FORO POR LA DEFENSA DEL PENSAMIENTO CRITICO

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FORO POR LA DEFENSA DEL PENSAMIENTO CR√ćTICO Y EL LIBRE EJERCICIO DE LA OPOSICI√ďN POLITICA

Con el foro se busca visibilizar y denunciar una serie de amenazas y
acciones criminales en contra de estudiantes y profesores de la UTP,
amenazas y acciones que no han podido ser esclarecidas y las cuales han
contribuido a que se acalle e inmovilice el ejercicio del movimiento
estudiantil en su lucha constante por una universidad de calidad y de
car√°cter p√ļblico, similar fen√≥meno se experimenta en¬† otras universidades
del país, impidiendo con esto el libre desarrollo y goce de los derechos a
la asociación, movilización y a la protesta. También se busca hacer un
llamado a la comunidad académica a que ocupe su lugar en la defensa del
pensamiento crítico, la libertad de expresión y de cátedra, que con
decisiones como la inhabilidad del profesor Miguel √Āngel¬† Beltr√°n,
peligran. Esto en perspectiva del proceso de dialogo de La Habana y de la
b√ļsqueda permanente de la concreci√≥n de la soluci√≥n pol√≠tica al conflicto
social, político y armado.

Invitados:

Miguel √Āngel Beltr√°n Villegas
Sociólogo, profesor e investigador universitario

Guillermo Casta√Īo Arcila (Por confirmar)
Profesor Facultad C. Ambientales

Felipe Marín Guzmán
Vocero nacional de la MANE

Saludos de Estudiantes amenazados, Liliany Obando y de la Delegación de Paz
de las FARC EP

Lugar: Auditorio Jorge Roa Martínez
Fecha: Miércoles 12 de noviembre
Hora: 3:00 PM

Invita:
- Mesa de Organizaciones Sociales y Defensoras de DDHH.
- MOVICE Capítulo Risaralda.
- Fundación para la Solidaridad y la Defensa con la Población Carcelaria
"Juan David Pineda Cardona".
- Mesa Institucional de Derechos Humanos de la UTP.

http://solidaridadydefensa.blogspot.com/2014/11/foro-defensa-del-pensamiento-critico-y.html


LOS PRISIONEROS POLITICOS COMO VICTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO

 

Sobre este espinoso tema es bueno remontarnos a la historia para que ella aclare la naturaleza del delito pol√≠tico as√≠ como su desnaturalizaci√≥n.¬† Nos es oportuno con uno de los primeros alzamientos dado por los criollos y mestizos contra la colonia espa√Īola, donde¬† las mismas¬† fueron catalogadas de sediciosas o simplemente tratados como simples delito de lesa magestad.¬† Como ejemplo tenemos el levantamiento de los comuneros en el a√Īo de 1781 liderado en gran parte por Jos√© Antonio Gal√°n.¬† Es de recordar que derrotado este levantamiento, los tribunales y oidores de la real audiencia lo condenaron por rebeli√≥n, sedici√≥n, enfrentamiento atrevido contra el poder colonial, con el nefasto resultado del asesinato y desmembramiento de los condenados para imprimir miedo a todo aquel que pensara y actuara diferente a la corona.
 
En ese mismo orden, las constantes persecuciones, encarcelamientos, destierros contra la humanidad de Antonio Nari√Īo por el s√≥lo hecho de traducir la declaratoria de los derechos del hombre y del ciudadano, o sea, siempre fue un perseguido pol√≠tico. Del llamado grito de independencia, los¬† rebelados contra la corona en armas eran juzgados y sentenciados por tribunales y condenados a muerte por el delito de Lesa Magestad.
 
Ya para los a√Īos siguientes a√Īos, los levantamientos en armas eran tratados y condenados a muerte por el mismo delito.¬† Ya para el a√Īo de 1830 Santander, llamado el hombre de las leyes, junto al Consejo de Estado comenzaron a dar vida al primer c√≥digo penal en Colombia y definieron la rebeli√≥n como ?el levantamiento o insurrecci√≥n de una porci√≥n m√°s o menos numerosa de s√ļbditos de la Rep√ļblica que se alzan contra el gobierno supremo constitucional de la naci√≥n, neg√°ndole la obediencia debida o procurando sustituirlo o haci√©ndole la guerra con las armas?.¬† Este delito fue catalogado como traici√≥n e infamia y a los autores se les condenaba a muerte.
 
El levantamiento en armas contra los reg√≠menes espurios y tir√°nicos no es otra cosa que una de las v√≠as como √ļnica alternativa para que se le reconozcan al adversario sus derechos que le han sido excluidos de los escenarios pol√≠ticos, econ√≥micos, sociales, econ√≥micos, culturales, raciales, etc., etc., del pa√≠s.
 
