JULIO AREVALO O LA MINERIA EN COLOMBIA

Once a√Īos de batalla judicial sin lograr justicia por la p√©rdida de su pierna


En el a√Īo 2003 Julio Alfonso Ar√©valo S√°nchez perdi√≥ una de sus piernas al ser v√≠ctima de una explosi√≥n dinamitera en la mina donde trabajaba en Muzo, (Boyac√°). Julio trabajaba para la Empresa llamada Internacional de Miner√≠as S.A. (INTERMINERAS), pero no ten√≠a contrato de trabajo y aunque parezca incre√≠ble ni siquiera le pagaban sueldo, pues dicha empresa les paga a sus empleados supuestos porcentajes sobre la explotaci√≥n de la mina.

Se podría pensar que Julio era rico por ser prácticamente socio de la empresa esmeraldera y que ganaba exorbitantes sumas. Pero no era así, pues los porcentajes pagados al minero sobre la explotación de la mina a veces  equivalían a cero y en otras ocasiones sus pagos eran tan exiguos que no llegaban ni a los cien mil pesos (unos cincuenta dólares semanales). Ello pese a que su trabajo era instalar y denotar las cargas de dinamita y que debía pasar una semana entera adentro de la mina y descansaba la semana siguiente. Julio, por increíble que parezca NUNCA recibió curso alguno para el manejo de explosivos y aprendió como pudo dicha tarea. Jamás tuvo cobertura de salud, más que la buenamente da el estado en Colombia, es decir prácticamente nada. La mina carecía de cualquier medida de seguridad industrial y a Julio no se le brindaba protección alguna. No tenia seguro de riesgos profesionales.

¬†El repres√©ntate legal de la empresa aseguro bajo la gravedad del juramento ante un Juzgado Laboral de Bogot√° que la empresa por mera liberalidad le daba papel higi√©nico y jab√≥n y que le pago el traslado a un hospital p√ļblico en donde lo atendieron en el momento del accidente y en gesto de generosidad le compro una pr√≥tesis, que es casi una pata de palo como las que usaban los piratas ingleses hace siglos y por supuesto no le sirve a Julio para movilizarse adecuadamente.

Ante un panorama as√≠, se pensar√≠a que Julio ganar√≠a f√°cilmente una demanda laboral contra dicha empresa. Pues no. Julio lleva once a√Īos esperando en vano que la Justicia Colombiana condene a la empresa a indemnizarlo y le otorgue a cargo de la empresa la correspondiente pensi√≥n por invalidez que nunca llegara porque a pesar de perder una pierna la Junta de Calificaci√≥n de Invalidez de Cundinamarca dijo que Julio NO ES INVALIDO. Un juez laboral de Bogot√° neg√≥ la demanda de Julio y el Tribunal Superior de Bogot√° confirmo la sentencia en la cual adem√°s se condena a Julio a pagar las costas del proceso. El proceso se encuentra en Casaci√≥n ante la Corte Suprema de Colombia en donde las posibilidades de que la sentencia sea casada, es decir fallada favorablemente para Julio, son del uno por ciento.


Este es el panorama laboral actual de cientos de mineros en Colombia que a√ļn padecen las mismas condiciones laborales, mientras, Julio vende dulces en las calles.


CAMPESINO ASESINASO EN ARAUCA

Comunicado p√ļblico: Campesino asesinado por el Ej√©rcito en Arauca¬† El Movimiento Nacional¬† de V√≠ctimas de Cr√≠menes de Estado (Movice) expresa su profunda tristeza y¬† rechazo por el asesinato de Harvey Ramos Carre√Īo, por un efectivo del¬† Ej√©rcito Nacional, el d√≠a 4 de marzo en Arauquita, Arauca.

El se√Īor Ramos ten√≠a 38 a√Īos y era padre de tres hijos, de 12, 9 y 2 a√Īos de edad.

