LAS LISTAS NEGRAS DEL TERRORISMO Y LAS FARC-EP


Por: Wldarico Fl√≥rez-Pe√Īa
Presidente
Brigada Jur√≠dica Eduardo Uma√Īa Mendoza
 
El se√Īor presidente de la republica Juan Manuel Santos acaba de llegar de una gira por Europa buscando apoyo para los di√°logos de paz que se adelantan en La Habana-Cuba con las FARC-EP.

Cre√≠amos que los pa√≠ses donde estuvo el se√Īor presidente iban a tomar la decisi√≥n de excluir de las listas negras del terrorismo que maneja la uni√≥n Europea a las FARC,¬† esa ser√≠a un verdadera contribuci√≥n de apoyo a los di√°logos de paz, pero todo indica que el tan mencionado apoyo de esos pa√≠ses es solo ret√≥rica y lo que ofrecen son unos supuestos recursos a trav√©s de una fondo econ√≥mico para √©l "posconflicto".

En la revista Taller[1] n√ļmero 30 de mayo-julio del 2012 en la p√°gina 78 el delito pol√≠tico en Colombia y la situaci√≥n de los prisioneros conclu√≠amos que el actual gobierno de Juan Manuel Santos le diera aplicaci√≥n a los principios DIH y que reconocieran que en Colombia existen prisioneros pol√≠ticos a quienes se les debe aplicar tal normatividad para que de una vez por todas se expida una amplia y generosa amnist√≠a para todos los presos pol√≠ticos.

El Estado Colombiano debe reconocer que en el enemigo militar hay un adversario u opositor político como presupuesto para buscar salidas políticas. El tratamiento de simples delincuentes - "amenaza terrorista" - reservado para los integrantes de insurgencia, debe ser superado excluyendo a las FARC de la lista de terroristas de la Unión Europea, pues estas son un ejército insurgente con un programa político nacional de hondo contenido social, cuyas filas han sido engrosadas por sectores perseguidos por la violencia estatal y víctimas de la exclusión social.

Esa inclusión en las listas negras del terrorismo[2] afecta garantías y el ejercicio de derechos fundamentales de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción y que han sido incluidas en las listas internacionales y cobijadas con medidas de lucha contra el terrorismo. Es el consejo de seguridad de las Naciones Unidas quien aplica estas medidas que afectan los derechos humanos y el respeto a las obligaciones en los tratados internacionales.

El Estado Colombiano en los dos periodos presidenciales de √Ālvaro Uribe V√©lez adopt√≥ la pol√≠tica de seguridad democr√°tica y de la "amenaza terrorista" con lo cual se afect√≥ gran parte de los instrumentos del derecho internacional relativo a los derechos humanos que prev√©n igualmente que ciertos derechos no pueden ser derogados ni siquiera en situaciones de urgencia; pol√≠tica que ha sido continuada por el se√Īor presiente Juan Manuel Santos.

La Uni√≥n Europea debe expulsar de las listas negras del terrorismo a las FARC-EP como una verdadera contribuci√≥n al proceso de paz de Colombia, ya que ellas no representan un peligro para la seguridad de Europa y tampoco son una amenaza terrorista, pues el papel que debe cumplir el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la supuesta lucha contra el terrorismo, seg√ļn su resoluci√≥n del 15 de Octubre 1999 S/RES/1267 en la en particular condena el terrorismo, congela fondos y otros recursos financieros, dicha resoluci√≥n ha venido siendo actualizada y Colombia ha incluido en su legislaci√≥n penal tales conductas que afectan la protecci√≥n de las libertades y derechos humanos en nombre de los intereses de las multinacionales, que precisamente tienen su asiento en la Uni√≥n Europea.

Estas listas negras de la ONU se establecen en absoluto secreto por el comit√© de sanciones a petici√≥n de los miembros del consejo de seguridad, las personas que figuran en esas listas no son informadas, no tienen la oportunidad de ser escuchadas y no exponen de ning√ļn recurso jur√≠dico y por lo tanto dichas pr√°cticas desacreditan la supuesta lucha internacional contra el terrorismo. El mismo parlamento del Consejo de Europa ha pedido el re-examen de los procedimientos de inscripci√≥n de las listas negras del terrorismo por considerar que estos violan los derechos humanos individuales y son "totalmente arbitrarios".

