CATEDRA LIBRE Y ABIERTA

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C√°tedra libre y abierta
Contra la Nueva Inquisición
LGTBI: Diversidad sexual,
Genero y Derechos Humanos

Intervienen:
‚ÄĘColombia Diversa
‚ÄĘCorporaci√≥n Reddes
‚ÄĘActivistas del Movimiento LGTBI

Martes 11 de febrero de 2014

Plazoleta Uma√Īa Mendoza
(Calle 20 con Carrera 7)

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DESTITUCION DEL MINISTRO DE DEFENSA Y DEL ALTO MANDO MILITAR: NECESIDAD DEL PROCESO DE PAZ Y MEDIDA DE GARANTIA A LAS PERSONAS Y ORGANIZACIONES AMENZADAS

COMUNICADO DE LA UNION PATRIOTICA


Recientes acontecimientos est√°n estrechamente relacionados. Las amenazas contra personas y organizaciones representativas de la posibilidad real de cambios democr√°ticos en Colombia, as√≠ como el descubrimiento de operaciones encubiertas de organismos de inteligencia estatal contra el proceso de paz, ponen de presente que el pa√≠s asiste al despliegue de una conspiraci√≥n contra los vientos de transformaci√≥n representados en las movilizaciones campesinas y populares, la presencia unitaria de la UP en la lucha electoral, y el horizonte de un tratado de paz duradero que se dise√Īa en La Habana.


Esta conspiraci√≥n esta agenciada por la expresi√≥n de extrema derecha del establecimiento, a trav√©s de estrategias de terrorismo de estado, que frente al empuje de las movilizaciones sociales, la presencia electoral de la UP y otras fuerzas democr√°ticas, y ante el precario respaldo ciudadano a tres opciones de derecha en las elecciones presidenciales (Oscar I Zuluaga, Marta L. Ram√≠rez y Enrique Pe√Īaloza), ven amenazados sus intereses y privilegios, por los cuales est√°n dispuestos a apostarle a la guerra como medio de conservar el poder pol√≠tico, econ√≥mico y militar que hoy ostentan.


Ante esta amenaza contra una paz democrática con justicia social, que respaldan y exigen la gran mayoría de colombianas y colombianos, el país necesita de la acción gubernamental que demuestre quién realmente gobierna a la nación. Frente a esta situación de conspiración contra la paz, el gobierno está en la obligación de destituir al ministro de defensa y al alto mando militar, así como a entregar resultados prontos sobre los verdaderos responsables de las amenazas contra representantes de las esperanzas de un futuro mejor para todas y todos en Colombia. Estas son acciones requeridas como medidas de protección y garantías a la candidata de la paz, Aida Abella Esquivel, a la UP, la Marcha Patriótica, la MIA, el alcalde Gustavo Petro y demás ciudadanos amenazados.

 

UNION PATRIOTICA
Comité Ejecutivo Nacional
AIDA AVELLA ESQUIVEL OMER CALDERON FELIPE SANTOS DE FRANCISCO
Candidata Presidencial Presidente Secretario General
Bogot√°, D.C. 6 de febrero de 2014

ARDEN LAS CARCELES

NUEVA TRAGEDIA EN BARRANQUILLA
Luis Jairo Ramírez H.
Desde hace varios a√Īos esta sobre el tapete un debate sobre la grave crisis carcelaria en el pa√≠s. Hubo sendas investigaciones de la ONU y Defensor√≠a del Pueblo declarando un Estado de cosas inconstitucional en las c√°rceles.¬† Pero el gobierno y el Estado han prestado o√≠dos sordos a la soluci√≥n del problema.

Ahora le toco el fatídico turno a la cárcel modelo de barranquilla. El pasado 27 de enero guardias del INPEC lanzaron una pipeta de gas pimienta, usado para dispersar protestas en campo abierto, sobre  internos del patio 7 hacinados en un espacio reducido y provocaron un incendio que le costó la vida al menos a 11 detenidos y heridas a 50 mas. Los sobrevivientes denuncian la desidia de los funcionarios del INPEC, del Director de la Cárcel de Barranquilla y el Teniente PONTON, quienes observaban impasibles como los reclusos padecían la conflagración; un crimen de Estado.