Hechos

El día 4 de marzo de 2014,  entre las 4:15 y 4:30 PM, se escucharon dos disparos de fusil en la  vereda Las Bancas, Finca Las Palmeras del municipio de Arauquita.

Relata la comunidad que¬† cuando intentaron averiguar lo ocurrido no les fue permitido pasar ya¬† que el lugar se encontraba rodeado completamente por militares de la¬† Brigada m√≥vil N¬ļ 5 del Batall√≥n de Contraguerrilla N¬ļ 47, al mando del¬† Teniente Hamilton Mora D√≠az y el Coronel N√©stor Guarnizo Vanegas.

Minutos antes en el lugar de los hechos se hab√≠a visto al se√Īor Harvey Ramos que se encontraba aserrando madera.

Luego del hecho, el¬† Ej√©rcito inform√≥ que Harvey Ramos fue asesinado por el soldado¬† profesional Nestor Daniel Quinchia Perez, adscrito a la Brigada m√≥vil N¬ļ¬† 5, arriba mencionada.

El Cuerpo Técnico de  Investigación (CTI) de la Fiscalía General, que realizó el levantamiento  del cuerpo, estableció que no se encontraron armas ni cualquier otro  elemento de uso privativo de las Fuerzas Armadas en la escena del  crimen, sino junto al cuerpo tan solo estaban las herramientas de  trabajo del campesino.

Miembros del Ejército  reconocieron lo sucedido, dándole su "sentido pésame" a la familia y se  refirieron al asesinato del campesino como un error militar.

Contexto

Este asesinato es una de varias muertes de civiles causadas por fuego del Ejército Nacional en mese recientes:

-El 26 de enero de 2014, en¬† el municipio de Sardinata, Norte de Santander, fue asesinado Duvis¬† Antonio Galvis, presidente de la junta de acci√≥n comunal de la vereda El¬† Bojoso del municipio de Sardinata y reconocido l√≠der de la comunidad.¬† El se√Īor Galvis se dirig√≠a hacia su lugar de residencia en una¬† motocicleta acompa√Īado por un menor de 10 a√Īos, cuando fue interceptado¬† por desconocidos quienes le dispararon, dejando varios impactos de bala¬† en su pecho que le causaron la muerte.

-El d√≠a 31 de enero, en el¬† municipio de Teorama, Norte de Santander, desde las 2:30 PM hasta las¬† 6:00 PM, el Ej√©rcito Nacional dispar√≥ en repetidas ocasiones e¬† indiscriminadamente hacia la v√≠a que conduce de El Tarra hac√≠a¬† Convenci√≥n. En esos momentos, exactamente a las 2:30 PM la se√Īora¬† Torcoroma Amaya, viajaba en una buseta de servicio p√ļblico de transporte¬† intermunicipal en la ruta que cubre El Tarra-Oca√Īa, con su hijo de ocho¬† meses. Baj√≥ de la buseta en el sitio conocido como Puente Amarillo y¬† sent√≥ al menor en un and√©n mientras le entregaban las maletas. De un¬† momento a otro, se escucharon varios disparos de fusil, uno de los¬† cuales impact√≥ al beb√©, quien muri√≥ en el traslado hacia la ciudad de¬† Oca√Īa para ser atendido.

-El¬† 12 de septiembre de 2013 fueron asesinados √Āngel Ruales y Sandra¬† Andrade, menor de 14 a√Īos de edad, ambos campesinos del corregimiento El¬† Vergel del municipio de La Llanada, Nari√Īo. Ambos fueron ultimados,¬† presuntamente, por efectivos del Ej√©rcito Nacional, en el medio de las¬† persistentes hostilidades del conflicto armado colombiano.

Exigimos

-Que el gobierno nacional  acepte el cese al fuego bilateral, esto teniendo en cuenta que la  guerrilla de las FARC ya ha manifestado su disposición, para poner fin a  los constantes atropellos contra la población civil.

