Solidaridad con los trabajadores petroleros

Solidaridad nacional e internacional del movimiento sindical  y organismos defensores de derechos humanos con los detenidos por defender los derechos de los trabajadores petroleros, Héctor Sánchez Gómez, José Dilio Naranjo y Campo Elías Ortiz.


La USO llama a denunciar el r√©gimen antisindical auspiciado por el gobierno colombiano en favor de las compa√Ī√≠as multinacional que saquean los recursos nacionales.

Plazoleta Manuel Gustavo Chacón
Jueves 19 de diciembre de 2013
Carrera 13 con 36

 


LA OPOSICION EN COLOMBIA SOLO TIENE CABIDA EN LAS CARCELES Y EN EL CEMENTERIO

Dec 15 


Nelson Lombana Silva

Las reacciones del pueblo colombiano por la medida del procurador general de la naci√≥n, Alejandro Ord√≥√Īez Maldonado, de retirar del cargo e inhabilitar al alcalde de Bogot√°, Gustavo Petro Urrego, por 15 a√Īos, se contin√ļan generando en distintas regiones del pa√≠s.

Procurador inquisidor Alejandro Ord√≥√Īez Maldonado. foto Nelosi

Son reacciones de rechazo a lo que viene considerándose como un siniestro plan para matar la oposición en Colombia combinando todos sus artilugios salvajes por parte del Estado capitalista. A su vez, es un grito de solidaridad con Petro y la débil democracia que pende de un hilo en este país latinoamericano.

El plan comenz√≥ con la ex senadora liberal Piedad C√≥rdoba, ahora va con Petro y todo indica que seguir√≠a con m√°s dirigentes de izquierda, al parecer siguiendo las orientaciones del cerebro ‚Äúoculto‚ÄĚ √Ālvaro Uribe V√©lez y su grup√ļsculo, del cual hacen parte el ministro de Defensa Juan Carlos Pinz√≥n y Jos√© Obdulio Gaviria, primo del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria.

Ojal√° con este chasco Petro entienda la vigencia de la lucha de clases. En m√°s de una oportunidad se le escuch√≥ decir que la lucha de clases era cosa del pasado, era algo descontinuado y que dizque la izquierda ten√≠a que ‚Äúmodernizarse‚ÄĚ. Es decir, no confrontar el enemigo de clase sino conciliar con √©l. Convencido por estos postulados no tuvo inconvenientes en apoyar a ese siniestro y cavernario ‚Äúpersonaje‚ÄĚ, seguramente con la ahist√≥rica idea de que no ser√≠a molestado a corto, mediano o largo plazo. Olvid√≥ que la lucha de clases est√° vigente y es una lucha a muerte.

Adem√°s, se puso en evidencia el adagio de nuestros abuelos cuando dec√≠an: ‚ÄúAs√≠ paga el diablo a quien bien le sirve‚ÄĚ. Repito: ojal√° sea una lecci√≥n que asimile bien el compa√Īero Gustavo Petro Urrego.

A pesar de todas las contradicciones del ex dirigente del M-19, es deber de los revolucionarios y demócratas rodearlo, porque más allá está la débil democracia y las condiciones de hacer oposición en Colombia.

Mediante comunicado expedido el pasado 10 de diciembre por el vicepresidente de la Uni√≥n Nacional de Pensionados P√ļblicos y Privados (Uninalpps), Marco Aurelio Sandoval Tique, rechaza y condena la postura del Procurador General de la Naci√≥n y a su vez expresa la solidaridad con Gustavo Petro. ‚ÄúQueda demostrado ‚Äďdice la declaraci√≥n‚Äď que la oposici√≥n (en Colombia) solo tiene cabida en las c√°rceles y en los cementerios‚ÄĚ.

Al integrarse al movimiento nacional de los indignados por dicha decisión, Sandoval Tique compara esta infeliz práctica con la serie de magnicidios que se han venido presentando históricamente en este país sudamericano, convirtiendo a esta oligarquía en una de las más criminales del continente y del planeta.

