ATENTADO CONTRA SINTRAEMCALI

ATENTADO TERRORISTA CONTRA SINTRAEMCALI

A SOLO CINCO D脥AS DE QUE JUEZ DE LA REPUBLICA ORDENARA聽 PERDON

A PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE


Las organizaciones sindicales y defensoras de los derechos humanos abajo
firmantes, nos permitimos denunciar ante la comunidad nacional e
internacional, el ataque terrorista de que fuera objeto la sede del Sindicato
de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali –SINTRAEMCALI,
organizaci贸n sindical que desde el a帽o 2004, de manera incesante ha sido
objeto de pr谩cticas y pol铆ticas antisindicales desde el Estado, traducidas
en ataques verbales, amenazas de muerte, atentados contra la vida y la
integridad personal, desplazamiento y exilio, que han buscado su
destrucci贸n.

HECHOS

1) El d铆a 16 de abril de 2014, siendo aproximadamente las 2:25 de la
madrugada, se escucharon ruidos en el sector, momento en el cual el
vigilante de la sede se acerc贸 a una de las ventanas y pudo observar que
estaban lanzando bombas incendiarias en contra de la sede, ubicada en el
barrio San Nicol谩s de la ciudad de Cali, Departamento del Valle del Cauca.

2) Las puertas de la sede sufrieron aver铆a como fruto del calor, la
fachada quedo ahumada y la tuber铆a del agua se revent贸, lo que contribuy贸 a
controlar el incendio.

3) Los autores de estos hechos fueron cuatro (4) individuos, dos de los
cuales se desplazaban en una motocicleta y otros dos (2) a pie, quienes
posteriormente abordaron un taxi en el cual abandonaron el lugar.

ANTECEDENTE INMEDIATO

El d铆a 11 de abril de 2014, siendo las 4:00 p.m., la Juez 29 Penal
Municipal de Bogot谩 orden贸 al Presidente de la Rep煤blica Juan Manuel
Santos, as铆 como al Vicepresidente de la Rep煤blica, Angelino Garz贸n,
realizar actos de perd贸n a favor de los integrantes de SINTRAEMCALI,
SINTRAUNICOL y SINTRATELEFONOS, por los cr铆menes de que fueron objeto
durante el gobierno de 脕lvaro Uribe V茅lez.

CONTEXTO

a) En el mes de julio de 2004 por parte de la Gerencia de EMCALI, que
estaba reci茅n intervenida por orden del Presidente 脕lvaro Uribe V茅lez y la
Superintendente de Servicios P煤blicos Domiciliario Eva Mar铆a Uribe Tob贸n,
se produjo el despido de cincuenta y un (51) trabajadores, entre ellos seis
(6) Directivos Sindicales. El 29 de marzo de 2012, la Corte Constitucional
dict贸 la sentencia T-261, en la que orden贸 el reintegro de estos
trabajadores precisando que “del material probatorio allegado al
expediente se puede concluir que el despido de los trabajadores obedeci贸
m谩s a una conducta antisindical del empleador”. (Se resalta)

b)聽 El 24 de septiembre de 2004, se puso al descubierto la existencia de
la llamada “Operaci贸n Drag贸n”, plan que ten铆a como prop贸sito atentar
contra los derechos a la vida, la integridad y la libertad personal de
dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos y l铆deres pol铆ticos
de oposici贸n.

En el curso de las investigaciones se pudo establecer que con el aval de la
Superintendente de Servicios P煤blicos, fue contratada la empresa
Consultor铆a Integral Latinoamericana, que subcontrat贸 a la empresa privada
armada SERACIS, las cuales adelantaron acciones para infiltrar a
SINTRAEMCALI, penetrar los esquemas de seguridad de sindicalistas y l铆deres
pol铆ticos, buscando adem谩s establecer debilidades en los mismos, en el
prop贸sito de adelantar planes de exterminio.