La Cárcel Modelo de Barranquilla tiene una capacidad de 454 internos, pero hoy se encuentran allí 1300 presos. El Patio 7 donde ocurrió la tragedia, tiene cerca de 700 presos, cuando su capacidad es de 120 presos.

La Defensor√≠a del Pueblo, La Procuradur√≠a General de la Naci√≥n, el Personero local y el INPEC que llevan a√Īos de ineptitud e indiferencia frente al tema, se limitaron a golpes de pecho y “buenas intenciones” para tratar de ocultar que la dignidad humana y los derechos humanos de las personas privadas de la libertad¬† son vulnerados d√≠as tras d√≠a por un Estado que mantiene practicas criminales.

Nuevamente salen a la superficie las cárceles colombianas como depósitos de seres humanos, verdaderos campos de concentración donde campea la tortura y la muerte, donde se ejecutan  medidas represivas y vejatorias al más ramplón estilo medieval; diariamente fallecen allí cientos de detenidos y detenidas por enfermedades terminales, desatención medica, por golpizas propinadas por el personal del INPEC, por negligencia y desidia de guardianes, directores y autoridades del orden nacional.

El problema pretende ser resuelto construyendo mas c√°rceles, repletas con una creciente delincuencia com√ļn resultado del abandono social de un Estado indolente y elitista, pero tambi√©n hay m√°s de 15 mil presos pol√≠ticos, rehenes del gobierno, producto de expedientes ama√Īados armados en los laboratorios de la inteligencia militar y policial¬† para judicializar la rebeld√≠a popular; que si fueran liberados resolver√≠an en gran medida la situaci√≥n actual. Este es el verdadero rostro de un Estado autoritario y corrupto.

Est√° claro que detr√°s de la crisis humanitaria de las c√°rceles colombianas hay problemas estructurales que no se resuelven con pa√Īos de agua tibia. Por ejemplo, la ley 1709 del 2014 que acaba de reformar el c√≥digo penitenciario y carcelario, ha generado muchas expectativas, en realidad tiene un alcance limitado. Como lo ha se√Īalado el Comit√© de Solidaridad con los Presos pol√≠ticos: “La ley tendr√° un impacto m√≠nimo en las cifras de hacinamiento ya que seg√ļn el gobierno, aproximadamente 9 mil personas podr√°n recuperar la libertad, frente a un d√©ficit de casi 50 mil cupos penitenciarios”

En vez de cárceles la gente reclama generar empleo digno, educación gratuita, salud integral y oportunidades para una juventud que hoy no tiene un futuro asegurado.


Comunicado del Partido Comunista Colombiano sobre amenazas y espionaje militar

Rechazamos el régimen de espionaje, chuzadas y amenazas a la oposición democrática

La revelación de una estación clandestina de espionaje en pleno centro de Bogotá ratifica la presencia de factores de boicot al proceso de paz en el corazón mismo del gobierno nacional, conectados con las fuentes de desestabilización en instalaciones militares y que demandan millonarios recursos para su manutención y ocultamiento.

Las denuncias de la revista Semana coinciden con el esc√°ndalo de las amenazas v√≠a Internet contra dirigentes y activistas de la izquierda, en especial de la Uni√≥n Patri√≥tica, Marcha Patri√≥tica y el Partido Comunista y el reciente allanamiento ilegal de la polic√≠a a las oficinas de este √ļltimo. Las contradictorias explicaciones oficiales conducen a justificar en la ley 1621 de 2013, llamada ley de inteligencia, como actividades l√≠citas el espionaje a opositores pol√≠ticos, directivos de organizaciones sociales e incluso negociadores del paz del gobierno en La Habana.