Es as√≠, que a fines del siglo XIX, Miguel Antonio Caro y Rafael Nu√Īez utilizaron el llamado proyecto regenerador excluyendo al opositor pol√≠tico y arremetiendo su persecuci√≥n a toda forma de protesta social, todo ello devenido de la religi√≥n cat√≥lica con su denominada senda ?orden y las buenas costumbres?.¬† Bajo este postulado, los se√Īores mencionados emitieron la famosa ?ley de los caballos?, la cual limitaba dr√°sticamente la libertad de expresi√≥n, el derecho de organizaci√≥n, todo como un mecanismo para amordazar al adversario pol√≠tico, dejando as√≠ para los √ļltimos, nada m√°s que la v√≠a del levantamiento armado.
 
En los a√Īos subsiguientes, los lineamientos regeneradores fueron los postulados fundamentales del establecimiento como pol√≠tica de Estado, que s√≥lo tiene un cambio con la abolici√≥n de la pena de muerte bajo el acto legislativo No. 3 de 1910, del resto, todo qued√≥ igual, con un agravante de la hegemon√≠a conservadora.
 
Llevando este orden de ideas es importante traer a colaci√≥n c√≥mo el establecimiento sofoc√≥ la movilizaci√≥n social de la naciente clase obrera de la huelga bananera de 1928, culminada con una masacre el 6 de diciembre de ese mismo a√Īo.¬† Este ignominioso acto hasta nuestros d√≠as ha pasado a engrosar la impunidad.¬† Pero contrastando esto, a los sobrevivientes de esta masacre, los enjuiciaron bajo los delitos de sedici√≥n y rebeli√≥n por su participaci√≥n en la lucha sindical y obrera.
 
El c√≥digo penal de 1936 defini√≥ la rebeli√≥n como: "alzamiento en armas para derrocar al gobierno nacional legalmente constituido o para cambiar o suspender en todo o en parte, el r√©gimen constitucional existente en lo que se refiere a la formaci√≥n, funcionamiento y renovaci√≥n de los poderes p√ļblicos y √≥rganos de la soberan√≠a".
 
Despu√©s del asesinato del caudillo liberal Jorge Eli√©cer Gait√°n el 9 de abril de 1948, magnicidio hoy como muchos en la impunidad, comienzan a juzgar a los rebeldes por delitos de asociaci√≥n para delinquir, dejando con ello de lado la esencia del ser rebelde.¬† Esto se elimin√≥ con la amnist√≠a de 1954, pero por otro lado, la permanente aplicaci√≥n del estado de sitio con el fin de reestablecer, seg√ļn sus palabras, el control social.
 
Los a√Īos subsiguientes no fueron ni han sido los mejores para el opositor pol√≠tico y menos para quienes caemos en manos del r√©gimen.¬† Es as√≠ que cada gobierno, bajo la fachada de la legalidad y la legitimidad devenida de su llamada democracia dictan leyes y acu√Īan todo tipo de t√©rminos a su antojo y acomodo.¬† Es as√≠ como el gobierno de turno de Alfonso L√≥pez Michelsen cre√≥ normas bajo triqui√Īuelas cometiendo todo tipo de arbitrariedades en contra de campesinos, estudiantes, obreros, etc., los cuales tuvieron su m√°xima expresi√≥n en el Paro C√≠vico Nacional del 14 de septiembre de 1977.
 
Pero la lucha no paró allí sino todo lo contrario ya que crece el descontento social así como el incremento de las luchas sociales y populares, al igual que la armada.  Por ello el gobierno entrante de Julio César Turbay toma una serie de medidas represivas en contra del opositor político teniendo como su máxima expresión "el estatuto de seguridad", el cual no era otra cosa que las desapariciones, detenciones arbitrarias, torturas, persecuciones a los activistas populares, así como a sectores críticos, generando una gran crisis de derechos humanos en el país.
 
Aunado a ello se da como prerrogativa la justicia penal militar para investigar y juzgar durante los períodos de estado de sitio, determinados delitos cometidos por civiles. Por ello los jueces militares tenían competencia para juzgar cerca del 30% de todo tipo de delitos, pues los autorizaba el código penal en los cuales estaba contenida la rebelión, sedición y asonada.  Y como perla mayor, el juez era el comandante mayor de la unidad militar.  Vocal, jueces de audiencia y asesor jurídico, todos eran subalternos del primero, violando con ello el  principio al debido proceso y de defensa real.
Lo maquiavélico y perverso de dicho estatuto de seguridad, como fue la ampliación del fuero militar para juzgar civiles, aparte de la calificación de terroristas a toda manifestación de lucha popular fue que la denominaran "asociación para delinquir", desfigurando con ello la esencia del delito político para lo cual es importante citar un artículo del doctor Carlos Lozano Guillén, el cual reza: "es evidente que para la ejecución de un delito político es preciso que la mayoría de los casos cometer delitos conexos con el delito político y sería absurdo que por esos delitos conexos sojuzgara al delincuente político con un criterio diferente al de la categoría de delincuente a que ellos pertenecen".
 