En la actualidad el Coronel(r) Juli谩n Villate Leal y dos Mayores (r)
est谩n siendo sometidos a Juicio por estos hechos, que contaban con el apoyo
del Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y Departamento
Administrativo de Seguridad, entre otras instituciones.

c) Entre el 19 y 27 de julio de 2007, 脕lvaro Uribe V茅lez, Francisco
Santos Calder贸n y Jos茅 Obdulio Gaviria, adelantaron una campa帽a p煤blica
nacional e internacional tendiente a presentar a los integrantes de
SINTRAEMCALI, SINTRAUNICOL y SINTRATELEFONOS, como testaferros del
terrorismo y aliados de la subversi贸n. Para tal fin adelantaron ruedas de
prensa, publicaron columnas en diversos medios de comunicaci贸n y
adelantaron actos p煤blicos de agravio en el pa铆s y en el exterior.

d) El 7 de agosto de 2007 en los correos electr贸nicos de las
organizaciones sindicales, es decir 13 d铆as despu茅s de los 煤ltimos ataque
hechos por Alavaro Uribe V茅lez, Francisco Santos Calder贸n y Jos茅 Obdulio
Gaviria, fue recibida una amenaza suscrita por la estructura paramilitar
“Aguilas Negras”. En dicha amenaza las Juntas Directivas son declarados
objetivo militar y se les da un plazo de 30 d铆as para abandonar el pa铆s.

Luego de iniciado los correspondientes procesos judiciales contra altos
funcionarios estatales, el d铆a tres (3) de febrero de 2012, Francisco
Santos Calder贸n realiz贸 una rueda de prensa en la ciudad de Bogot谩, en la
cual se retracto de las acusaciones hechas en contra de las organizaciones
sindicales y pidi贸 perd贸n por sus actos, habiendo concurrido ante la Juez
que iba a iniciar el juicio en su contra, para pedir perd贸n y solicitar
fuera archivado el proceso, a lo cual accedi贸 la justicia.

El d铆a 10 de abril de 2014, Jos茅 Obdulio Gaviria asisti贸 al bunker de la
Fiscal铆a General de la Naci贸n, en donde tambi茅n pidi贸 perd贸n en rueda de
prensa.

El d铆a 11 de abril de 2014, la Juez 29 Penal Municipal con Funciones de
Conocimiento de la ciudad de Bogot谩, en diligencia de audiencia p煤blica
reconoci贸 que los actos ocurridos entre el 19 y 27 de julio de 2007, eran
actos de Estado, que configuraban un crimen, raz贸n por la cual acept贸 el
pedido del representante de SINTRAEMCALI y SINTRAUNICOL y orden贸 al
Presidente y Vicepresidente de la Rep煤blica realizar actos de reparaci贸n y
adoptar medidas para que hechos como estos no se vuelvan a repetir.

Ante los hechos aqu铆 relatados, que se producen solo cinco (5) d铆as despu茅s
de haber sida dictada una orden de reparar los cr铆menes de Estado, nos
permitimos solicitarles:

1. Se exprese la preocupaci贸n ante el ataque sufrido en la sede de
聽聽 SINTRAEMCALI y en particular ante el riesgo que experimentan los
聽聽 integrantes de dicha organizaci贸n sindical, sus directivos y los abogados
聽聽 que han llevado la representaci贸n judicial en estos casos.

2. Se adopten de manera URGENTE Y EXTRAORDINARIA, medidas para proteger
聽聽 la vida e integridad personal los integrantes de dicha organizaci贸n
聽聽 sindical, sus directivos y los abogados que han llevado la representaci贸n
聽聽 judicial en estos casos, las que fueran en el pasado suspendidas en el
聽聽 contexto de persecuci贸n y ataque.

3. Se inicien las investigaciones que permitan individualizar a los
聽聽 autores materiales e intelectuales de estos hechos, haci茅ndoles comparecer
聽聽 ante la Justicia para que respondan por sus actos.

SINTRAEMCALI
NOMADESC
COMISION INTERNACIONAL DE JURISTAS – Representante Am茅rica Latina
DHCOLOMBIA
CORPORACION SEMBRAR
SINTRAUNICOL
CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES – VALLE DEL CAUCA
CAMPA脩A PROHIBIDO OLVIDAR
CONGRESO DE LOS PUEBLOS


SOLIDARIDAD CON LOS 17 CAMPESINOS DETENIDOS DE ASTRACAN

La RED INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD CON LAS PRISIONERAS Y PRISIONEROS POLITICOS COLOMBIANOS - INSPP, se solidariza con los 17 campesinos detenidos masivamente en el Municipio de Leyva, Nari帽o
SOLIDARIDAD CON LOS 17 CAMPESINOS DE ASTRACAN DETENIDOS EN EL MUNICIPIO DE LEIVA-NARI脩O/COLOMBIA Y EXIGE SU INMEDIATA LIBERTAD.