No se trata de ‚Äúfuerzas oscuras‚ÄĚ sino de estructuras del Estado, vinculadas a la flamante CIME (Central de inteligencia militar del Estado). Es un ciclo que se repite y que corresponde a una forma de autoritarismo en el que los instrumentos de la informaci√≥n estatal se enfocan contra los opositores pol√≠ticos y sociales de izquierda y alimentan el sabotaje auspiciado por personajes como √Ālvaro Uribe.

¬ŅC√≥mo se explica que unos funcionarios p√ļblicos, adscritos a estructuras de inteligencia del Ej√©rcito, sujetas a jerarqu√≠as castrenses y que obedecen a √≥rdenes superiores, esp√≠an a opositores pol√≠ticos y sociales o a otros funcionarios?

En un contexto de contrainsurgencia los sistemas de inteligencia e informaci√≥n obedecen a la l√≥gica de la guerra civil. Desde el desmantelamiento de la XX Brigada en 1998 el Estado colombiano anunciaba el compromiso de destruir archivos y renunciar a la utilizaci√≥n pol√≠tica de la informaci√≥n de inteligencia. De hecho, tanto en el caso del DAS como en lo que ahora parece retornar con Andr√≥meda, el peligro est√° en su vinculaci√≥n con actividades clandestinas de desinformaci√≥n, contra-informaci√≥n, divulgaci√≥n de calumnias, montaje de procesos ama√Īados ante la Fiscal√≠a o realizaci√≥n de operativos criminales, directamente o a trav√©s de terceros. Especialmente las llamadas operaciones clandestinas han estado vinculadas con grav√≠simas violaciones de los derechos humanos.

Permanece la concepci√≥n de ‚Äúenemigo interior‚ÄĚ, herencia de la ‚Äúguerra fr√≠a‚ÄĚ anticomunista, que gu√≠a el proceder del Ministro de Defensa y un sector de los altos mandos orientados al hostigamiento de los opositores pol√≠ticos y sociales del r√©gimen dominante y al boicot del di√°logo de paz, en abierta contradicci√≥n con la proclamada pol√≠tica oficial. La gravedad del momento radica en el riesgo de la interrupci√≥n del proceso de paz desde las esferas internas del gobierno y el desencadenamiento de represalias masivas o selectivas de exterminio de opositores de izquierda, en el marco de una campa√Īa pol√≠tica electoral. Es lo m√°s semejante al autogolpe de Estado, si se considera la actitud permanentemente conciliadora de Santos con la ultraderecha el militarismo.

En consecuencia,

- Exigimos la derogatoria de la ley 1621 de 2013, la claridad y transparencia de las investigaciones, contra la tendencia a tapar las evidencias; el desmantelamiento de las estaciones clandestinas, la reglamentación y control sobre los hackers al servicio de la inteligencia militar;

- exigimos la destrucción de la información no autorizada por el Poder Judicial sobre personas, organizaciones sociales y políticas, con supervisión de las organizaciones de derechos humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de las NNUU para los derechos humanos;

- Reclamamos la renuncia del Ministro de Defensa, el cambio en las declaraciones de funcionarios que descalifican el proceso de diálogo de La Habana y satanizan a la oposición social y democrática.

- Exigimos el esclarecimiento sobre las amenazas, panfletos, hostigamientos, allanamientos ilegales y torturas, en los casos denunciados por Uni√≥n Patri√≥tica, Marcha Patri√≥tica, MIA, Partido Comunista y otros movimientos y compromiso p√ļblico del presidente en cuanto a las garant√≠as para las fuerzas alternativas de la izquierda en la actual contienda electoral.

- Llamamos a todas vertientes democr√°ticas de la opini√≥n y al movimiento social a rodear solidariamente a las personas de izquierda amenazadas; a acompa√Īar sus denuncias, reclamos y quejas en una s√≥lida defensa colectiva ante la arbitrariedad y la antidemocracia; y a consolidar los pasos hacia un Frente Amplio en defensa del di√°logo por la paz, la justicia social y los derechos ciudadanos.

PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO
COMIT√Č EJECUTIVO CENTRAL

Bogot√°, febrero 7 de 2014