-Que las autoridades  competentes realicen una investigación exhaustiva de los hechos, y  garanticen juicios disciplinarios y penales a los responsables.

-Que las autoridades¬† estatales competentes garanticen la protecci√≥n f√≠sica y psicol√≥gica de¬† la familia del se√Īor Ramos, y garant√≠as de no repetici√≥n.

-Que la comunidad nacional e¬† internacional se pronuncie para garantizar que este caso no quede en la¬† impunidad, se juzgue a los responsables y se garantice la protecci√≥n de¬† la familia del se√Īor Ramos.

 

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice)

6 de marzo de 2014

www.movimientodevictimas.org


MUJERES: DE LA EXCLUSION EN LA SOCIEDAD Y EN LA POLITICA A LA INVISIBILIZACION EN LA PRISION

“La prisión era la estación prevista en mi apuesta por la vida.
Nada en mí ha cambiado.
Puedo decirte que porto la dignidad
a la altura de las luchas de mi pueblo‚Ķ‚ÄĚ
(Extracto)  
Colectivo de Prisioneras Pol√≠ticas ‚ÄúManuelita S√°enz‚ÄĚ,
Reclusión de Mujeres de Bogotá.

Liliany Obando
Subjudice ‚Äď prisionera pol√≠tica
Defensora de Derechos Humanos

El 8 de marzo, día internacional de la mujer, es una fecha emblemática para avivar en nuestra memoria a aquellas valerosas mujeres que nos precedieron, a aquellas quienes tras arduas luchas, muchas de ellas silenciosas, desafiaron su tiempo y fueron conquistando para sus congéneres derechos otrora reservados a los hombres.  Tarea más loable si recordamos que como resultado de construcciones sociales, históricas, culturales y de relaciones de poder patriarcales, las mujeres hemos cargado con el sino trágico de la subordinación, la exclusión, la discriminación y la negación de derechos.

La inclusi√≥n de las mujeres en la esfera de lo p√ļblico, de la cultura, de la educaci√≥n, del trabajo remunerado, de la pol√≠tica, como el ejercicio de la ciudadan√≠a,¬† la participaci√≥n, toma de decisiones y el uso de la voz en la plaza p√ļblica, no ha sido una concesi√≥n del mundo masculino sino el resultado de la¬† decidida y ardua lucha de muchas mujeres que no se conformaron, que fueron las rebeldes de su tiempo.

Pese a que muchas mujeres  a lo largo de la historia hemos comprometido nuestro esfuerzo para alcanzar mejores condiciones de vida, de trabajo digno, de reconocimiento, de inclusión política y social, perviven los vestigios de una sociedad patriarcal y machista que nosotras mismas internalizamos y reproducimos, muchas veces de forma inconsciente, a través de los procesos de socialización en los que estamos inmersas, echando así para atrás muchas de nuestras  propias conquistas.

En la situación actual, persisten las inequidades de las mujeres frente a los hombres,  los patrones culturales que nos siguen poniendo en un plano de inferioridad, las diferentes formas de violencia contra las mujeres, la subordinación, la discriminación y los papeles e imaginarios que nos asigna el mundo androcéntrico.     

MUJERES ENTRE REJAS

En Colombia hay 138 establecimientos penitenciarios y carcelarios en los cuales se¬† encuentran 120.623 personas privadas de la libertad, seg√ļn estad√≠sticas del INPEC al mes de enero de 2014. Para √©sta misma fecha los establecimientos penitenciarios y carcelarios ten√≠an una capacidad para 76.066 internos/as. Es decir, la sobrepoblaci√≥n carcelaria es¬† de 44.557 internos/as, para un estado de hacinamiento del 50,6%. De esta poblaci√≥n total, 111.646, el 92.6% son hombres y 8.977, 7.4%) son mujeres.¬† Se encuentran en calidad de sindicadas o imputadas 1.676 y est√°n condenadas 3.717.