A continuaci贸n el comunicado de la Fundaci贸n Lazos de Dignidad:

La Fundaci贸n Lazos de Dignidad -FLD- expresa su solidaridad con
los diecisiete (17) campesinos detenidos el d铆a 17 de marzo de 2014 en el Municipio de
Leiva (Nari帽o), miembros de la Asociaci贸n de Trabajadores Campesinos de
Nari帽o –ASTRACAN- Subdirectiva Leiva, filial de FENSUAGRO.

La FLD se suma a la denuncia y rechazo de 茅sta detenci贸n masiva, que sin
lugar a dudas obedece a otro montaje judicial聽 como represalia a la
participaci贸n de los campesinos en el Paro Nacional Agrario y Popular
realizado en el mes de agosto de 2013.

Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para que se
emitan pronunciamientos de rechazo a esta detenci贸n masiva y se exija la
libertad de los diecisiete (17) campesinos detenidos.

Para mayor detalle compartimos entrevista realizada por RPASur al abogado Edgar
Montilla, quien ejerce la defensa de los campesinos:

http://www.ivoox.com/persecucion-politica-contra-lideres-campesinos-narino-audios-mp3_rf_3011322_1.html

LA LUCHA SOCIAL NO ES UN DELITO, ES UN PASO HACIA LA LIBERTAD!

PRISIONERXS POL脥TICXS A LA CALLE!!!

www.fundacionlazosdedignidad.org

www.traspasalosmuros.net


Criminalization of Social Movements and the Political Opposition in Colombia

APRIL 15, 2014

From Massive to Selective Detentions
Criminalization of Social Movements and the Political Opposition in Colombia
by LILANY OBANDO

Translator’ note: Liliany Obando is a sociologist, documentary film maker, and single mother of two children.聽 She was serving as human rights director for Fensuagro,Colombia’s largest agricultural workers’ union, when, on August 8, 2008, Colombian authorities arrested her. A week previously, Obando had issued a report documenting the murders of 1500 Fensuagro union members over 32 years.聽 Prosecutors accused her of terrorism and belonging to the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC)

After 43 months, Obando left prison on March 1st 2012. She remained under court jurisdiction, because she had not been sentenced or convicted. Eventually, in 2013, a judge, accusing Obando of serving on the FARC’s International Commission, convicted her of “rebellion.” She was sentenced to five years, eight months of house arrest and fined 707 million pesos, ($368,347 USD). The charge against Obando of handling “resources relating to terrorist activities” was dropped.

On April 3, 2014, Obando learned that the Supreme Court had rejected her appeal. Her fine stands.聽 She must serve one more year of house arrest. The government’s case against Obando and other prisoners rests on files taken from computers of FARC leaders seized during a military attack on a FARC encampment in Ecuador on March 1, 2008. In 2011 the Colombian Supreme Court invalidated the legal standing of such material.聽 Obando and her family continue to experience police surveillance, harassment, and media slander.聽 – Translated by W. T. Whitney Jr.

Although we Colombians, especially those of us who belong to social, human rights, and political organizations and labor unions, are used to carrying out our work in risky situations, sometimes things get worse. This is one of those unlucky times. It coincides with the pre-election contest.

In a cycle that repeatedly sends us back to a repressive past – one they don’t want to close down – we are witness to a perverse return to obscurantism and forced unanimity, to dissident thinking being considered subversive, to social protest having to be silenced at whatever cost, and where opposition guarantees are only a chimera.聽 These are practices far removed from the duty of a state, especially one proclaiming itself as the continent’s oldest, most solid “democracy.”

Many years ago, and in tune with the U. S. obsession for transforming the idea of security into state policy, one outcome being anti-terrorism, the government of 脕lvaro Uribe V茅lez during his first term (2002-2006) instituted in Colombia the politics of “Democratic Security.” That gave rise to a series of actions damaging to the right to liberty, to guarantees like equality, legality, and judicial norms, and, generally, to an international framework for human rights.

The strategy of arbitrary detentions imposed under the pretext of maintaining security of the state, and for “good citizens,” has its origins there. The modalities used were illegal interceptions, the network of informants, the Law of Justice and Peace and its accusers, and intelligence reports – or battlefield reports.聽 They fueled judicial set-ups.