Estas famosas listas negras del terrorismo violan el debido proceso y han creado un sistema donde no hay derecho a ser oído, ni a exponer de un recurso judicial, ni a saber las verdaderas razones de su inclusión; ello quiere decir que esas listas negras siguen estando muy por debajo de los estándares de un estado de derecho y de un estado democrático como dice serlo el Colombiano.

La Unión Europea no puede seguir violando las obligaciones de los estados miembros de conformidad de la carta de las Naciones Unidas o impedir su ejecución, por lo que debe inmediatamente proceder a abolir esas famosas listas negras del terrorismo, pues solo con la aplicación de los principios fundadores de las Naciones Unidas corresponde al respeto de los derechos humanos y al imperio de la ley.

El verdadero apoyo a los diálogos de La Habana que adelanta el estado Colombiano con las FARC-EP pasa porque la Unión Europea replantee todo su entramado jurídico, cese la violación de los derechos humanos y que incluso ha puesto en peligro las libertades más importantes de la democracia, se debe seguir presionando para la democratización de esos procedimientos tan absurdos y de métodos empleados para luchar contra la supuesta amenaza del terrorismo a nivel internacional.

[1] Miguel √Āngel Beltr√°n Villegas, el delito pol√≠tico en Colombia, revista taller No.30 Mayo-Julio 2012-publicacion del Centro de Estudios e Investigaciones Sociales - CEIS.
 
[2] Rosmerlin Estupi√Īan Silva, Universidad de Valencia (Espa√Īa) Las listas negras del terrorismo y el respeto de los derechos fundamentales: reacciones judiciales europeas y respuestas de Naciones Unidas, Criterio Jur√≠dico Garantista, a√Īo 3 N√ļmero 4 Enero-Julio 2011, revista de la Facultad de Derecho Universidad Aut√≥noma de Colombia.


La marcha de los condenados



En Colombia la c√°rcel no puede funcionar si no es a condici√≥n de hacer recaer sobre el cuerpo del prisionero un sinn√ļmero de castigos adicionales a la privaci√≥n de la libertad.
El desfile de los acusados, casi ritual, es permanente al comparecer en los juzgados de la capital vallecaucana.


Lucas Restrepo Orrego*


En tiempos de virreyes y del derecho indiano, la marcha de los condenados constitu√≠a una parte muy importante del ritual punitivo colonial: la exposici√≥n p√ļblica del cuerpo del desgraciado, a veces a pie, a veces a caballo, vestido con el sambenito, en compa√Ī√≠a de una guardia modesta y el pregonero de la falta cometida. El destino final: la horca en un lugar apartado o la quema del cuerpo del inmoral. La ?fiesta punitiva? estaba integrada tanto por los suplicios como por la gran marcha que escenificaba de forma sangrienta, pero perfectamente racionalizada, la culpa del condenado y en la que todo el pueblo participaba con su mirada, su desprecio o su t√≠mida simpat√≠a.


Los tiempos cambiaron: de una parte, el humanismo liberal se impuso en los discursos jur√≠dico-penales y, de otra, el suplicio fue paulatinamente abandonado por un castigo privado y exhaustivamente reglamentado en miras a retomar el nuevo objeto del castigo: el alma y ya no el cuerpo. Sin embargo, apareci√≥ de forma extra√Īa a este movimiento liberal la estrategia de la prisi√≥n: una rehabilitaci√≥n sin rehabilitaci√≥n que termin√≥ ocultando y aislado el suplicio, integr√°ndolo a los peque√Īos mecanismos de control que constituyen las instituciones de encierro.


Mientras que, ya bien entrado el siglo XIX, el mundo rechazaba los castigos f√≠sicos a trav√©s de los c√≥digos penales cl√°sicos, en las nuevas c√°rceles de Francia, B√©lgica y Estados Unidos se implementaban peque√Īos rituales de tortura como una parte esencial de la imposici√≥n de la disciplina interna. Desapareci√≥ la humillaci√≥n p√ļblica pero emergi√≥, en su lugar, un sinn√ļmero de humillaciones privadas operadas ya no por autoridades judiciales sino por agentes administradores de la prisi√≥n.


Dimensiones brutales
Es as√≠ como, en nuestra sociedad, la c√°rcel no puede funcionar si no es a condici√≥n de hacer recaer sobre el cuerpo del prisionero un sinn√ļmero de castigos adicionales a la sola privaci√≥n de la libertad. ?Intercambio? de tiempo de libertad por rehabilitaci√≥n que viene acompa√Īado de un largo suplicio y que, en Colombia, adquiri√≥ ya dimensiones brutales.