Colombia est√° sumida en una belicosidad amparada por los¬† sucesivos gobiernos.¬† De all√≠ que toda forma de protesta social y popular ha sido brutalmente reprimida creando delitos punitivos como privaci√≥n f√≠sica de la libertad a quienes "perturben el orden p√ļblico y alterar el pac√≠fico desarrollo de las actividades sociales", cometiendo as√≠ el establecimiento el m√°s descarado terrorismo de Estado llevando a la legislaci√≥n al punto de catalogar al pueblo como enemigo interno.¬† Todo ello asimilado de la doctrina de seguridad nacional o guerra preventiva, donde no hay distingo entre combatiente armado y cualquier nacional cercano a √©l.
 
Nosotros, as√≠ como gran parte de los colombianos tenemos memoria hist√≥rica, adem√°s hemos vivido la m√°s cruel y descarada realidad del conflicto colombiano en carne propia y no como victimarios sino como v√≠ctimas y no como generadores de violencia sino como surgidos como respuesta a la violencia estatal.¬† Por ello es bueno recordar c√≥mo el embajador de los Estados Unidos en Colombia, en una afrenta a nuestra soberan√≠a patria, as√≠ como a nuestro leg√≠timo derecho a luchar por lo que nos pertenece, nos acu√Ī√≥ el se√Īor Lewis Tamb, en el a√Īo de 1986, el remoquete de narco-guerrilla e igualmente, despu√©s de los atentados de las torres gemelas en los Estados Unidos, todos los procesos en contra de los rebeldes fueron adem√°s¬† de rebeli√≥n, el de terrorismo.¬† Todo esto con el fin de mantener tras las rejas al opositor pol√≠tico.
 
Por ello a partir del llamado Plan Colombia como modelo de lucha anti-subversiva se modernizaron y re-potenciaron las fuerzas militares en todo sentido, continuando la represión a granel contra toda forma de inconformidad popular con la llamada política de seguridad democrática y el estatuto comunitario con el sofisma de que "la principal amenaza contra la seguridad y el establecimiento del Estado y la democracia colombiana es el terrorismo, el cual incluye a todos los grupos armados irregulares que de manera expresa acuden a la violencia, acuden al terror para intimidar a los ciudadanos y para tratar de instrumentar sus propósitos".
 
Igualmente la implementaci√≥n de las zonas especiales de rehabilitaci√≥n y consolidaci√≥n, aprobaci√≥n del estatuto anti-terrorista y una ley de alternatividad penal, todo encaminado a controlar las √°reas de influencia guerrillera, as√≠ como capturar a las personas civiles consideradas como redes de apoyo a las estructuras subversivas. ¬ŅCu√°ntas personas no cayeron a las c√°rceles y vulner√°ndoseles todos sus derechos habidos y por haber? ¬ŅCu√°ntos de √©stos no fueron desaparecidos, masacrados y torturados despu√©s de salir de prisi√≥n, muchos de ellos comprobada su inocencia? ¬ŅA cu√°ntos de ellos el r√©gimen les ha aceptado como v√≠ctimas de cr√≠menes y terrorismo de Estado?
Hoy por hoy padecemos los mismos embates.¬† Tanto es que se aprobaron estatutos de seguridad ciudadana, criminalizando a√ļn m√°s la protesta social, hacinando de luchadores sociales y populares las ignominiosas c√°rceles, aunado a un total confinamiento, al tedio y al olvido.
 
Es de anotar que los luchadores sociales y populares no somos delincuentes ni terroristas, somos luchadores sociales, contrario a lo que pretenden hacernos ver, ya que nuestro inalienable e indiscutible de luchar por un país con justicia social, soberanía, equidad e igualdad, siguen y seguirán incólumes, ya que las razones, así como las causas que generaron nuestro alzamiento siguen hoy más vigentes.
 
Adem√°s, los sucesivos gobiernos t√≠teres de turno "buscan la fiebre del enfermo en las s√°banas".¬† Ahora bien, si tenemos presente la peque√Īa narrativa, podemos hacernos a una idea pormenorizada del tama√Īo de las dificultades que hemos tenido que afrontar los que nos hemos enfrentado al r√©gimen, ya sea en armas o sin ellas.
 
Aunado a ello es que el sistema no quiere cambios estructurales y trascendentales, sino quieren por todos los medios represivos mantener su Statu Quo.  Todo ello deriva que los luchadores sociales y populares seamos víctimas del Terrorismo de Estado, ya sea por acción u omisión del Estado.  Y qué decir, de la ley positiva de este país, no es más que "letra muerta" o simplemente creada para "los de ruana".
 
Hoy Colombia, recientemente reconocida por Juan Manuel Santos, vive un conflicto político, social y armado reconocimiento que no recoge la desnaturalización del delito político, pero ya es un avance para la solución a la grave crisis que vive el país y que a su vez abre la discusión sobre dos temas trascendentales para la firma de un proceso de paz, como es la amnistía e indulto.
 
Desde esta visi√≥n, es sumamente importante, as√≠ como una necesidad imperiosa que los prisioneros pol√≠ticos y de guerra en c√°rceles colombianas como del extranjero sean tambi√©n catalogados como v√≠ctimas del conflicto armado que padece Colombia por m√°s de 50 a√Īos, ya que esto ayudar√≠a a una verdadera reconstrucci√≥n y reconciliaci√≥n entre los colombianos as√≠ como el esclarecimiento de la verdad real como fuente de justicia y de reparaci√≥n.¬† Dejar por fuera a √©stas v√≠ctimas ser√≠a re-victimizar a las v√≠ctimas que han padecido la m√°s atroz de las guerras.
 