During 2002-2004, this strategy of the Uribe government entailed the practice of massive incarcerations carried out nearly always within the context of military operations or joint operations involving the attorney general, the police, and military forces. Primary backing came from Decree 2002 of 2002 relating to internal upheaval and also from an attempt at constitutional reform. In the beginning, these incarcerations were confined to supposed “zones of rehabilitation and consolidation.” Their boundaries were set through Decree 2929 of December 3, 2002. Then they spread the length and breadth of the national territory.

Later, from 2004 on, in a change of strategy, massive detentions were converted into selective detentions against specified sectors of the population: unionists, defenders of human rights, social and populist activists from academia, and/or opposition militants. These people were considered dangerous to the state politics of “Democratic Security” then being advanced as part of a return to the dark era of Turbay Ayala and his “Statute of Security.” (1)

That’s where all this recent wave of stigmatization, persecution, criminalization, judicial processing, and incarceration came from. It’s directed against social, labor, and human rights organizations, and opposition political parties. Their members, leaders, and activists at the base are pointed to as being little else but the activists, “civilian guerrillas,” or at least collaborators of the insurgencies, that is to say, their social base.聽 As regards these last, Uribe disregarded their political character and classified them as “terrorist” groups. Once more the concept of political crime was being manipulated.

Juan Manuel Santos, as defense minister in the Uribe government, first made his mark chiefly by implementing “Democratic Security.” Now as president he continues it. He will be able to change its form, but not its essence. Indeed, Santos has turned to acknowledging that armed conflict does exist in Colombia and also, on that account, that the insurgencies have a political character, although he doesn’t say it openly. If it were otherwise, the current process of peace negotiations in Havana would have been inconceivable.聽 Yet he has not altered the treatment of politically – oriented persons facing prosecution, nor does he accept the very existence of political prisoners.

In 2012, Santos, mocking his given word, blocked international oversight of prisons and verification of the situation of political prisoners as called for by the group PeaceWomen Across the Globe.聽 The government had agreed to accept the FARC’s handing over the last prisoners of war they were holding in return for that group’s good offices. (2)聽 The opportunity ended once more with an official denial that political prisoners exist in Colombia.

Judicial handling of persons criminalized under the strategy of “security” and anti-terrorism changed substantially, much to the disadvantage of people being porosecuted. Indeed, a person being investigated for supposed ties with insurgents used to be processed for the political “crime” of rebellion. Beginning with Uribe and then Santos, however, they are now being handled under the logic of anti-terrorist struggle. As a result, members of the social and political organizations who face prosecution are now being blamed for one or more NON – political crimes having to do with terrorist activities. That’s over and above their being judged as rebels. This signifies, primarily, that for persons being prosecuted under this approach, guarantees like due process, legitimate defense, technical defense, and presumption of innocence – among others – amount to very little.

Consequently, we attend audiences of our comrade detainees in specialized courtrooms, not the ordinary ones. In these special sessions, investigations are carried out directed at very serious crimes, thereby removing the allegations from the area of “political crime.”聽聽 And more: investigation and trial periods end up being extended over a long time and sentences are more onerous.

And as a matter of fact, Colombian justice applies the presumption of guilt, not of innocence. At the start, those involved in such processes are classified as “dangerous for society.” Therefore, having been charged, they know beforehand they are going to prison for a long time and there have to prove their innocence. But inside prison and incarceration establishments, they are treated just like those who have already been convicted. This is contrary to international law dealing with prison populations, which in Colombia is a dead letter. One must not forget, furthermore, that Colombia is one of the countries in the world that most abuses preventative detention. As a result, many people in this situation choose to accept charges against them and thus reduce their time in dark Colombian prisons and not have to wait long years while they prove their innocence.

And as if that were not enough, the institution that, by definition, should keep watch on the state so it fulfills its mandate to guarantee respect for citizens’ fundamental human rights, that is to say, the attorney general, acts in a perverse way. That office has switched over to being an inquisitorial entity that persecutes even public functionaries already absolved through having served their prison terms. Their political rights and rights as citizens are seriously affected.