Ahora bien, las importantes conquistas de los pueblos en las declaraciones de derechos contenidas en el texto constitucional de 1991 son, más que abstracciones humanistas, verdaderas reivindicaciones frente a los estados de dominación y explotación presentes en nuestra sociedad. Especialmente los prisioneros saben que el contenido de la dignidad humana trasciende cualquier discusión teórica entre un profesor de derecho constitucional y su alumno: ellos piden el control sobre sus cuerpos.


Pero ahora la brutalidad oculta ha empezado a superar la privacidad de los muros de las c√°rceles colombianas, especialmente de esas c√°rceles ilegales que son los ERON. Brutalidad perfectamente racionalizada y acompa√Īada de una mentalidad colonial degradante. Algo as√≠ como que ?si lo hacen en Estados Unidos, entonces es bueno?.


Pues bien, a la insoportable situaci√≥n que est√°n viviendo los presos en todas las c√°rceles del pa√≠s, se suma ahora una renovada ?marcha de los condenados?, como en los tiempos de Carlos III. Presos que llegan a las audiencias encadenados de pies y manos, rodeados de un peque√Īo ej√©rcito de guardianes del Inpec, trasladados desde las jaulas de los juzgados hasta las diminutas salas de audiencias de nuestro sistema acusatorio, expuestos al escarnio y a la humillaci√≥n p√ļblica.

Una humillación
En la ciudad de Cali, por ejemplo, con una intensidad hasta parad√≥jica vivimos esa humillaci√≥n. La nueva obra p√ļblica, el ?Boulevard del r√≠o? construido sobre la avenida Colombia, se convirti√≥ en la ruta de nuestra contempor√°nea marcha de los condenados: dos cuadras de este hermoso sendero peatonal paralelo al r√≠o Cali y que circunda el centro de la ciudad, son el nuevo callej√≥n de las humillaciones: personas encadenadas de pies y manos transitan dif√≠cilmente la imponente obra, flanqueados por su azul escolta y observados no sin sorpresa por algunos transe√ļntes.


El contraste es sorprendente: un s√≠mbolo del ?renacer cale√Īo? pareciera verse moment√°neamente manchado por el lento y hasta rid√≠culo caminar de esos sucios ?malandros?.
No obstante, podemos lanzar otra mirada: aquel progreso gris no puede venir si no est√° acompa√Īado de la sangre y el sufrimiento. El feo espect√°culo que se ofrece en tan inmaculado lugar es un recordatorio: caminar√°s por este boulevard libre o encadenado. Es tu decisi√≥n.
¬ŅY a semejante brutalidad que contestar√° el Inpec o la ministra de Justicia? Que se han presentado fugas, que la guardia no tiene capacidad log√≠stica para responder a los pedidos de la Justicia, que no hay recursos para ofrecer un tratamiento humanitario, que algunos presos son de alta peligrosidad.


Y más allá de las respuestas obvias que cualquiera podría ofrecer (que las fugas no son responsabilidad de los presos sino del Inpec mismo, que no tienen por qué sufrir las consecuencias de la ineficiente Justicia colombiana, que la peligrosidad marcada por una acusación no autoriza un tratamiento indigno, que la inocencia y la buena fe se presumen, etc.) lo cierto es que a la ministra no le interesa seguir escarbando las minucias de la brutalidad punitiva y que al Inpec no le interesa más mala propaganda.


El caso de Cali es, pues, una incomodidad porque es inevitablemente p√ļblico y, sin embargo, es el modelo que se implementar√° de manera generalizada. En un pa√≠s donde la palabra ?dignidad humana? abunda en las sentencias judiciales pero escasea en la vida real, nada mejor que hacer efectiva la funci√≥n preventiva del castigo haci√©ndolo brutal, p√ļblico y desplegando con toda intensidad esa brutalidad en los escenarios m√°s simb√≥licos. Los tiempos de las masacres en la plaza p√ļblica no han terminado, solo que ahora la sutileza es el signo de la barbarie.


Este escrito es un homenaje a las prisioneras pol√≠ticas de la c√°rcel de Jamund√≠, quienes de forma valiente y arriesg√°ndose a castigos insoportables han decidido denunciar la nueva ?marcha de los condenados?. En nombre de todos los presos del pa√≠s, nos han pedido a la sociedad colombiana que acabemos con esta ignominia. Que rechacemos estos brutales encadenamientos y estas humillaciones p√ļblicas a que son sometidas. Nos han pedido tambi√©n que denunciemos y exijamos el fin de la tortura llamada disciplina, porque no es solo carencia de recursos para atender a los presos sino tambi√©n estrategia para someter sus deseos y sus ideas.