En Colombia, seg√ļn las estad√≠sticas hay m√°s de 9.500 prisioneros pol√≠ticos y de guerra, lo que demuestra lo dif√≠cil que es exponer las ideas en este pa√≠s.¬† De all√≠ que vemos oportuno se√Īalar algunos nombres de¬† compa√Īeros prisioneros pol√≠ticos y de guerra que han sufrido todo el fragor de la guerra en campos y ciudades, as√≠ como en prisi√≥n.¬† Es as√≠ que son los casos de Tulio Murillo √Āvila, prisionero de guerra de las FARC, con discapacidad, enfermo y quien hizo proceso de ruptura.¬† Actualmente est√° confinado en la c√°rcel de C√ļcuta, Norte de Santander, Liliany Patricia Obando, prisionera pol√≠tica, v√≠ctima de montajes judiciales, as√≠ como v√≠ctima de fraude procesal y pocas, por no decir nulas garant√≠as de un debido proceso.¬† Jos√© Marbel Zamora P√©rez, militante de la JUCO, orientado de PROVIVIENDA, fundador del grupo teatral m√°scaras y miembro de la UP, obligado por las persecuciones en su contra a tomar las armas y es hoy un prisionero pol√≠tico y de guerra de las FARC, confinado en la penitenciar√≠a La Tramac√ļa de Valledupar, Cesar.
 
As√≠ podemos proponer otros compa√Īeros, los cuales m√°s que exponer su vida y sufrimientos propios narrar√≠an descarnadamente el dolor constante a que son sometidos m√°s de 130.000 presos colombianos que viven en completo abandono estatal, vulner√°ndoseles toda clase de derechos, someti√©ndolos a un hacinamiento de m√°s del 56%, alejados de sus familias, sin garant√≠as jur√≠dicas y procesales, confinados al tedio, el olvido, sin oportunidades laborales, soportando un r√©gimen netamente punitivo, con una campante corrupci√≥n y un abrumador desorden administrativo y judicial que solo tiene soluciones en la construcci√≥n de m√°s c√°rceles para poner en detrimento una vez m√°s el fisco nacional.
 
Adem√°s, los compa√Īeros escogidos llevar√°n a la mesa con estad√≠stica el trato cruel e inhumano que tenemos que soportar los prisioneros pol√≠ticos y de guerra tanto al momento de la captura como despu√©s de ella, ya que desde ese mismo instante, por el m√©todo prejuicioso de la rama judicial, ya estamos condenados de antemano y solo tenemos que limitarnos a esperar elevadas condenas por la misma desnaturalizaci√≥n del delito pol√≠ticos.
 
Hoy las prisiones colombianas son unos dep√≥sitos de seres humanos, por ello los prisioneros pol√≠ticos somos tratados de forma desigual, pues ya ni siquiera somos separados de los dem√°s presos, ll√°mense sociales, BACRIM o paramilitares, sumado a que no contamos con una debida atenci√≥n en salud, ni tampoco un trato especial para los adultos mayores y qu√© decir, para las compa√Īeras madres cabeza de hogar y en lactancia a las cuales el r√©gimen les secuestra a sus hijos, priv√°ndolos de la libertad. ¬ŅQu√© delito cometi√≥ el beb√©?¬† ¬ŅPor qu√© no dar beneficios jur√≠dicos o penas alternativas sustitutivas de la prisi√≥n para los lisiados de guerra, enfermos terminales¬† madres en lactancia y cabeza de hogar y adultos mayores?¬† Esto lo podr√≠a dar el gobierno desde ya como muestra real de paz.¬† Estos, as√≠ como otros temas ser√≠an llevados a la mesa de di√°logos de La Habana por los prisioneros pol√≠ticos y de guerra como v√≠ctimas del conflicto armado.
 
No podemos dejar pasar el ya acontecimiento donde ya en La Habana estuvieron una desertora de las FARC-EP, el general Mendieta, A√≠da Abella y otras treinta y tres v√≠ctimas de todo tipo, as√≠ que como prisioneros pol√≠ticos no vemos impedimento de participar en dicha mesa para all√≠ exponer los sufrimientos que padecemos los prisioneros pol√≠ticos y de guerra v√≠ctimas del conflicto armado que nos encontramos pudri√©ndonos en c√°rceles colombianas y del exterior por el √ļnico y leg√≠timo derecho de alzarnos contra reg√≠menes espurios y tir√°nicos que nos cerraron todos los caminos del di√°logo y la concertaci√≥n como salida civilizada a la grave crisis econ√≥mica, pol√≠tica y social que padece Colombia.¬† Por tanto, no queremos que se nos cierre ese espacio sino que por el contrario se abra para as√≠ llegar al entendimiento bajo el principio del respeto, la tolerancia y la sind√©resis.
 
