STATEMENT REGARDING THE RELEASE OF JOURNALIST AND ANNCOL FOUNDER JOAQUIN PEREZ BECERRA

The International Network in Solidarity with Political Prisoners in Colombia (INSPP) welcomes the long-overdue release of the director of ANNCOL, Joaqu√≠n P√©rez Becerra. The imprisonment of the internationally renowned journalist was a politically motivated attack on the opposition to the governments of √Ālvaro Uribe V√©lez and Juan Manuel Santos and an egregious violation of Mr P√©rez' civil and democratic rights. It is not possible to restore the 1,178 days stolen from Mr P√©rez but significant compensation must now be due to him.

The unfounded nature of the charges against Mr P√©rez is now established, as it has been in several other high profile cases in recent years. In fact, the attempt by the government of Colombia to silence advocates of social justice and defenders of human rights with the use of trumped up charges of this sort ‚Äď the so-called FARC-politica ‚Äď has collapsed. In view of this judgement of history, we renew our demand for the quashing of the harsh sentence handed down on human rights defender Liliany Obando, another victim of the same criminally opportunistic tactic employed by the Colombian government. The deprivation of liberty and colossal fine imposed on Ms Obando cannot be allowed to stand.

In making its decision rightly ordering the release of Mr Perez, the Court found that the evidence used to criminalise a number of high profile human rights defenders, journalists, academics and members of the political opposition under the so called FARC-Politica ‚Äď evidence such as word documents allegedly found on magic computers captured from FARC commanders ‚Äď cannot be admitted.

In light of this finding, the INSPP believes all cases currently under investigation and pending that use the same evidence have no case to answer and should be dismissed.

We salute Joaquin Pérez Becerra on his release and wish him a safe return to Sweden (of which he is a citizen) where he will be reunited with his family.

We call on the government of Juan Manuel Santos to guarantee the safety and physical integrity of Mr Pérez while awaiting his return.

We take this opportunity to appeal once again for the release of all Colombia's over 9,500 political prisoners, victims of the lack of social justice and democratic rights in the country and the war being waged on its people.

In solidarity,

INSPP


LXS PRISIONERXS POLITICXS SON VICTIMAS DEL ESTADO COLOMBIANO

LOS PRISIONEROS POL√ćTICOS Y DE GUERRA SON V√ćCTIMAS DEL ESTADO COLOMBIANO
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LOS PRISIONEROS POL√ćTICOS Y DE GUERRA SON V√ćCTIMAS DEL ESTADO
POR: WLDARICO FLOREZ-PE√ĎA
Presidente BRIGADA JURIDICA EDUARDO UMA√ĎA MENDOZA
A los prisioneros políticos y de guerra, no solamente se le viola el derecho de defensa, el debido proceso y al conocimiento de sus derechos, también sus derechos consagrados en los marcos legales nacionales e internacionales.
Los abogados defensores de DDHH hemos podido comprobar en nuestro ejercicio profesional, que estas violaciones e infracciones son sistemáticas por parte del Estado colombiano a través de instituciones como el INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario), La Fiscalía General de la Nación, El Ministerio de Justicia, entre otros.
Desconocen derechos como la vida, la prescripción de la pena de muerte, prohibición de las torturas y de la desaparición forzada, derecho a la intimidad, inviolabilidad de la correspondencia, libre desarrollo de la personalidad, libertad de conciencia, de opinión, de petición, de habeas corpus, prisión perpetua contemplado en la Constitución Política de Colombia de 1991.
.
Queremos con este documento, poner en conocimiento de las partes en los diálogos de la Habana, en el punto cuarto sobre las víctimas, precisamente como un sector de la población colombiana que hoy se encuentra privada de la libertad y es una víctima que ha sido invisibilizada por la sociedad y el mismo Estado colombiano. Sabemos, sin embargo, que el material que presentamos es insuficiente sino se enriquece con los aportes de los propios Prisioneros Políticos y de Guerra (PPYG). No obstante es un paso inicial en el camino que esperamos todos los colombianos demos para transitar hacia la paz con justicia social y respeto a los DDHH, en especial a la Dignidad de los Prisioneros.
La observancia de los DDHH para los PPYG, debe ser una importante conquista en los diálogos de la Habana, dado que su desconocimiento sistemático y reiterado y menosprecio han originado gravísimas violaciones e infracciones a los convenios y tratados ratificados por Colombia, originando actos de barbarie y ultrajes para la conciencia de la humanidad.
Son víctimas los prisioneros políticos y de guerra (PPYG) (Ley 1448/11), por parte del Estado por el trato inhumano y el respeto
LOS PRISIONEROS POL√ćTICOS Y DE GUERRA SON V√ćCTIMAS DEL ESTADO COLOMBIANO
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debido a la dignidad inherente al ser humano, por el menoscabo de
sus derechos humanos vigentes en virtud de las leyes, convenios,
reglamentos o costumbres.
Por ejemplo las valiosas normas rectoras de la Ley Penal colombiana,
(Ley 906 de 2004), como la dignidad humana, igualdad, las normas
rectoras y fuerza normativa , que deben prevalecer sobre las dem√°s;
NO se aplican a los PPYG, para citar solo un caso como el de Simón
Trinidad donde se le violo el artículo 18 de la norma citada.
En el caso de las mujeres su condición especial de embarazo, madres
lactantes, los ni√Īos y los j√≥venes, las personas de edad, los enfermos
y los impedidos son discriminados y su violación de derechos es más
preocupante.
Es tan grave la situación de los PPYG, que son torturados y sometidos
a penas crueles inhumanas y degradantes, las investigaciones
disciplinarias por estas denuncias son archivadas por autos
inhibitorios.
Los prisioneros políticos y de guerra, son mezclados con presos del
paramilitarismo, colocando en grave riesgo su vida e integridad física,
son ubicados también los sindicados y condenados en un mismo
establecimiento carcelario y no est√°n separados como es debido.
Los órdenes de captura y los derechos no son tramitadas legalmente,
en muchas circunstancias obedecen m√°s a falsos positivos judiciales,
a montajes, a falsos testigos y a toda una red de falsos testigos y
falsas pruebas por parte del ente investigador. Violando la cadena de
custodia de elementos probatorios claves para la defensa y el debido
proceso.
En muchos casos a los PPYG, se les asigna de una manera ?eficaz?
un defensor p√ļblico, que dado su c√ļmulo de trabajo, lo primero que le
sugiere a su defendido es que acepte cargos, con lo cual se viola el
derecho a una defensa t√©cnica efectiva y profesional, seg√ļn lo dispone
el Código de Procedimiento Penal en sus artículos 118 a 125 en
especial los del articulo 124 sobre los derechos y facultades que los
tratados internacionales relativos a los DDHH, que forman parte del
bloque de constitucionalidad, la constitución política y la Ley
reconocen a favor de los PPYG.
Pero m√°s grave es que cuando el PPYG tiene su defensor se le
restringe al abogado las visitas, entrevistas, comunicación y
confiabilidad y se le confunde con su defendido, criminalizando la
defensa.
Las visitas por parte de los familiares y correspondencia son violadas
sistem√°ticamente, las distancias a que son llevados no son razonables
como una forma más de castigo y violación del derecho a la unidad
familiar y procesal.
LOS PRISIONEROS POL√ćTICOS Y DE GUERRA SON V√ćCTIMAS DEL ESTADO COLOMBIANO