By way of putting a face on this political tragedy, here are some of the leaders and activist members of social and political organizations who have recently endured judicial processes and are imprisoned: Unionists – Campo El铆as Ortiz, H茅ctor S谩nchez, Jos茅 Dilio, Dar铆o C谩rdenas, Huber Ballesteros; From the Patriotic March social and political movement -聽 Wilmar Madro帽ero; Professors -聽 Francisco Tolosa, Carlo Alexander Carrillo, Miguel 脕ngel Beltr谩n Villegas, Fredy Juli谩n Cort茅s, William Javier D铆az; Students – Erika Rodr铆guez, Xiomara Alejandra Torres Jim茅nez, Jaime Alexis Bueno, Diego Alejandro Ortega, Cristian Leiva Omar Mar铆n, Carlos Lugo, Jorge Gait谩n; Human Rights defenders – David Ravelo Crespo, Liliany Obando.

The number of political prisoners in Colombia – prisoners of conscience and prisoners of war – exceeds 9500.聽 The worst of it is that there is no calm after prison. The trailing, the threats, the stigmatization continue until many of those who are released – if they are lucky – have to leave the country. And many others remain marginalized and no longer part of their previous social and political organizations, which is regrettable. So too is that purpose of the overall strategy which is to weaken social organizations and the political opposition, and dismember them.

Such are the perverse effects of politics in Colombia centering on judicial processes and criminalization of critical thinking, social protest, and political opposition. We are called upon actively to confront politics like these if we want to put a check on such abuse of power.

Silence is no alternative, nor is inaction!

Freedom for Colombian political prisoners!

Long life for butterflies! (3)

Liliany Obando, Political prisoner,聽 under judgment聽 (subjudice) Defender of Human Rights, Colombia, April, 2014.

Notes:

1. Julio C茅sar Turbay Ayala was the Liberal Party President of Colombia in 1978-1982.

2. The international women’s group facilitated the unilateral freeing of ten soldiers and police by the FARC in 2012 through the women’s promise they would visit political prisoners in Colombian jails.

3. The reference, used in connection with recent conferences and mobilizations in Colombia on behalf of political prisoners, commemorates a movement for freedom for political prisoners that developed in the Dominican Republic in 1959. The expression does honor to the Mirabel sisters there who were jailed and murdered.

http://www.counterpunch.org/2014/04/15/criminalization-of-social-movements-and-the-political-opposition-in-colombia/



LA CRIMINALIZACION DEL MOVIMIENTO SOCIAL Y DE LA OPOSICION POLITICA EN COLOMBIA

LA CRIMINALIZACI脫N DEL MOVIMIENTO SOCIAL Y DE LA OPOSICI脫N POL脥TICA EN COLOMBIA
-De Las Detenciones Masivas A Las Detenciones Selectivas-

Liliany Obando
Subjudice 鈥 Prisionera Pol铆tica
Defensora de Derechos Humanos
Colombia, abril de 2014

Aunque los/as colombianos, en especial quienes hacemos parte de las organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos y pol铆ticas estamos acostumbrados a realizar nuestras labores en medio de condiciones de riesgo, hay momentos en los cuales 茅stas condiciones se agravan. 脡ste es uno de esos momentos aciagos que coincide con la contienda pre electoral.

En un c铆rculo que nos devuelve una y otra vez al pasado represivo, que no quiere cerrarse, asistimos a un retorno perverso al oscurantismo, al unanimismo, en donde el pensar disidente es considerado subversivo, en donde la protesta social debe ser acallada a cualquier costo y en donde las garant铆as para la oposici贸n son s贸lo una quimera. Son pr谩cticas 茅stas que distan enormemente del deber ser de un Estado que se autoproclama como la 鈥渄emocracia鈥 m谩s antigua y s贸lida del continente.

Hace unos a帽os, y en sinton铆a con la obsesi贸n de los Estados Unidos por convertir el tema de la seguridad en una pol铆tica de Estado, con la consecuente lucha contra el terrorismo, el gobierno de 脕lvaro Uribe V茅lez, durante su primer mandato (2002-2006), instaura en Colombia la pol铆tica de 鈥淪eguridad Democr谩tica鈥, de la que se desprenden una serie de afectaciones al derecho a la libertad, a las garant铆as como la igualdad, la legalidad y la seguridad jur铆dica, y en general, al marco internacional de los derechos humanos.

All铆 tiene sus or铆genes la estrategia de las detenciones arbitrarias, con el pretexto de mantener la seguridad del Estado y de los 鈥渃iudadanos de bien鈥.聽 Los veh铆culos para ello, las intercepciones ilegales, la red de informantes, la ley de justicia y paz y sus delatores, los informes de inteligencia o informes de batalla, que servir谩n de insumos para los montajes judiciales.