PRISIONEROS POL√ćTICOS DEL ERON PICOTA


DECLARACION POLITICA DEL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE DELITO POL√ćTICO Y SITUACION DE LOS PRESOS POLITICOS


    
Más de 600 personas de todo el país nos encontramos en la ciudad de Bogotá el 15 de octubre, Día Nacional del Preso y la Detenida Política, para reflexionar sobre los diálogos de paz, el delito político y la situación de los presos políticos en Colombia y el mundo. Como resultado de este Seminario, los familiares y amigos de los presos políticos provenientes de distintas regiones del país, reconocidos analistas e investigadores, así como defensores de derechos humanos de países como Argentina, Chile, País Vasco, Palestina y Venezuela, declaramos que:

La desigualdad social, la represi√≥n institucional, la falta de garant√≠as para el ejercicio de los derechos fundamentales, la fragilidad de la democracia y la captura del Estado por parte de √©lites pol√≠ticas corruptas y excluyentes, as√≠ como el despojo de tierras a campesinos, ind√≠genas y afro-descendientes y la explotaci√≥n de los recursos estrat√©gicos de la naci√≥n por parte de las multinacionales con el apoyo de las fuerzas paramilitares, son las causas estructurales que han dado origen al conflicto social, pol√≠tico y armado que lleva m√°s de 50 a√Īos en el pa√≠s. En Colombia la poblaci√≥n contin√ļa padeciendo la violencia socio-pol√≠tica de un Estado que implementa varias formas para perseguir, reprimir y eliminar a la oposici√≥n, as√≠ como para criminalizar la protesta social y popular.

A pesar de que las luchas sociales y populares del pueblo colombiano han tenido expresiones pacíficas, el contexto de represión militar y de exclusión política y económica ha dado como resultado el levantamiento en armas de diferentes sectores sociales empobrecidos y el surgimiento de las insurgencias hacia mediados del silgo XX. En este sentido, es importante ubicar, en su justo lugar, el surgimiento de los actores políticos armados que, mediante la combinación de varias formas de lucha, han propendido por la toma del poder y la transformación de las estructuras políticas y económicas de la sociedad colombiana. Se trata de un sujeto social y político motivado por propósitos altruistas y que, en el derecho nacional e internacional, es tipificado como un delincuente político, es decir, como un detractor del orden social impuesto siempre que se trate de un orden social injusto.

Sin embargo, el estatus del delito pol√≠tico, que incluye en sus bases jur√≠dicas y filos√≥ficas el reconocimiento y el respeto hacia el oponente pol√≠tico y a su leg√≠timo derecho a disentir, se encuentra, hoy en d√≠a, desnaturalizado. Mediante la estrategia de ?guerra contra el terrorismo?, quien incurre en el delito pol√≠tico ya no es considerado como un rebelde que busca trasformar la sociedad y que emplea la violencia como √ļltimo recurso, necesario para instaurar un orden social justo, sino como un terrorista que amenaza la seguridad nacional y mundial del modelo econ√≥mico capitalista. Esta situaci√≥n ha desvirtuado la naturaleza pol√≠tica del conflicto armado colombiano y ha intensificado la persecuci√≥n a los procesos de resistencia popular, reflejada en el incremento de la represi√≥n y criminalizaci√≥n de la pobreza, sustentadas por una pol√≠tica criminal cuya regla general es la privaci√≥n permanente de la libertad.

La crisis carcelaria que vive el país no sólo se refleja por el alto índice de hacinamiento (más del 53%), sino por el incremento exacerbado de violaciones a los derechos de las personas privadas de la libertad y de sus familiares. Hoy en día, el sistema carcelario atraviesa por una grave crisis humanitaria profundizada por la Nueva Cultura Carcelaria que fue impuesta en el país con la firma del Plan Colombia y por medio del cual se han venido militarizando y privatizando las cárceles, afectando los derechos del conjunto de la población reclusa, con graves consecuencias para los presos y detenidas políticas. Esta crisis, ignorada conscientemente por el Estado colombiano, es el resultado del conflicto político y armado y sirve de muro de contención para silenciar las miles de voces de protesta que denuncian las arbitrariedades de quienes históricamente le han robado al pueblo su derecho a vivir dignamente.

En este sentido, y en el marco de la coyuntura actual de los Diálogos de Paz, el Seminario Internacional hace énfasis en tres (3) puntos fundamentales, necesarios para construir paz con justicia social:
1. El reconocimiento y la ampliación de la noción de delito político como un mecanismo central que permita avanzar hacia la solución política y negociada del conflicto.
2. El respeto al pensamiento crítico, al derecho a la protesta y a las diferentes formas organizativas del pueblo colombiano como un derecho a la paz y a la satisfacción integral de los derechos fundamentales.
3. La inclusión, en la agenda de paz, de la solución a la crisis carcelaria, la ratificación del Protocolo Facultativo contra la Tortura y la transformación de la actual política criminal, así como la inclusión de garantías de participación para la población reclusa.

