120 MIL PRESOS NO CABEN EN LAS CARCELES DE COLOMBIA

13 DECEMBER 2013

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En Colombia, al finalizar el mes de octubre de 2013 se encontraban recluidas en establecimientos carcelarios y penitenciarios a cargo del INPEC 120.038 personas distribuidas en las seis regionales.

Seg煤n el Inpec, para octubre de este a帽o 36.515 (30,4%) internos estaban en las c谩rceles en condici贸n de sindicados, mientras que 83.523 correspond铆an a condenados, es decir, el 69,6% del total de la poblaci贸n carcelaria.

Si en Suecia este a帽o cerraron cuatro c谩rceles por falta de presos, en Colombia, de acuerdo con el聽 proyecto de ley que se aprob贸 el martes pasado en el Congreso, podr铆an salir libres m谩s de 10.000.

El proyecto de ley del C贸digo Penitenciario busca humanizar estos centros de reclusi贸n聽 flexibilazando la suspensi贸n de la condena, otorgando libertad condicional y detenci贸n domiciliaria. Adem谩s, a juicio de los legisladores, la infraestructura carcelaria del pa铆s no tiene la capacidad suficiente para albergar a 120.038 internos.

Estas son algunas de las cifras que demuestran la sobrepoblaci贸n聽 en la mayor铆a de las c谩rceles.

Seg煤n el informe del INPEC el hacinamiento es聽 la 鈥渃antidad de personas privadas de la libertad en un espacio o centro de reclusi贸n determinado en n煤mero superior a la capacidad del mismo鈥 y la sobrepoblaci贸n se entiende como la 鈥減orci贸n de la poblaci贸n de internos(as) que excede la capacidad instalada de cupos penitenciarios en un establecimiento de reclusi贸n鈥.

Teniendo en cuenta estos t茅rminos a continuaci贸n mostramos una infograf铆a con datos estad铆sticos hasta el mes de octubre de 2013.

*E.P.M.S.C: Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad.

E.R.E: Establecimiento de Reclusi贸n Especial.

Hacinamiento carcelario: una medida de remiendo

Seg煤n datos del INPEC, el hacinamiento en el pa铆s, para noviembre de 2013, est谩 en un 58,5%, siendo la regi贸n norte aquella que presenta la tasa m谩s elevada con el 93,8%, una cifra que pone de relieve varias problem谩ticas: higiene, salud, alimentaci贸n y espacio.

El martes 3 de diciembre se aprob贸 en el Congreso el proyecto de ley sobre el c贸digo penitenciario y carcelario dej贸 algunas inc贸gnitas. El mismo ministro de Justicia, Alfonso G贸mez Mendez expres贸 el car谩cter paliativo de dicha ley, al decir que no es la soluci贸n total, sino una medida para solventar el problema del hacinamiento. 鈥淣o es la soluci贸n al problema del hacinamiento, es uno de los instrumentos que tiene el Gobierno鈥.

El senador Juan Lozano contest贸 a la iniciativa como 鈥減a帽itos de agua tibia鈥, al punto de considerar 鈥渋mperdonable que el proyecto no sea integral al revisar el problema penitenciario鈥.

Sebasti谩n P茅rez, abogado penalista de la Universidad de Antioquia expres贸 que el proyecto 鈥渄emuestra una buena voluntad de solucionar un problema muy concreto y es el del hacinamiento, pero lo que pienso es que es una medida muy superficial. El asunto no se trata de buscar la fiebre en las s谩banas, sino el origen del problema鈥.

Sobre la disyuntiva de excarcelar personas mayores de 65 a帽os, el ministro de justicia se mostr贸 renuente, debido a que una gran proporci贸n de las personas que est谩n recluidas en esta edad se debe a delitos sexuales. Dijo que, aunque sean mayores de 65 a帽os, no es posible otorgar impunidad a聽 quien ha incurrido en violaciones sexuales.

P茅rez, en cambio, piensa algo distinto acerca del adulto mayor. 鈥淓s un asunto meramente humanitario que, a mi modo de ver, deber铆a desligarse del delito que cometi贸 la persona y considerar lo que son las particularidades de una persona con esa edad鈥.


ORGANIZACIONES SOCIALES Y SINDICALES DE COLOMBIA PREOCUPADAS POR PERSECUCION Y ENCARCELAMIENTO DE DIRIGENTES

18 de diciembre de 2013

Bogot谩. H. Durango. En una plenaria de organizaciones y Movimientos Sociales y Pol铆ticos a realizarse el pr贸ximo mi茅rcoles 18 de diciembre a partir de las 2:00 de la tarde en la sede de la nacional de la Central Unitaria de Trabajadores CUT (calle 35 N掳 7-25, piso 9) se analizar谩 y tomar谩n determinaciones sobre las detenciones arbitrarias y la ola de persecuci贸n contra representantes del sindicalismo y l铆deres de otros sectores agrarios e ind铆genas. LEER MAS:

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El trasfondo del "incidente Petro" ...