Se√Īala: ‚ÄúLa destituci√≥n e inhabilitaci√≥n para ejercer cargos p√ļblicos de la ayer senadora Piedad C√≥rdoba y ahora del alcalde Gustavo Petro, solo se puede comparar con la eliminaci√≥n f√≠sica de que han sido v√≠ctimas hombres prominentes como el doctor Jorge Eli√©cer Gait√°n, Bernardo Jaramillo Osa, Carlos Pizarro Le√≥n-G√≥mez, el doctor Antequera, √Ālvaro G√≥mez Hurtado, Luis Carlos Gal√°n Sarmiento y otros, que han levantado la bandera contra la corrupci√≥n, la politiquer√≠a y la exclusi√≥n social de los sectores marginados. Igualmente se puede comparar con el robo de las elecciones al ex general Gustavo Rojas Pinilla‚ÄĚ.

El vicepresidente de Uninalpps pide una reforma a la Justicia y una asamblea nacional constituyente que le cierre el paso a la corrupción y la impunidad. Dice en su declaración:

‚ÄúAhora m√°s que nunca se requiere con urgencia la reforma a la Justicia, a trav√©s del Congreso o de una asamblea nacional constituyente, para eliminar la comisi√≥n de absoluci√≥n de la C√°mara de Representantes, que genera impunidad y le hace apolog√≠a a la misma, frente a los delitos de cuello blanco, ya que el Procurador ha venido violando la Constituci√≥n y la ley con tama√Īa impunidad‚ÄĚ.

‚ÄúO si no, consulten lo denunciado por la revista Semana, en el sentido de que para llegar a ser reelegido reparti√≥ cientos de puestos a los congresistas, lo que tipifica el punible de tr√°fico de influencias, igualmente, ha violado las leyes que proh√≠ben adoptar conductas racistas, y lo han hecho contra la comunidad LGTB, contra los matrimonios entre parejas del mismo sexo‚ÄĚ.

‚ÄúAs√≠ mismo, se ha negado a convocar a los procuradores judiciales delegados a concurso, para incorporarlos a carrera administrativa, como lo orden√≥ la H. Corte Constitucional, para que no mantuviera esta n√≥mina como mercado persa, negativa que implica el punible de prevaricato por omisi√≥n. Tambi√©n eliminar estos poderes del procurador que rayan en el extremo de extralimitarse en sus funciones‚ÄĚ.

El en√©rgico comunicado termina se√Īalando la situaci√≥n dram√°tica por la cual atraviesa el pueblo colombiano como producto de las arbitrarias medidas tomadas por el r√©gimen y, a su vez, expresa su preocupaci√≥n en cuanto que mientras en La Habana se habla de construir un proceso de paz, el Procurador General de la Naci√≥n asienta el acelerador a favor de la guerra. ‚ÄúSe atiza la violencia desde el poder como lo est√° haciendo el procurador‚ÄĚ.

http://www.semanariovoz.com/2013/12/15/la-oposicion-en-colombia-solo-tiene-cabida-en-las-carceles-y-en-el-cementerio/


DENUNCIA PUBLICA

Denuncia p√ļblica: personas armadas entraron por la fuerza y robaron informaci√≥n de casa de Olga Luc√≠a Quintero, lideresa de AscamcatEl Movimiento Nacional de V√≠ctimas de Cr√≠menes de Estado (Movice) denuncia que desconocidos entraron por la fuerza a la casa de Olga Lucia Quintero, tesorera y vocera de la Asociaci√≥n Campesina del Catatumbo (Ascamcat), organizaci√≥n que hace parte del Movice cap√≠tulo Norte de Santander. Seg√ļn se ha podido establecer, estas personas portaban armas de fuego y robaron informaci√≥n de la casa, un computador, discos duros y memorias USB.