Durante el 2002-2004, en el gobierno de Uribe, 茅sta estrategia estuvo dirigida a la pr谩ctica de las detenciones masivas, realizadas casi siempre en medio de operativos militares, o de acciones conjuntas entre la fiscal铆a, la polic铆a y las fuerzas militares, y soportadas 茅stas, primero, en el decreto 2002 de 2002 de Conmoci贸n interior, y luego en un intento de reforma constitucional.聽 脡stas se circunscribieron en principio a las cuestionadas 鈥渮onas de rehabilitaci贸n y consolidaci贸n鈥,聽 delimitadas en el decreto聽 No. 2929 del 3 de diciembre de 2002, pero luego se extendieron聽 a lo largo y ancho del territorio nacional.

Posteriormente, a partir del 2004, como en un cambio en la estrategia, las detenciones masivas se convirtieron en detenciones selectivas contra determinados sectores de la poblaci贸n: sindicalistas, defensores/as de derechos humanos, activistas sociales, populares, de la academia y/o militantes de la oposici贸n, que se consideraban peligrosos para la pretendida pol铆tica de Estado de la 鈥淪eguridad Democr谩tica鈥, en聽 una vuelta a la tenebrosa 茅poca de Turbay Ayala y su 鈥渆statuto de seguridad鈥.

De all铆 se desprende toda 茅sta reciente oleada de estigmatizaciones, persecuci贸n, criminalizaci贸n, judicializaci贸n y encarcelamiento que se direcciona en contra de las organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos y partidos pol铆ticos de oposici贸n, a cuyos miembros, l铆deres y/o activistas de base, se se帽ala de ser sino parte activa, 鈥渓os guerrilleros de civil鈥, al menos colaboradores o la base social de las insurgencias.聽 A 茅stas 煤ltimas el gobierno Uribe les desconoce su car谩cter pol铆tico para catalogarlos como grupos de 鈥渢erroristas鈥 y una vez m谩s el delito pol铆tico se desnaturaliza. 聽

Juan Manuel Santos, primero como Ministro de Defensa del gobierno Uribe, fue su mejor ficha en la implementaci贸n de la 鈥淪eguridad Democr谩tica鈥,聽 y ahora como Presidente le ha dado continuidad.聽 Podr谩 haber cambiado la forma pero no la esencia.聽 Si bien, Santos ha vuelto a reconocer que en Colombia existe el conflicto armado, y por lo tanto, aunque no lo manifieste abiertamente, el car谩cter pol铆tico de las insurgencias -de lo contrario no se entender铆a el actual proceso de conversaciones de paz con las FARC en la Habana-, no ha modificado el tratamiento a las personas que afrontan procesos judiciales por motivaciones pol铆ticas ni acepta la existencia misma de prisioneros/as pol铆ticos/as.

En el 2012 Santos, burlando la palabra empe帽ada, impidi贸 una veedur铆a internacional a las c谩rceles y una constataci贸n de la situaci贸n de los prisioneros/as pol铆ticos, que las Mujeres del Mundo por la Paz hab铆an acordado con el gobierno, en contraprestaci贸n por sus buenos oficios en la entrega que las FARC hicieran de los 煤ltimos prisioneros de guerra que ten铆an en su poder. En esa oportunidad se neg贸 una vez m谩s la existencia de prisioneros/as pol铆ticos/as en Colombia.

El tratamiento jur铆dico que se les da a las personas que han sido criminalizadas bajo la estrategia de la 鈥渟eguridad鈥 y el terror, cambia sustancialmente en perjuicio de las personas que est谩n siendo judicializadas. Si bien, anteriormente a una persona que era investigada por supuestos nexos con las insurgencias se le judicializaba por el 鈥渄elito鈥 pol铆tico de rebeli贸n, a partir de Uribe y luego con Santos, adem谩s se le juzga bajo la l贸gica de la lucha anti terrorista. Por eso, en los procesos que afrontan miembros de las organizaciones sociales y pol铆ticas de oposici贸n, adem谩s de ser juzgados como rebeldes, ahora son inculpados de聽 alg煤n otro u otros delitos NO pol铆ticos relacionados con actividades terroristas.聽 Esto significa, en primera instancia, que las garant铆as jur铆dicas, como el debido proceso,聽 la leg铆tima defensa, la defensa t茅cnica, la presunci贸n de inocencia, entre otros, de las personas vinculadas a procesos judiciales bajo esta estrategia se afectan seriamente. 聽