Por eso las diferentes organizaciones que convocamos a este Seminario Internacional nos unimos a la ingente necesidad de rescatar, política e históricamente, la noción de delito político como base para el reconocimiento de las causas que dieron origen al conflicto político y armado. Así mismo, hacemos un llamado al Gobierno Nacional a que muestre una vocación real de paz y agilice los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional ? ELN ?. Exigimos, también, la asistencia de un representante de los presos y detenidas políticas en la próxima delegación de víctimas en los diálogos de la Habana, Cuba.

Por √ļltimo, y no menos importante, hacemos un llamado a todo el movimiento social y a la sociedad en general, a apoyar las jornadas de desobediencia pac√≠fica que se est√°n desarrollando en las c√°rceles del pa√≠s para que sea decretada la emergencia social carcelaria y se puedan establecer las bases para una verdadera transformaci√≥n del r√©gimen penitenciario y de la pol√≠tica criminal que lo sustenta.

¡Porque la paz son cambios, libertad a los presos y detenidas políticas!

Firman la declaración:

Asociaciones de familiares y amigos de los presos políticos de Colombia
Colectivos de presos políticos de Colombia
Asociación de ex - Detenidos Desaparecidos (AEDD) de la Argentina
Presos Políticos de Palestina
Presos Políticos del País Vasco
Izquierda Libertaria (Chile)
Estudiantes Venezolanos en Solidaridad con los Presos Políticos de Colombia
Organizaciones Internacionales en Apoyo a los Presos Políticos Colombianos
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
Universidad Pedagógica Nacional
Congreso de los pueblos


LAS LISTAS NEGRAS DEL TERRORISMO Y LAS FARC-EP


Por: Wldarico Fl√≥rez-Pe√Īa
Presidente
Brigada Jur√≠dica Eduardo Uma√Īa Mendoza
 
El se√Īor presidente de la republica Juan Manuel Santos acaba de llegar de una gira por Europa buscando apoyo para los di√°logos de paz que se adelantan en La Habana-Cuba con las FARC-EP.

Cre√≠amos que los pa√≠ses donde estuvo el se√Īor presidente iban a tomar la decisi√≥n de excluir de las listas negras del terrorismo que maneja la uni√≥n Europea a las FARC,¬† esa ser√≠a un verdadera contribuci√≥n de apoyo a los di√°logos de paz, pero todo indica que el tan mencionado apoyo de esos pa√≠ses es solo ret√≥rica y lo que ofrecen son unos supuestos recursos a trav√©s de una fondo econ√≥mico para √©l "posconflicto".

En la revista Taller[1] n√ļmero 30 de mayo-julio del 2012 en la p√°gina 78 el delito pol√≠tico en Colombia y la situaci√≥n de los prisioneros conclu√≠amos que el actual gobierno de Juan Manuel Santos le diera aplicaci√≥n a los principios DIH y que reconocieran que en Colombia existen prisioneros pol√≠ticos a quienes se les debe aplicar tal normatividad para que de una vez por todas se expida una amplia y generosa amnist√≠a para todos los presos pol√≠ticos.

El Estado Colombiano debe reconocer que en el enemigo militar hay un adversario u opositor político como presupuesto para buscar salidas políticas. El tratamiento de simples delincuentes - "amenaza terrorista" - reservado para los integrantes de insurgencia, debe ser superado excluyendo a las FARC de la lista de terroristas de la Unión Europea, pues estas son un ejército insurgente con un programa político nacional de hondo contenido social, cuyas filas han sido engrosadas por sectores perseguidos por la violencia estatal y víctimas de la exclusión social.

Esa inclusión en las listas negras del terrorismo[2] afecta garantías y el ejercicio de derechos fundamentales de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción y que han sido incluidas en las listas internacionales y cobijadas con medidas de lucha contra el terrorismo. Es el consejo de seguridad de las Naciones Unidas quien aplica estas medidas que afectan los derechos humanos y el respeto a las obligaciones en los tratados internacionales.

El Estado Colombiano en los dos periodos presidenciales de √Ālvaro Uribe V√©lez adopt√≥ la pol√≠tica de seguridad democr√°tica y de la "amenaza terrorista" con lo cual se afect√≥ gran parte de los instrumentos del derecho internacional relativo a los derechos humanos que prev√©n igualmente que ciertos derechos no pueden ser derogados ni siquiera en situaciones de urgencia; pol√≠tica que ha sido continuada por el se√Īor presiente Juan Manuel Santos.

La Uni√≥n Europea debe expulsar de las listas negras del terrorismo a las FARC-EP como una verdadera contribuci√≥n al proceso de paz de Colombia, ya que ellas no representan un peligro para la seguridad de Europa y tampoco son una amenaza terrorista, pues el papel que debe cumplir el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la supuesta lucha contra el terrorismo, seg√ļn su resoluci√≥n del 15 de Octubre 1999 S/RES/1267 en la en particular condena el terrorismo, congela fondos y otros recursos financieros, dicha resoluci√≥n ha venido siendo actualizada y Colombia ha incluido en su legislaci√≥n penal tales conductas que afectan la protecci√≥n de las libertades y derechos humanos en nombre de los intereses de las multinacionales, que precisamente tienen su asiento en la Uni√≥n Europea.