La política penitenciaria, el código penitenciario y carcelario y el tratamiento penitenciario mismo son homogéneos en cuanto a lo masculino.  Al no incluir una mirada desde los derechos humanos ni una perspectiva de género en la formulación y puesta en marcha de los mismos difícilmente puede garantizarse a las mujeres privadas de la libertad el reconocimiento y debido respeto de acuerdo a sus especificidades como mujeres.  No se comprende que los derechos e intereses como mujeres no siempre son los mismos que los de los hombres, aunque compartan la realidad de la reclusión.  

La herencia trágica del patriarcado se traslada a la prisión y se evidencia en todos los espacios de la vida social de las mujeres en prisión: en la sexualidad, en las pocas y limitadas ofertas de trabajo y estudio, en las pocas posibilidades para ejercer su condición de madres, etc., pero agravadas por la tendencia a la invisibilización de las mismas, entre otras por ser una minoría dentro de la población carcelaria.

Al impartirse un trato homog√©neo a hombres y mujeres privados de la libertad, sin superarse en la realidad las iniquidades, se ignora que ‚Äúla igualdad entre desiguales genera otra desigualdad m√°s‚ÄĚ.¬† Se convierte, en cambio, en un trato discriminatorio hacia las mujeres que las invisibiliza y¬† las pone en condiciones de desventaja frente a los hombres.

    El machismo y la desigualdad es el rey aquí.  Te cuento, son nueve torres entre todas y los alimentos, primero para los hombres, el agua, primero para los hombres.  Si hay teatro, comidas o algo, los que mandan y dicen qué hacer son los hombres.  A las mujeres les toca asumirse a lo que dicen porque la guardia tiene en cuenta es lo que ellos proponen.  Las mujeres no tienen voz ni voto.
                 Mary.  Penitenciaría de Valledupar.

Adempas, es evidente la falta de formaci√≥n real del personal de custodia y directivas en lo referente a una concepci√≥n de g√©nero, que permita dar un tratamiento diferencial a hombres y mujeres privados de la libertad.¬† La equidad de g√©nero, aunque no es la panacea, necesariamente implica ese tratamiento diferencial con el objeto de corregir desigualdades. A largo plazo, a lo que se aspira es a que se pueda alcanzar una igualdad en t√©rminos de ‚Äúderechos, beneficios, obligaciones y oportunidades‚ÄĚ.¬† Resulta por tanto agresiva una estructura carcelaria, unas celdas, unos uniformes y un reglamento pensados en masculino. ¬†

La maternidad en condiciones de privación de la libertad

Para enero de 2014 el INPEC registra un total de 28 madres lactantes y 128 madres gestantes.¬† Hay 133 ni√Īos y ni√Īas conviviendo con sus madres en los diferentes establecimientos de reclusi√≥n, de √©stos, el 48.9/ son ni√Īos y el 51.1% son ni√Īas.¬† De esta poblaci√≥n total, 17 ni√Īos/as son menores de un a√Īo y 166 menores de 1 a 3 a√Īos. ¬†

El r√©gimen judicial y penitenciario no¬† valora ni reconoce el v√≠nculo √ļnico e indisoluble entre las mujeres privadas de la libertad que son madres y sus hijas e hijos y que hace a√ļn m√°s evidente el desconocimiento de las necesidades y derechos de las mujeres privadas de la libertad¬† y por extensi√≥n los de sus hijos e hijas. ¬†

Y es que un gran porcentaje de las mujeres reclusas son madres, y en su mayoría madres cabeza de familia, pero no existe un tratamiento especial, judicial ni penitenciario, que considere ésta condición y la de los hijos e hijas que se ven inmersos en esta realidad que vulnera también sus derechos.  