SE FRAGUA GOLPE DE ESTADO CONTRA SANTOS

Fernando Dorado

Popay谩n, diciembre 14 de 2013

Gustavo Petro lanz贸 una prueba de fuego a Santos. En un contundente discurso ante m谩s de 100 mil personas reunidas en la Plaza de Bol铆var de Bogot谩 y en las calles aleda帽as, Petro demostr贸 c贸mo el Procurador no tiene la potestad para destituirlo sino que adem谩s 鈥 al atribuirse esa funci贸n 鈥, est谩 desconociendo la autoridad del Presidente de la Rep煤blica, quien seg煤n la Constituci贸n Pol铆tica de Colombia, la Convenci贸n Interamericana de DD.HH. y la Ley Estatutaria de Bogot谩, es el 煤nico que podr铆a removerlo de su cargo siempre y cuando exista un fallo condenatorio de un juez penal. LEER MAS:

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JURISTAS NORTEAMERICANOS RECHAZAN ACTUACION DEL PROCURADOR CONTRA GOBIERNO DE BOGOTA

18 de diciembre de 2013

Mediante declaraci贸n enviada a diferentes organismos p煤blicos y privados de los Estados Unidos y del mundo la Asociaci贸n Americana de Juristas AAJ, organizaci贸n no gubernamental con estatuto consultivo en la ONU, rechaza actuaci贸n del Procurador Ordo帽ez contra el Gobierno Distrital.

El contenido del documento de la AAJ es el siguiente:

Declaraci贸n de la Asociaci贸n Americana de Juristas ante la destituci贸n del Dr. Gustavo Petro Urrego del cargo de Alcalde Mayor de Bogot谩 en la Rep煤blica de Colombia e inhabilitaci贸n por 15 a帽os.

La Asociaci贸n Americana de Juristas (AAJ), organizaci贸n no gubernamental con estatuto consultivo en las Naciones Unidas, manifiesta su profunda preocupaci贸n por la destituci贸n del Dr. Gustavo Petro Urrego del cargo de Alcalde Mayor de Bogot谩 y su inhabilitaci贸n de ejercer cualquier cargo p煤blico por quince a帽os, llevado a cabo mediante un procedimiento poco transparente por el Procurador General de Naci贸n de la Rep煤blica de Colombia, Dr. Alejandro Ordo帽ez, conocido por sus posiciones intolerantes y por su cercan铆a al 鈥淯ribismo鈥.

La AAJ considera que tales medidas fueron adoptadas con dedicatoria a un pol铆tico progresista, de manera desproporcionada y en violaci贸n al Pacto Internacional de Derechos Pol铆ticos y Civiles, la Convenci贸n Americana sobre Derechos Humanos y la Constituci贸n de Colombia, pues, un funcionario p煤blico designado como es el Procurador, no est谩 capacitado para revocar la voluntad popular. Petro fue elegido como Alcalde Mayor de Bogot谩 el 30 de octubre de 2011, por una mayor铆a de 721.308 votos para un periodo constitucional de cuatro a帽os, cargo que asumi贸 el 1 de enero de 2012.

Observamos que la destituci贸n de Preto se produce en un contexto hist贸rico muy importante para el pueblo colombiano: las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la FARC en La Habana; el proyecto de la Bogot谩 Humana; y un movimiento social en el pa铆s con gran capacidad de convocatoria, movilizaci贸n y protesta en las calles por campesinos, mujeres, estudiantes, ind铆genas, afrodescendientes, trabajadores y una amplia diversidad de organizaciones. Asimismo, la AAJ opina que las oligarqu铆as y enemigos de la paz en Colombia buscan cualquier pretexto para erosionar el proceso de paz, mantener las pol铆ticas neoliberales y los TLC, controlar el aparato gubernamental y frenar cualquier iniciativa de democracia participativa. A ese respecto, es importante referirnos al antecedente de la destituci贸n e inhabilitaci贸n de la Senadora Piedad C贸rdoba, con el fin de dar un golpe contundente a una soluci贸n negociada del conflicto interno en Colombia.