Estas listas negras de la ONU se establecen en absoluto secreto por el comit√© de sanciones a petici√≥n de los miembros del consejo de seguridad, las personas que figuran en esas listas no son informadas, no tienen la oportunidad de ser escuchadas y no exponen de ning√ļn recurso jur√≠dico y por lo tanto dichas pr√°cticas desacreditan la supuesta lucha internacional contra el terrorismo. El mismo parlamento del Consejo de Europa ha pedido el re-examen de los procedimientos de inscripci√≥n de las listas negras del terrorismo por considerar que estos violan los derechos humanos individuales y son "totalmente arbitrarios".

Estas famosas listas negras del terrorismo violan el debido proceso y han creado un sistema donde no hay derecho a ser oído, ni a exponer de un recurso judicial, ni a saber las verdaderas razones de su inclusión; ello quiere decir que esas listas negras siguen estando muy por debajo de los estándares de un estado de derecho y de un estado democrático como dice serlo el Colombiano.

La Unión Europea no puede seguir violando las obligaciones de los estados miembros de conformidad de la carta de las Naciones Unidas o impedir su ejecución, por lo que debe inmediatamente proceder a abolir esas famosas listas negras del terrorismo, pues solo con la aplicación de los principios fundadores de las Naciones Unidas corresponde al respeto de los derechos humanos y al imperio de la ley.

El verdadero apoyo a los diálogos de La Habana que adelanta el estado Colombiano con las FARC-EP pasa porque la Unión Europea replantee todo su entramado jurídico, cese la violación de los derechos humanos y que incluso ha puesto en peligro las libertades más importantes de la democracia, se debe seguir presionando para la democratización de esos procedimientos tan absurdos y de métodos empleados para luchar contra la supuesta amenaza del terrorismo a nivel internacional.

[1] Miguel √Āngel Beltr√°n Villegas, el delito pol√≠tico en Colombia, revista taller No.30 Mayo-Julio 2012-publicacion del Centro de Estudios e Investigaciones Sociales - CEIS.
 
[2] Rosmerlin Estupi√Īan Silva, Universidad de Valencia (Espa√Īa) Las listas negras del terrorismo y el respeto de los derechos fundamentales: reacciones judiciales europeas y respuestas de Naciones Unidas, Criterio Jur√≠dico Garantista, a√Īo 3 N√ļmero 4 Enero-Julio 2011, revista de la Facultad de Derecho Universidad Aut√≥noma de Colombia.


La marcha de los condenados



En Colombia la c√°rcel no puede funcionar si no es a condici√≥n de hacer recaer sobre el cuerpo del prisionero un sinn√ļmero de castigos adicionales a la privaci√≥n de la libertad.
El desfile de los acusados, casi ritual, es permanente al comparecer en los juzgados de la capital vallecaucana.


Lucas Restrepo Orrego*


En tiempos de virreyes y del derecho indiano, la marcha de los condenados constitu√≠a una parte muy importante del ritual punitivo colonial: la exposici√≥n p√ļblica del cuerpo del desgraciado, a veces a pie, a veces a caballo, vestido con el sambenito, en compa√Ī√≠a de una guardia modesta y el pregonero de la falta cometida. El destino final: la horca en un lugar apartado o la quema del cuerpo del inmoral. La ?fiesta punitiva? estaba integrada tanto por los suplicios como por la gran marcha que escenificaba de forma sangrienta, pero perfectamente racionalizada, la culpa del condenado y en la que todo el pueblo participaba con su mirada, su desprecio o su t√≠mida simpat√≠a.


Los tiempos cambiaron: de una parte, el humanismo liberal se impuso en los discursos jur√≠dico-penales y, de otra, el suplicio fue paulatinamente abandonado por un castigo privado y exhaustivamente reglamentado en miras a retomar el nuevo objeto del castigo: el alma y ya no el cuerpo. Sin embargo, apareci√≥ de forma extra√Īa a este movimiento liberal la estrategia de la prisi√≥n: una rehabilitaci√≥n sin rehabilitaci√≥n que termin√≥ ocultando y aislado el suplicio, integr√°ndolo a los peque√Īos mecanismos de control que constituyen las instituciones de encierro.


Mientras que, ya bien entrado el siglo XIX, el mundo rechazaba los castigos f√≠sicos a trav√©s de los c√≥digos penales cl√°sicos, en las nuevas c√°rceles de Francia, B√©lgica y Estados Unidos se implementaban peque√Īos rituales de tortura como una parte esencial de la imposici√≥n de la disciplina interna. Desapareci√≥ la humillaci√≥n p√ļblica pero emergi√≥, en su lugar, un sinn√ļmero de humillaciones privadas operadas ya no por autoridades judiciales sino por agentes administradores de la prisi√≥n.


Dimensiones brutales
Es as√≠ como, en nuestra sociedad, la c√°rcel no puede funcionar si no es a condici√≥n de hacer recaer sobre el cuerpo del prisionero un sinn√ļmero de castigos adicionales a la sola privaci√≥n de la libertad. ?Intercambio? de tiempo de libertad por rehabilitaci√≥n que viene acompa√Īado de un largo suplicio y que, en Colombia, adquiri√≥ ya dimensiones brutales.