Algunas mujeres que ten√≠an hijos e hijas reci√©n nacidos o menores de 3 a√Īos, o las que llegaron a la prisi√≥n en estado de gravidez, o quienes concibieron a sus hijos o hijas en prisi√≥n han logrado tener un cupo para¬† que sus hijos e hijas vivan con ellas hasta la edad de los 3 a√Īos. No hay cupos para todas las mujeres en esta situaci√≥n. ¬†

Al llegar a la edad de 3 a√Īos, dolorosamente los ni√Īos y ni√Īas que conviven con sus madres en la prisi√≥n son arrancados unos de otras.¬† La disposici√≥n penitenciaria determina que √©stos menores deben ser entregarlos s o bien a familiares o amigos quienes se har√°n cargo de ellos, y si no existen √©ste tipo de personas, son entregados a hogares sustitutos,¬† hasta que sus madres cumplan su condena o se demuestre su inocencia y sean dejadas en libertad.¬† La fatalidad adicional est√° en que algunas de estas mujeres-madres est√°n condenadas a largas condenas de entre¬† los 10 y 60 a√Īos.¬† As√≠ las cosas, ¬Ņcu√°ndo podr√°n disfrutar y brindar cuidado a sus hijas e hijos? ¬ŅY c√≥mo ser√° la vida de √©stos sin sus madres? Parece que a nadie le importa √©sta realidad m√°s que a quienes la viven con impotencia en carne propia.

Despu√©s de esta traum√°tica separaci√≥n de madres e hijas e hijos, ni las unas ni los otros reciben un acompa√Īamiento psico-social.¬† Otro drama similar padecen las madres que tuvieron que dejar a sus hijas e hijos afuera de la prisi√≥n.¬† Los d√≠as de visitas de las hijas e hijos son tambi√©n tormentosas para unos y otras.¬† Sin ninguna consideraci√≥n, desde los m√°s peque√Īos son sometidos a extenuantes filas a la intemperie que se prolongan por horas, la mayor√≠a de las veces es mayor el tiempo que pasan en el tr√°mite de ingreso a la prisi√≥n que el que logran compartir con sus madres una vez al mes.¬† Muchas/os llegan atemorizados, en p√°nico por las desmedidas requisas y tratos que reciben de parte del personal de custodia. ¬†

De la educación y el trabajo

La gran mayoría de las mujeres privadas de la libertad son mujeres de bajos recursos económicos  y procedentes muchas de ellas de regiones marginadas del país. La mayoría tienen un bajo nivel académico, con educación básica primaria, en su mayor parte incompleta.  

Los cupos de estudio que el INPEC ofrece son pocos y su calidad es p√©sima.¬† Por lo general a las mujeres se les ofrecen cursillos que tienden a reforzar el papel hist√≥rico asignado a ellas: cursos de manualidades, culinaria, peluquer√≠a, manicure y pedicure, etc. El acceso a la educaci√≥n superior se limita a quienes pueden cancelarse el costoso semestre en la Universidad a Distancia, UNAD, con una limitada oferta de programas de estudio y una calidad y acompa√Īamiento realmente p√©simos.¬† El m√°ximo evento cultural promovido por el INPEC en las c√°rceles de mujeres es el reinado de belleza que se realiza anualmente hacia el mes de septiembre, en el d√≠a de las Mercedes, fecha en la que se supone se celebra el d√≠a de los reclusos/as. Otro tanto ocurre con los escasos cupos de trabajo.¬† Por lo general lo que prima es el rebusque y la desocupaci√≥n.

En general las mujeres privadas de la libertad acceden a dichos cupos de trabajo o estudio m√°s que porque sientan que est√°n creciendo en su vida personal, por conseguir una rebaja en su tiempo de prisi√≥n.¬† La supuesta ‚Äúresocializaci√≥n‚ÄĚ que tiene como objetivo el confinamiento de personas en prisi√≥n, es s√≥lo una ficci√≥n.