Por eso asistimos a las audiencias de nuestros/as compa帽eros/as detenidos en las salas de los juzgados especializados y no en los ordinarios. En 茅stas salas especializadas se聽 llevan investigaciones contra delitos muy graves, sac谩ndolos聽 entonces, de la esfera del 鈥渄elito pol铆tico鈥.聽 Esto permite adem谩s, que los periodos de investigaci贸n y juicio se extiendan largamente en el tiempo y que las posibles condenas tambi茅n sean m谩s gravosas. 聽

Y como de facto, la justicia colombiana aplica la presunci贸n de culpabilidad y no la de inocencia, las personas vinculadas a estos procesos, en principio ser谩n catalogadas como un 鈥減eligro para la sociedad鈥 y por lo tanto cuentan de antemano con que deber谩n pasar en prisi贸n una larga temporada mientras demuestran su inocencia, en calidad de sindicados, pero recibiendo en el interior de los establecimientos penitenciarios y carcelarios el mismo tratamiento de una persona que ha sido condenada, lo cual es contrario a la legislaci贸n internacional relacionada聽 el tratamiento de la poblaci贸n reclusa y que en Colombia es letra muerta. No hay que olvidar adem谩s que Colombia es uno de los pa铆ses del mundo en los que m谩s se abusa de la detenci贸n preventiva. Por eso tambi茅n, muchas personas en esta condici贸n prefieren aceptar cargos y as铆 aminorar el tiempo en las tenebrosas prisiones colombianas, a tener que esperar largos a帽os para demostrar su inocencia. 聽

Y como si fuera poco, la instituci贸n que por esencia tiene que velar porque el Estado cumpla su mandato de garantizar el respeto a los derechos humanos y fundamentales de sus ciudadanas y ciudadanos, es decir, la Procuradur铆a, acto contrario se ha convertido en un ente inquisidor, que persigue incluso a aquellos funcionarios p煤blicos quienes han sido absueltos por la justicia penal, afect谩ndolos seriamente en sus derechos pol铆ticos y ciudadanos. 聽

Para ponerle rostro a esta tragedia, 茅stos son s贸lo algunos de los l铆deres y activistas miembros de organizaciones sociales y pol铆ticas que han sido judicializados y encarcelados recientemente: Sindicalistas: Campo El铆as Ortiz, H茅ctor S谩nchez, Jos茅 Dilio, Dar铆o C谩rdenas, Huber Ballesteros. Del movimiento social y pol铆tico Marcha Patri贸tica: Wilmar Madro帽ero; Profesores: Francisco Tolosa; Carlo Alexander Carrillo; Miguel 脕ngel Beltr谩n Villegas; Fredy Juli谩n Cort茅s, William Javier D铆az. Estudiantes: Erika Rodr铆guez, Xiomara Alejandra Torres Jim茅nez, Jaime Alexis Bueno, Diego Alejandro Ortega, Cristian Leiva Omar Mar铆n, Carlos Lugo, Jorge Gait谩n; Defensores/as De Derechos Humanos: David Ravelo Crespo, Liliany Obando.聽 Los prisioneros /as pol铆ticos en Colombia 鈥 de conciencia y de guerra鈥 superan聽 los 9.500.

Lo peor, es que despu茅s de la prisi贸n no viene la calma, contin煤an los seguimientos, las amenazas,聽 la estigmatizaci贸n y las presiones hasta que聽 muchos y muchas, si cuentan con suerte, tienen que salir del pa铆s, y muchos/as otros/as quedan marginalizados de las organizaciones sociales y pol铆ticas de las que hac铆an parte antes de la prisi贸n, lo cual es lamentable, en tanto uno de los prop贸sitos de toda esta estrategia es debilitar y/o desarticular las organizaciones sociales y de oposici贸n pol铆tica.

Todos 茅stos son los efectos perversos de esa pol铆tica de judicializaci贸n y criminalizaci贸n del pensamiento cr铆tico, de la protesta social y de la oposici贸n pol铆tica en Colombia que estamos llamados a confrontar activamente si queremos poner freno a tales abusos de poder.


El silencio no es alternativa, la inacci贸n tampoco鈥
隆Libertad para las prisioneras y prisioneros pol铆ticos colombianos!
隆Larga vida a las mariposas!