Hechos

El d√≠a 17 de diciembre de 2013 aproximadamente a las 10 am, en la ciudad de San Jos√© de C√ļcuta (Norte de Santander), un hombre y una mujer que portaban armas cortas, entraron por la fuerza a la casa de la dirigente campesina Olga Luc√≠a Quintero. Una vez la pareja de sicarios ingres√≥ a la vivienda, indag√≥ por el paradero de la se√Īora Quintero y, al comprobar que no se encontraba, procedieron a amordazar a la ni√Īera.

Posteriormente, el hombre subió al segundo piso, de donde sustrajo una caja de seguridad que contenía varias memorias USB, dos discos duros y un computador de propiedad del dirigente campesino y defensor de derechos humanos Mauricio Ramos.

Al salir de la casa, los atacantes le dijeron a la ni√Īera amordazada, refiri√©ndose a la se√Īora Quintero: “esa hijueputa sabe qui√©nes somos nosotros”

Leer m√°s & hellip;

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√Ārea de Protecci√≥n - Equipo T√©cnico

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado - MOVICE

www.movimientodevictimas.org


ACCION URGENTE: NUEVO DESALOJO A CAMPESINOS EN BURITICA (ANTIOQUIA) POR PARTE DE LA FUERZA PUBLICA

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crimenes de Estado (Movice) denuncia el desalojo de campesinos y mineros habitantes del municipio de Buriticá (Antioquia), quienes están siendo expulsados por la fuerza del sector de San Antonio, en un operativo realizado por efectivos de la Defensa Civil y la Policía Nacional. El balance inicial es de un minero herido en una pierda por una bala de goma, disparada a quemarropa por miembros del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (Esmad) de la Policía.

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Foto: Isabel Cristina Zuleta, Movimiento Ríos Vivos

Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional para que tomen acción urgente para obtener garantías para los derechos fundamentales de los habitantes de la zona.

Hechos

De acuerdo con la informaci√≥n transmitida por la Asociaci√≥n Castilla de Oro, con base en Buritic√°, a Radio Nizkor, en este momento, siendo las 1 pm el 11 de diciembre de 2013, y amparados en un decreto de calamidad p√ļblica, emitido por el alcalde del municipio, Carlos Mario Varela Ram√≠rez, los afectados est√°n siendo transportados en camiones hacia el sector conocido como Tiguro, en las afueras de la localidad, donde se encuentra instalado un puesto de mando del Departamento Administrativo del Sistema de Prevenci√≥n, Atenci√≥n y Recuperaci√≥n de Desastres (DAPARD), la Polic√≠a Nacional y la Gobernaci√≥n de Antioquia. Los desalojados, en su mayor√≠a mineros provenientes de otros municipios de la regi√≥n, son dejados a la intemperie y no se les permite el reingreso.

Hasta el momento el reporte desde Buritic√° indica que 15 ranchos m√°s han sido destruidos, mientras los mineros huyen por la monta√Īa para evitar ser subidos a los camiones que les llevan hacia la salida de Buritic√°. Seg√ļn la informaci√≥n obtenida, el alcalde habr√≠a decretado toque de queda a partir de las 2 pm. Los testigos informan que el Esmad grita consignas de provocaci√≥n como: "mineros segovianos, vengan y nos damos".

Contexto

Es de recordar que seg√ļn las denuncias recibidas el pasado 22 de noviembre de 2013, en una intervenci√≥n similar de la fuerza p√ļblica, dos mineros murieron, 17 resultaron heridos, seis est√°n desaparecidos y 10 fueron detenidos y que desde esa fecha m√°s de mil ranchos han sido destruidos.

El domingo 8 de diciembre de 2013, durante una asamblea popular realizada pese a la obstrucción por parte de las autoridades policiales, los habitantes de Buriticá denunciaron que se encuentran en un estado de excepción de facto, pues se les restringe incluso la movilidad y a aquellas personas cuyos documentos de identidad han sido expedidos fuera del municipio se les exige un certificado policial para circular en la localidad.