Las Prisioneras Políticas

Las prisioneras pol√≠ticas ‚Äďde conciencia o de guerra‚Äď, por su parte, son mujeres de diferentes extracciones sociales, mujeres de campo y de ciudad, mujeres con diferentes niveles de educaci√≥n acad√©mica formal y con diferentes experiencias de trabajo social y popular, sindicalistas, integrantes de comunidades ind√≠genas, afro colombianas y campesinas, defensoras de derechos humanos e insurgentes. ¬†

Muchas de estas mujeres han sido detenidas en el marco de la estrategia de seguridad de los gobiernos Uribe y Santos que criminaliza, judicializa y encarcela a luchadores sociales, populares y militantes de la oposici√≥n pol√≠tica. As√≠, algunas fueron privadas de su libertad en el marco de detenciones masivas, otras bajo la modalidad de las detenciones selectivas y¬† otras han sido se√Īaladas y entregadas por las redes de informantes. Unas y otras padeciendo los montajes judiciales.¬† El gran delito de la mayor√≠a de estas mujeres ha sido el trabajar por sus comunidades y/o vivir en zonas de conflicto.

As√≠, las personas detenidas bajo √©sta l√≥gica son vinculadas casi siempre a investigaciones por rebeli√≥n, delito pol√≠tico, de acuerdo a las normas penales colombianas, pero agravadas con la vinculaci√≥n adicional a delitos no pol√≠ticos, la mayor√≠a asociados al terrorismo. Con esta pr√°ctica se pretende, en primer lugar, desnaturalizar a√ļn m√°s el delito pol√≠tico, y en segundo lugar, poner en marcha una estrategia de quebramiento moral y castigo severo, en tanto los tiempos de los procesos, como las penas, en el caso de llegarse a condenas, aumentan significativamente. ¬†

Los procesos así montados quedan amparados bajo el reino de la justicia especializada, y no la ordinaria, y son llevados por fiscales anti-terrorismo, la gran mayoría de ellos y ellas, activos o reservistas de las fuerzas armadas y de seguridad del Estado, con lo que se da al traste con las garantías procesales de quienes están siendo judicializados.  

A √©stas mujeres, una vez se decide su confinamiento preventivo o punitivo en un centro penitenciario, se les dispersa en las diferentes reclusiones de mujeres y penitenciar√≠as del pa√≠s. Varias son asignadas a los nuevos establecimiento mixtos¬† de reclusi√≥n del orden nacional ‚ÄďERON. ¬†

Y por cuenta del incumplimiento de las disposiciones nacionales e internacionales en materia de clasificaci√≥n de internos/as, los pabellones se comparten cada vez m√°s entre mujeres sindicadas, condenadas, algunas muy j√≥venes, otras de tercera edad y por diversos hechos punibles. √Čste incumplimiento de lo dispuesto en la ley no s√≥lo ha sido usado como un recurso del INPEC para romper los procesos organizativos de las y los prisioneras, especialmente pol√≠ticos/as, sino que ponen en serio riesgo su seguridad e integridad personal.

Algunas prisioneras pol√≠ticas fueron sometidas a torturas f√≠sicas y sicol√≥gicas por sus captores, pero una vez en prisi√≥n jam√°s recibieron un tratamiento especializado que les ayudara a superar el trauma. Muchas otras, acto seguido a su detenci√≥n han sido expuestas ante los medios y en plazas p√ļblicas, donde su dignidad como mujeres ha sido pisoteada al ser presentadas como criminales y/o amantes de supuestos peligrosos ‚Äúterroristas‚ÄĚ, viol√°ndoles sus¬† derechos a la intimidad, a la presunci√≥n de inocencia, y cuando son absueltas jam√°s se hace una rectificaci√≥n p√ļblica que las repare en algo de la ofensa recibida. ¬†

Para las prisioneras políticas las restricciones de todo tipo son mayores que las de las otras mujeres privadas de la libertad.  En varios establecimientos penitenciarios y carcelarios se las recluye en pabellones de alta seguridad, lo que significa estar en otra cárcel dentro de la cárcel, sin posibilidad de contacto permanente con las demás reclusas y sin posibilidad de acceso a las áreas comunes, las que si pueden usar y transitar las demás internas.  Para moverse del pabellón en el que se encuentran hacia otras dependencias de la prisión, como el área de sanidad, o los cubículos donde se atienden a los abogados, deben contar con la debida autorización de las autoridades penitenciarias y siempre bajo la custodia de la guardia y en algunos casos esposadas. Su locomoción es así seriamente limitada.

