ya que ha sido utilizada como bot√≠n de guerra en esclava sexual para infiltrar a los enemigos, violentada sexualmente y asesinada en ocasiones en presencia de su familia, lo anterior en la mayor√≠a de casos por paramilitares y lo que es peor a√ļn por integrantes de las fuerzas militares quienes llegan como buitres y violan a nuestras ni√Īas, las torturan y someten a tratos inhumanos y degradantes.


La mujer Universitaria no es ajena a √©sta situaci√≥n; su presencia en el movimiento estudiantil y su pensamiento cr√≠tico la convierte en el OBJETIVO perfecto para el encubierto que merodea en la Universidad P√ļblica buscando j√≥venes incautas para conquistarlas como sus mejores amigas, gan√°ndose su confianza con atenciones e invitaciones suntuosas para luego entregarlas en flagrancia con un montaje que √©l mismo planea y organiza mostr√°ndolas como las mujeres subversivas m√°s peligrosas del pa√≠s.


Una vez el encubierto ha ganado confianza con mujeres universitarias las utiliza para llegar a otros estudiantes como es el caso de XIMARA ALEXANDRA TORRES JIM√ČNEZ y ERIKA AGUIRRE RODR√ćGUEZ, a quienes manipul√≥ psicol√≥gicamente y utiliz√≥ para consignar dinero y realizar llamadas a estudiantes de otras universidades. De igual forma el caso de ANDR√ČS MOTATIVA, a quien conoci√≥ gan√°ndose la confianza de la novia. ¬†


La anterior es la violencia ejercida por el ESTADO a la Mujeres¬† Universitarias quienes¬† terminan en la c√°rcel junto con otros estudiantes universitarios a quienes el encubierto ha convertido en FALSOS POSITIVOS JUR√ćDICOS.


Aunque las l√°grimas surquen nuestro rostro y el sufrimiento blanquee nuestro cabello las Madres de los estudiantes universitarios detenidos seguiremos luchando con la frente en alto hasta que nuestros hijos regresen a casa, que esperamos sea pronto.


HABLANDO DE VIOLENCIAS



Por: Doris Su√°rez Guzm√°n
        Prisionera Política
        ERON - Jamundí
Colombia, 10/Dic/2014

De las m√ļltiples y at√°vicas violencias que permean a la mujer, la de mayor impacto es la violencia producida por el modelo econ√≥mico.¬† El capitalismo, ese deforme enfermo cr√≥nico cada vez que sufre una crisis vuelve papilla a los m√°s d√©biles, aumenta la desigualdad social, aniquila conquistas laborales y condena al desempleo a millones de personas.¬† Y en ese codazo laboral las mujeres somos las que salimos peor libradas, en especial las "viejas" mayores de 35 a√Īos.¬† Y como correlato de la precarizaci√≥n y el desempleo aumenta la delincuencia. ¬†

Ello, y no la liberaci√≥n femenina es la que explica en gran parte el aumento de mujeres detenidas (casi 10.000), la mayor√≠a vinculadas a delitos de microtr√°fico y robos por cuant√≠as que son cosas de ni√Īos comparadas con los miles de millones que la clase dirigente esquilma al tesoro p√ļblico "con mayor sofisticaci√≥n hay que reconocerlo", o las toneladas de droga y dinero il√≠cito que se trafica en las altas esferas. ¬†

Muchas no encuentran otra opción y arriesgan su libertad por razones de supervivencia, aunque también están las que cayeron  en el pandemónium del consumismo y se ven empujadas al "rebusque" para saciar el hambre de mercancías que un salario mínimo no puede colmar.

Todo robo es censurable, pero hay un gran trecho entre el da√Īo individual y el social que causan uno y otro.¬† El primero por lo general es contundente, mientras que el robo al erario, como las armas qu√≠micas mata a millares lentamente.¬† Sin embargo, los jueces son implacables con los hurtos a la propiedad privada y genuflexos con la corrupci√≥n y el saqueo a las arcas del Estado.

En las cárceles la violencia contra la mujer se consolida en una venganza legalizada que se nutre de la ignorancia jurídica y normativa de las mujeres.  Por eso y por necesidad, dócilmente aceptan ser manos baratas en trabajos de maquila con pagos de miseria y les dicen que deben estar agradecidas por el favor de ser explotadas.  

La institución fomenta el egoísmo, "que cada quien se ocupe de lo suyo" espeta la guardia cuando alguna voz solidaria se levanta contra el abuso de autoridad y ante cualquier asomo de inconformidad colectiva, la violencia vuelve a aparecer vestida como para ir a la guerra contra un poderoso enemigo: gases, escudos, máscaras, porras y perros junto a groseros vozarrones intimidatorios son el mecanismo de persuasión  usado contra las manifestantes.  Supongo que eso es  lo  que llaman "igualdad ante la ley": el derecho a ser gaseadas y golpeadas como lo hacen  con los hombres en defensa del orden.  En su celo por el procedimiento hacen la epicrisis antes de golpear a las mujeres esposadas, castigando su insolencia o la pretensión de serlo.  Pero casi ninguna denuncia, la impunidad las inhibe, pero sobre todo el miedo, el mismo que atemoriza a las mayorías frente al poder.  Será su voz contra la oficialidad y no es difícil inferir quién habla más fuerte.

Las mujeres llevamos a√Īos insistiendo ante el INPEC que ya que la burda y defectuosa arquitectura de la "nueva cultura penitenciaria" no tuvo en cuenta a las mujeres, que por lo menos sus reg√≠menes internos lo hagan.¬† Pero no nos toman en serio cuando reclamamos por la perspectiva de g√©nero, nos dicen que ya nos autorizaron un labial, una pesta√Īina y un l√°piz de cejas y sonr√≠en cuando hablamos de salud preventiva, ginec√≥logo, capacitaci√≥n que rompa con los estereotipos.

En la Habana, la agenda política plantea los acuerdos con enfoque de género.  Si se concretan las mujeres tendremos mayores posibilidades educativas, laborales y de participación y no estaremos tan desnudas frente al modelo económico salvaje que aumenta la inequidad e injusticia social.  Sin embargo, no será por decreto que se podrán subsanar otras formas de violencia como la producida por la equivocada concepción de la pareja como una propiedad y no como una relación entre iguales.  Como en la construcción de la paz, será un proceso, un esfuerzo colectivo en el que hembras y hombres debemos involucrarnos.