* Abogado penalista y defensor de derechos humanos, egresado de la Pontificia Universidad Javeriana Cali y especialista en derecho p√ļblico de la Universidad Externado de Colombia. Miembro de la Corporaci√≥n Colectivo de Abogados Suyana y afiliado de Acadehum. Docente en derecho constitucional.



LOS PRESOS COLOMBIANOS, VICTIMAS DEL DESARROLLO



Por: Julián Cortés

El pasado 26 de octubre, la delegaci√≥n de la insurgencia de las FARC-EP en la Habana sorprend√≠a a la opini√≥n p√ļblica, con un nuevo t√©rmino para referirse a quienes han sufrido las consecuencias del modelo de desarrollo impuesto en Am√©rica Latina, y en el caso particular de Colombia, llamando a estos ?v√≠ctimas del desarrollo?. Dentro de lo que la delegaci√≥n ha llamado propuestas m√≠nimas para el reconocimiento de las v√≠ctimas, dicen: ?el modelo econ√≥mico y la pol√≠tica econ√≥mica han sido factores hist√≥ricos del origen y persistencia de procesos de victimizaci√≥n pol√≠tica, econ√≥mica, social y cultural?

Esta podr√≠a parecer una arista mas de tantas que tiene el conflicto colombiano, y podr√≠a pensarse que lo √ļnico que hace es complicar las cosas al poner mas talanqueras y definiciones tratando de encontrar los responsables de nuestra desgracia nacional. As√≠ como van las cosas, hablando de los responsables hist√≥ricos de la persecuci√≥n contra la izquierda colombiana, y en general, del conflicto armado en Colombia, ya se ha hablado no solo de los autores materiales como l√≠deres paramilitares y militares con vinculaci√≥n y rango dentro de estas estructuras, sino tambi√©n de los responsables intelectuales, quienes terminan siendo el mismo estado colombiano, y varios empresarios nacionales y multinacionales que apoyaron financieramente a los grupos paramilitares.

Sin embargo es muy importante que ahora tambi√©n se empiece hablar de los responsables indirectos, esos que gracias al efecto mariposa terminan siendo protagonistas invisibles de nuestra realidad y, en palabras comunes, se hacen los pendejos al aceptar responsabilidades. A√Īos atr√°s el l√≠der ind√≠gena Embera, Kimi Pern√≠a Domic√≥ quien dedic√≥ sus esfuerzos para luchar en contra de la represa de Urr√° y en defensa del agua, y quien fuese asesinado por los paramilitares en el 2001 como confes√≥ Salvatore Mancuso, pronunciaba estas palabras: ?A nosotros nos han acusado de estar en contra del desarrollo. Esa es una palabra dif√≠cil. Como dec√≠a un l√≠der ind√≠gena, m√°s que analizar el desarrollo, lo que nos ha tocado a nosotros es defendernos de √©l?.

En su sabidur√≠a, el l√≠der Embera coincid√≠a con buena parte de los colombianos entendiendo claramente qui√©nes son los verdaderos responsables de nuestra desgracia y que al pueblo colombiano le ha tocado defenderse del modelo de desarrollo mas que disfrutarlo. Un ejemplo cl√°sico que frecuentemente usamos para referirnos sobre las v√≠ctimas del modelo econ√≥mico, es la cifra de ni√Īos que mueren por hambre en Colombia. Parad√≥jicamente, siempre se nos hab√≠a dicho durante muchos a√Īos que el problema de Colombia eran las FARC, pero resulta que durante esos mismos a√Īos yac√≠an muertos m√°s ni√Īos de hambre, que como resultado del conflicto armado. Seg√ļn cifras presentadas en el peri√≥dico Portafolio, 5.000 ni√Īos mor√≠an de hambre en el a√Īo 2011. Lo mismo ocurre con las cifras de muertes violentas (14.782 en 2013) y las v√≠ctimas de accidentes de tr√°nsito (6.000 en el 2009); as√≠ pues, se pone en evidencia que han sido mas peligrosos los parachoques
 de los automóviles que los fusiles de las FARC. A pesar de esto, Uribe tenía a la mayoría de los colombianos convencidos de que la insurgencia era el principal problema del país.