En el caso de las prisioneras pol√≠ticas de guerra, la situaci√≥n no es mejor.¬† Muchas de ellas han sido capturadas heridas y llevadas a cl√≠nicas y hospitales, muchas veces¬† hospitales militares, en donde a muchas han intentado amputarles sus miembros afectados, sin su consentimiento, como una forma perversa de ponerlas definitivamente fuera de combate.¬† Tras √©ste tr√°nsito, prontamente son asignadas a las diferentes penitenciarias.¬† El INPEC, en los casos m√°s graves, las mantiene por un corto tiempo en el √°rea de sanidad, para asignarlas en el menor tiempo posible a los pabellones de alta seguridad¬† a donde llegan a√ļn convalecientes y donde deben tratar de recuperarse lentamente sin mayores condiciones de asepsia y sin la debida atenci√≥n m√©dica.¬† Aunque muchas se han salvado de una amputaci√≥n no deseada, al final terminan viendo inutilizados sus miembros por la falta de un oportuno tratamiento m√©dico estando en prisi√≥n. ¬†

Por su parte, cuando una prisionera pol√≠tica llega en este estado, sus compa√Īeras de pabell√≥n tratan de prestarle toda la solidaridad posible.¬† Algunas le hacen las curaciones necesarias, otras se encargan de tener sus pocas cosas limpias y en orden, otras se aseguran de que reciban sus medicamentos y alimentos a tiempo, otras gestionan sus citas m√©dicas, las terapias, otras se encargan de colaborarles con sus tr√°mites jur√≠dicos, etc.¬† Mientras tanto el INPEC se descarga de toda su responsabilidad dejando en manos de las otras prisioneras su cuidado.

La mayor√≠a de las veces las prisioneras que han llegado heridas necesitan de unos aditamentos que el INPEC y la empresa estatal prestadora de salud asignada a las prisiones, CAPRECOM, dif√≠cilmente proporcionan, tales como muletas, bastones, sillas de ruedas, pa√Īales, etc., trasladando nuevamente a las prisioneras y sus familiares, la responsabilidad de conseguirlas peri√≥dicamente.

Otras han recibido agravios y amenazas de muerte tras la detenci√≥n, mientras otras son sometidas a interrogatorios ilegales y enga√Īosos por parte de organismos judiciales y de seguridad del Estado¬† como de otros pa√≠ses en los mismos establecimientos penitenciarios.¬† A otras se las intenta persuadir de hacer parte de programas de delaci√≥n, de vinculaci√≥n al programa de Justicia y Paz, a√ļn si se trata de prisioneras pol√≠ticas de conciencia y no de guerra.¬† Dichas ofertas son presentadas por todo tipo de funcionarios judiciales y de seguridad del Estado e incluso por funcionarios/as del mismo INPEC.

Ya en la vida en prisión muchas prisioneras políticas son perseguidas y hostigadas por los miembros de custodia del INPEC por denunciar sus abusos de poder y las violaciones a los derechos humanos que cometen contra las personas privadas de la libertad.  Los traslados a cárceles alejadas y más severas son usados en contra de las prisioneras que osan denunciarlos. Tratan así con la agudización del suplicio, como el alejamiento familiar,  de quebrar la moral de las prisioneras. De paso buscan desarticular cualquier posibilidad de organización y trabajo colectivo de los reclusos y reclusas, así este se encuentre permitido en el código penitenciario y carcelario.  Las formas de organización y reclamación como los comités de internos/as, las representaciones en los comités de derechos humanos de las personas privadas de la libertad, etc., tratan de ser sino destruidas, cooptadas por la guardia para ponerlos a su servicio.  