Ahora bien, las importantes conquistas de los pueblos en las declaraciones de derechos contenidas en el texto constitucional de 1991 son, más que abstracciones humanistas, verdaderas reivindicaciones frente a los estados de dominación y explotación presentes en nuestra sociedad. Especialmente los prisioneros saben que el contenido de la dignidad humana trasciende cualquier discusión teórica entre un profesor de derecho constitucional y su alumno: ellos piden el control sobre sus cuerpos.


Pero ahora la brutalidad oculta ha empezado a superar la privacidad de los muros de las c√°rceles colombianas, especialmente de esas c√°rceles ilegales que son los ERON. Brutalidad perfectamente racionalizada y acompa√Īada de una mentalidad colonial degradante. Algo as√≠ como que ?si lo hacen en Estados Unidos, entonces es bueno?.


Pues bien, a la insoportable situaci√≥n que est√°n viviendo los presos en todas las c√°rceles del pa√≠s, se suma ahora una renovada ?marcha de los condenados?, como en los tiempos de Carlos III. Presos que llegan a las audiencias encadenados de pies y manos, rodeados de un peque√Īo ej√©rcito de guardianes del Inpec, trasladados desde las jaulas de los juzgados hasta las diminutas salas de audiencias de nuestro sistema acusatorio, expuestos al escarnio y a la humillaci√≥n p√ļblica.

Una humillación
En la ciudad de Cali, por ejemplo, con una intensidad hasta parad√≥jica vivimos esa humillaci√≥n. La nueva obra p√ļblica, el ?Boulevard del r√≠o? construido sobre la avenida Colombia, se convirti√≥ en la ruta de nuestra contempor√°nea marcha de los condenados: dos cuadras de este hermoso sendero peatonal paralelo al r√≠o Cali y que circunda el centro de la ciudad, son el nuevo callej√≥n de las humillaciones: personas encadenadas de pies y manos transitan dif√≠cilmente la imponente obra, flanqueados por su azul escolta y observados no sin sorpresa por algunos transe√ļntes.


El contraste es sorprendente: un s√≠mbolo del ?renacer cale√Īo? pareciera verse moment√°neamente manchado por el lento y hasta rid√≠culo caminar de esos sucios ?malandros?.
No obstante, podemos lanzar otra mirada: aquel progreso gris no puede venir si no est√° acompa√Īado de la sangre y el sufrimiento. El feo espect√°culo que se ofrece en tan inmaculado lugar es un recordatorio: caminar√°s por este boulevard libre o encadenado. Es tu decisi√≥n.
¬ŅY a semejante brutalidad que contestar√° el Inpec o la ministra de Justicia? Que se han presentado fugas, que la guardia no tiene capacidad log√≠stica para responder a los pedidos de la Justicia, que no hay recursos para ofrecer un tratamiento humanitario, que algunos presos son de alta peligrosidad.


Y más allá de las respuestas obvias que cualquiera podría ofrecer (que las fugas no son responsabilidad de los presos sino del Inpec mismo, que no tienen por qué sufrir las consecuencias de la ineficiente Justicia colombiana, que la peligrosidad marcada por una acusación no autoriza un tratamiento indigno, que la inocencia y la buena fe se presumen, etc.) lo cierto es que a la ministra no le interesa seguir escarbando las minucias de la brutalidad punitiva y que al Inpec no le interesa más mala propaganda.


El caso de Cali es, pues, una incomodidad porque es inevitablemente p√ļblico y, sin embargo, es el modelo que se implementar√° de manera generalizada. En un pa√≠s donde la palabra ?dignidad humana? abunda en las sentencias judiciales pero escasea en la vida real, nada mejor que hacer efectiva la funci√≥n preventiva del castigo haci√©ndolo brutal, p√ļblico y desplegando con toda intensidad esa brutalidad en los escenarios m√°s simb√≥licos. Los tiempos de las masacres en la plaza p√ļblica no han terminado, solo que ahora la sutileza es el signo de la barbarie.


Este escrito es un homenaje a las prisioneras pol√≠ticas de la c√°rcel de Jamund√≠, quienes de forma valiente y arriesg√°ndose a castigos insoportables han decidido denunciar la nueva ?marcha de los condenados?. En nombre de todos los presos del pa√≠s, nos han pedido a la sociedad colombiana que acabemos con esta ignominia. Que rechacemos estos brutales encadenamientos y estas humillaciones p√ļblicas a que son sometidas. Nos han pedido tambi√©n que denunciemos y exijamos el fin de la tortura llamada disciplina, porque no es solo carencia de recursos para atender a los presos sino tambi√©n estrategia para someter sus deseos y sus ideas.


* Abogado penalista y defensor de derechos humanos, egresado de la Pontificia Universidad Javeriana Cali y especialista en derecho p√ļblico de la Universidad Externado de Colombia. Miembro de la Corporaci√≥n Colectivo de Abogados Suyana y afiliado de Acadehum. Docente en derecho constitucional.