Todo modelo de desarrollo que promueve un estado se plasma en políticas que se concentran en determinados sectores; desde la izquierda se han hecho fuertes críticas a la política económica, la política agraria, la política petrolera, pero quienes padecimos la cárcel, reflexionamos también sobre la política criminal en Colombia, la cual hace parte fundamental del modelo de desarrollo y como tal, hace parte de la maquinaria que beneficia el capital. Así lo describe la reciente infografía del periódico El Tiempo titulada?el país detrás de las rejas?, donde menciona que de los casi 120.000 prisioneros 1.441 trabajan en 61 maquilas de empresas privadas, obviamente, como lo pudimos constatar presencialmente, estas empresas no cumplen siquiera con el salario mínimo legal vigente para pagarles a los internos. De esta manera, los prisioneros se convierten en una fuerza de trabajo importante (aunque en las cárceles también hay desempleo), que
lucra unos cuantos bolsillos con la connivencia de las autoridades. Pese a existir varias sentencias de las cortes obligando a pagar el salario justo a los prisioneros, esta situación no ha cambiado; y por el contrario, se vuelve una atractiva alternativa para empresarios que quieran aumentar sus ganancias a costa de mano de obra mas barata que la del mercado laboral puertas afuera de las cárceles.

Este es tan solo un ejemplo de todo el potencial de negocio que pueden a llegar a ser las c√°rceles, como ocurre actualmente en EEUU, donde las prisiones que han sido privatizadas, como fruto de la pol√≠tica neoliberal, generan jugosos beneficios producto del mercado carcelario. De esta manera, los presos son a su vez clientes y hay que darles un buen servicio que se cobra al Estado, o a ellos mismos con su mano de obra. A mas delincuentes, mas presos, mas clientes y mas dividendos. As√≠ las cosas, se entiende c√≥mo el proyecto neoliberal tambi√©n tiene un espacio de negocio para potenciales clientes desechados por el mismo sistema que los excluye de m√ļltiples formas. La sociedad del terror tambi√©n genera dividendos, el mercado de c√°maras de vigilancia, aparatos electr√≥nicos, vigilancia privada, aumento de pie de fuerza, armas antidisturbios, y dem√°s negocios colaterales, tambi√©n se benefician del aumento de la delincuencia y del miedo generalizado
que este genera.

Incluso usted se√Īor lector, si se arrima a su ventana, se dar√° cuenta que esa reja met√°lica - tan extra√Īa para el extranjero pero tan com√ļn para el colombiano-, que lo protege de la delincuencia exacerbada por el modelo de desarrollo, parad√≥jicamente, tambi√©n beneficia econ√≥micamente a la empresa que fabrica las rejas met√°licas. Las paradojas del capitalismo.


REFERENCIAS

Beltr√°n, M. (Abril, 2013). Colombia: C√°rceles de la miseria y miseria de las c√°rceles (30/04/2013)http://www.traspasalosmuros.net/node/1295
Cortés, J. (sep, 2012). Para donde va la política criminal en Colombia. Periódico Voz, edicion 2655.https://www.scribd.com/doc/148381665/Para-Donde-Va-La-Politica-Criminal-en-Colombia
Jaramillo, E. (2011). Kimy, palabra y espiritu de un rio.
El Tiempo. Infografía: El país detrás de las rejas. (Nov 1, 2014)
http://www.eltiempo.com/multimedia/infografias/carceles-y-presos-de-colombia/14739475?hootPostID=e9dc6d4db845a1772d6482339453fcf6
Portafolio. (dic 16,2011). Al menos 5000 ni√Īos mueren hambre al a√Īo en Colombia
http://www.portafolio.co/economia/al-menos-5000-ninos-mueren-hambre-al-ano-colombia
El Espectador, (22 nov, 2010). En Colombia las muertes por accidente de tr√°nsito triplican a las del conflicto armado.http://www.elespectador.com/noticias/nacional/colombia-muertes-accidente-de-transito-triplican-del-co-articulo-236122
El Espectador, (5 ene, 2014). Colombia registró 14.782 homicidios en 2013, 8% menos que en 2012.http://www.elespectador.com/noticias/judicial/colombia-registro-14782-homicidios-2013-8-menos-2012-articulo-467041



TRATO DISCRIMINATORIO PARA EL PRISIONERO POLITICO TULIO MURILLO - DENUNCIA PUBLICA

Denuncia de trato discriminatorio y revictimizante para el prisionero
político Tulio Murillo por parte del gobierno nacional, en cabeza del
ministerio de justicia y el INPEC, al impedir su salida de la c√°rcel de
C√ļcuta a trav√©s de un permiso especial de 72 horas, para participar en la
cuarta audiencia de víctimas del conflicto armado en la mesa de
conversaciones entre el gobierno Colombiano y las FARC- EP.