En el adelanto del plan de desarrollo distrital 鈥淏ogot谩 Humana鈥, que promueve devolver los hospitales, la educaci贸n y los servicios p煤blicos esenciales a las instituciones p煤blicas, el Alcalde de Bogot谩 Petro implement贸 un nuevo esquema para el servicio p煤blico de aseo y la recolecci贸n de los desechos s贸lidos o basura, que implicaba enfrentarse al monopolio de ciertas empresas privadas vinculadas al poder central, de m谩s de 20 a帽os, y la desprivatizaci贸n de este servicio p煤blico. El Alcalde Petro estaba desarrollando un modelo alternativo de ciudad, m谩s equitativo, tomando en consideraci贸n los problemas ambientales, e incluy贸 en la prestaci贸n del servicio la participaci贸n de la poblaci贸n dedicada al reciclaje de las basuras. A煤n en la hip贸tesis de la existencia de errores de implementaci贸n de la medida, ello no justifica de modo alguno la decisi贸n del Procurador General de declarar al Alcalde 鈥渄isciplinariamente responsable鈥 y la sanci贸n de destituci贸n e inhabilitaci贸n el 9 de diciembre del presente a帽o.

La decisi贸n del Procurador, reiteramos, viola el Pacto Internacional de Derechos Pol铆ticos y Civiles (arts. 2, 3, y 25), suscrito por Colombia en 1969, la Convenci贸n Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San Jos茅), ratificada por Colombia en 1973, que dispone que los derechos pol铆ticos pueden ser suspendidos 煤nicamente por v铆a jurisdiccional mediante providencia de un juez competente, como resultado de un proceso penal. En el caso del Alcalde Mayor de Bogot谩 no hay sentencia judicial previa y la sanci贸n de procuradur铆a es claramente contraria a las disposiciones de las normas internacionales. Adem谩s, la decisi贸n desconoce el Art铆culo primero de la Constituci贸n de la Rep煤blica de Colombia, que defiende el Estado Social de Derecho, el pluralismo ideol贸gico y el respeto a la dignidad humana. Nos preguntamos en d贸nde queda la prevalencia del Art铆culo tercero de la Constituci贸n de la Rep煤blica de Colombia que taxativamente establece, 鈥淟a soberan铆a reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder p煤blico鈥. El Dr. Gustavo Petro Urrego tiene una larga trayectoria de servicio p煤blico, incluyendo cargos administrativos, diplom谩ticos y parlamentarios. En el a帽o 2006 fue electo Senador representando al Polo Democr谩tico Alternativo (PDA), obteniendo la segunda mayor votaci贸n del pa铆s. En el 2009 Petro Urrego renunci贸 a su cargo de Senador para aspirar a la Presidencia de Colombia, en representaci贸n del Polo Democr谩tico Alternativo obteniendo 1.331.267 votos.

Varias figuras p煤blicas como el Ministro de Justicia de Colombia, Dr. Alfonso G贸mez M茅ndez, el Fiscal General Eduardo Montealegre y otras autoridades han manifestado la necesidad de revisar las normas que permiten la inhabilitaci贸n de personas que han sido electas por voto popular, las faltas de garant铆as para los procesados por faltas disciplinarias y violaciones al debido proceso.

Por tanto, la AAJ:

1. Manifiesta su apoyo a la restituci贸n a su cargo del Alcalde Mayor de Bogot谩.

2. Exhorta al Congreso de la Rep煤blica de Colombia a reglamentar debidamente las funciones y facultades del Procurador General de la Naci贸n para que se adecue a los principios de la Constituci贸n y a los pactos y convenciones internacionales suscritos por Colombia en el marco del respeto y la defensa de los derechos fundamentales y de los derechos pol铆ticos y civiles.

3. Solicita a las instancias constitucionales administrativas, disciplinarias y jurisdiccionales correspondientes a revocar la desproporcionada sanci贸n impuesta administrativamente al Alcalde Mayor de Bogot谩 en abierta oposici贸n a los preceptos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol铆ticos y en la Convenci贸n Interamericana de Derechos Humanos.

4. Reitera su apoyo a una soluci贸n negociada del conflicto armado en Colombia. Esperamos que el Acuerdo establezca una reforma agraria y garant铆as que aseguren la democratizaci贸n del pa铆s y la construcci贸n de una sociedad justa, libre de la impunidad, el narcotr谩fico y los paramilitares.

15 de diciembre de 2013

Firmado:

Vanessa Ramos- presidenta AAJ continental (VRamos1565@aol.com)

Hern谩n Rivadeneira J.- Secretario General (hr21908@gmail.com)

Beinusz Szmukler- Presidente del Consejo Consultivo de la AAJ (beinusz@gmail.com)