Es √©sta la forma en que los carceleros pretenden minar su moral, normalizar su comportamiento, domar su rebeld√≠a y convertir a las prisioneras pol√≠ticas en meros entes que vegetan mientras reciben malos tratos y se limitan a ‚Äúobedecer‚Ä̬† las imposiciones de la guardia d√≠a tras d√≠a.

La prisión en Colombia implica todo tipo de rupturas: afectivas, sociales, laborales, educativas, organizativas.  Algunas prisioneras políticas cumplen largas condenas.  Condenas difíciles de asimilar frente a un panorama que no permite pensar en un proyecto de vida a futuro. Pero sea  que el paso por la prisión sea largo o corto, la vida para quienes han viven o han vivido la prisión queda suspendida, en el mejor de los casos.  En otros, el tiempo en prisión significa pérdidas definitivas en muchos campos de su vida personal. Es el tiempo y la vida que no vuelven jamás.

Una conclusión necesaria

Teniendo en cuenta que la afrenta a las mujeres es una ofensa a la dignidad humana, es claro que¬† las mujeres a√ļn tenemos mucho por hacer.¬† La tarea est√° inconclusa.¬† A las mujeres de √©ste tiempo nos corresponde continuar lo que otras iniciaron, ejercer activamente nuestros derechos conquistados, arrancar otros a√ļn no alcanzados, en la mira de revertir las hist√≥ricas y desiguales relaciones de poder entre hombres y mujeres, y as√≠ aprestarnos en actitud insumisa a desempe√Īar un destacado papel en la construcci√≥n y conducci√≥n de una nueva patria,¬† de una nueva sociedad y de un mundo mejor.

         ¡Adelante mujeres!
                        ¡Larga vida a las mariposas…!


YO TE QUIERO LIBRE

Bolet√≠n N¬ļ 5 (Enero-Febrero de 2014)

Este bolet√≠n informativo hace parte de la Campa√Īa Creando Puentes de Solidaridad, que se ha propuesto hacer llegar muestras de solidaridad con lxs presxs pol√≠ticxs del mundo. A trav√©s de cartas y libros construimos puentes de ida y vuelta.

En la actual necesidad de romper con los cercos de desinformación que someten a la humanidad en la total ignorancia, y con el compromiso incuestionable que todxs tenemos con nustra historia abrimos este espacio que pretende dar voz a las luchas de estos hombres y mujeres que, buscando la posibilidad de construir junto a su pueblo una sociedad justa, son encarcelados por el sistema capitalista.

La decisi√≥n de entregar hasta la vida misma por la liberaci√≥n de nuestros pueblos, no ha sido derrotada por los barrotes. Su lucha contin√ļa en esta nueva trinchera. LEER M√ĀS:

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INFILTRACIONES Y MONTAJES JUDICIALES EN LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS

Socializamos el cubrimiento de Canal Capital del caso: No m√°s falsos judiciales, en defensa del derecho a la verdad y justicia de los casos de montajes judiciales. Especialmente el caso de un agente de la polic√≠a nacional infiltrado ilegalmente en varias universidades del pa√≠s, entre ellas en la Universidad Pedag√≥gica Nacional quien enga√Ī√≥ y entreg√≥ el 26 de septiembre¬† de 2012 en una finca de Lebrija Santander a 5 estudiantes: Diego Alejandro Ortega, Cristian David Leiva, Erika Rodr√≠guez, Xiomara Alexandra Torres Jimenez, Jaime Alexis Bueno, de las Universidades Pedag√≥gica, del Valle y Distrital de Bogot√°, y al profesor Carlo Alex√°nder Carrillo.