Tulio Murillo fue seleccionado en el cuarto grupo de victimas por
representar los numerosos casos documentados de miembros de la insurgencia
que han sido torturados, asesinados fuera de combate  y en estado de
indefensión y desaparecidos por parte de miembros de las fuerzas militares
y organismos de seguridad del estado o que han sufrido el desplazamiento,
la desaparición y el asesinato de sus familiares por parte de grupos
paramilitares y miembros de la fuerza p√ļblica como m√©todo de represi√≥n
sistem√°tica contra aquellos Colombianos alzados en armas.

Es importante informar que debido a las m√ļltiples denuncias realizadas por
las organizaciones defensoras de prisioneros (as) políticas (as) y de
Derechos Humanos y la remisión de casos documentados de prisioneros
políticos y de guerra que han sido víctimas de violaciones sistemáticas a
los DD HH y al DIH en el conflicto armado en Colombia, la oficina del alto
comisionado de las naciones unidas en Colombia (PNUD) estudio con
particular atención los casos de los prisioneros políticos y de guerra
Tulio Murillo, preso en la c√°rcel de C√ļcuta, Jader Antonio L√≥pez L√≥pez,
preso en la c√°rcel la Picota de Bogot√° y Marvel Zamora, prisionero en la
c√°rcel la Tramacua de Valledupar. En estos tres casos se produjeron
violaciones flagrantes a los derechos humanos como la amputación de una de
las extremidades inferiores, desaparición de familiares y torturas.

El caso de Tulio Murillo es emblem√°tico porque este insurgente de las FARC
fue capturado en combate por parte del ejército nacional, pero una vez
hecho prisionero y en estado de indefensión miembros de las Fuerzas Armadas
lo sometieron a terribles torturas y le causaron heridas graves que
provocaron la perdida de una de sus piernas y su posterior amputación.

Este caso ha sido denunciado ante organismos nacionales e internacionales
de Derechos Humanos  y ante la fiscalía general de la nación sin que hasta
la fecha se hayan iniciado investigaciones para determinar las
responsabilidades por parte de funcionarios del estado en la comisión de
estos delitos.

Una vez establecido que el prisionero político y de guerra Tulio Murillo es
una víctima reconocida del conflicto armado en Colombia,  la oficina de la
ONU en Colombia lo incluyo en la cuarta delegación de victimas que viajaría
a Cuba a participar en la próxima Audiencia con los representantes del
gobierno Colombiano y las FARC que integran la mesa de conversaciones de la
Habana, que se realizara  los días 03, 04 y 05 de Noviembre, pero el
ministerio de justicia de manera negligente no realizo los tr√°mites
pertinentes para que el juez de ejecución de penas y medidas que lleva el
caso, autorizara un permiso especial de 72 horas para que Tulio Murillo
saliera de la c√°rcel de C√ļcuta y se trasladara junto con 11 v√≠ctimas m√°s a
Cuba. Su participación en la audiencia de victimas se reducirá a la
proyección de un video de 15 minutos que fue grabado por funcionarios de la
ONU en Colombia.

Esto sin lugar a dudas rompe abruptamente con el trato igualitario que se
le debe dar a las víctimas del conflicto en Colombia y re victimiza  a los
prisioneros políticos, pues el ejercicio de las audiencias en la mesa de la
Habana debe ser presencial y garantista, además la participación de
distintos tipos de victimas: De las FARC, los Paramilitares y el estado, es
un esfuerzo en el camino de la reconciliación y el perdón desde las
víctimas y la sociedad, tal como quedo demostrado con la participación de
los anteriores grupos de victimas en los que se pudo reunir frente a frente
a víctimas de las FARC como el general Mendieta  con víctimas del estado
como el hijo de José Antequera; *por lo tanto denunciamos esta actuación
discriminatoria y re victimizante del Ministerio de Justicia y del INPEC
para con el prisionero político y víctima del conflicto Tulio Murillo y
exigimos que se le permita viajar a Cuba mediante un permiso especial de 72
horas y se integre al grupo de victimas que ya encuentra en la Habana.

Los prisioneros políticos son luchadores populares y víctimas del
conflicto armado y  de la represión estatal. Exigimos la amnistía general
para todos los prisioneros políticos y de guerra en Colombia

Fundación de Solidaridad y Defensa con la Población Carcelaria de Colombia Juan David Pineda Cardona