Asimismo fueron denunciados robos y extorsiones por parte de la Policía, golpizas contra mujeres por parte del Esmad, amenazas a los líderes de los mineros, así como políticas discriminatorias contra los mineros de fuera del municipio.

La canadiense Continental Gold descubri√≥ una veta de oro en el a√Īo 2007 y desde entonces se viene presentando una tensi√≥n entre los mineros artesanales y la multinacional. La declaratoria de calamidad p√ļblica se dio despu√©s del derrumbe en una de las bocaminas artesanales el pasado 18 de octubre de 2013.

Es de anotar que el decreto de calamidad p√ļblica Nro. 089 de 19 de octubre 2013, cuya vigencia ese establece hasta el pr√≥ximo 19 de diciembre de 2013, se basa en el art√≠culo 56 de la ley 1523 de 2012, de Atenci√≥n y Prevenci√≥n de Desastres, que s√≥lo faculta al Presidente de la Rep√ļblica para la declaratoria de desastre nacional. El art√≠culo 57 de la misma, en cambio, permite a los alcaldes declarar la calamidad p√ļblica.

No obstante lo anterior, los desalojos forzados como los que se est√°n ejecutando en este momento en Buritic√°, constituyen un evidente abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza.

Exigimos

- Que las autoridades estatales tomen medidas inmediatas para garantizar la protección de la población afectada por los desalojos en Buriticá (Antioquia).

- Que la comunidad nacional e internacional se pronuncie en apoyo a la protección de la comunidad afectada por los desalojos en Buriticá (Antioquia).

 

Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE


DENUNCIA PUBLICA: ASESINADO MIEMBRO DE LA ASOCIACION CAMPESINA DEL CATATUMBO

El Movimiento Nacional de V√≠ctimas de Cr√≠menes de Estado (Movice) denuncia el asesinato, al parecer por parte de tropas del Ej√©rcito Nacional, de Jorge Eli√©cer Calder√≥n Chiquillo, joven de 20 a√Īos y miembro de la Asociaci√≥n Campesina del Catatumbo (Ascamcat), organizaci√≥n que hace parte del cap√≠tulo Norte de Santander del Movice.

El asesinato sigue a una serie de hostigamientos por parte de militares y agentes de la Policía contra los lideres de Ascamcat y al retiro del esquema de seguridad de la líder campesina Olga Quintero, tesorera de esa organización campesina.


Hechos

El lunes 2 de diciembre, entre las 10:30 pm y las 11:00 pm, el se√Īor Calder√≥n fue asesinado en la vereda Campo Seis del municipio de Tib√ļ (Norte de Santander), mientras se desplazaba desde el casco hasta su vivienda, ubicada en la zona rural de Miramonte.

Sus familiares durmieron esa noche sin recibir noticias del joven agricultor y al día siguiente, cuando comenzaron a indagar por su paradero, supieron de su muerte.

En referencia al crimen, el comunicado p√ļblico del Ej√©rcito sostiene que el cuerpo sin vida del se√Īor Jorge Eli√©cer Calder√≥n fue encontrado luego de un hostigamiento. Sin embargo los allegados a la v√≠ctima y miembros las juntas de acci√≥n comunal de las veredas Campo Seis y Miramonte (Tib√ļ) afirman que no hubo hostigamientos ni combates entre militares y guerrilleros en esta vereda sino que escucharon una r√°faga de fusil en la zona donde el joven fue encontrado.


Contexto

Los miembros de Ascamcat tuvieron un papel protag√≥nico en el paro campesino del Catatumbo realizado entre junio y julio de este a√Īo, durante el cual fueron asesinadas cuatro personas por la Fuerza P√ļblica. Los l√≠deres de esta organizaci√≥n siguen participando en la Mesa de Interlocuci√≥n y Acuerdo (MIA) que se encuentra en negociaciones con el gobierno.

El 21 de junio el presidente Santos acus√≥ p√ļblicamente y sin fundamento a los participantes en el paro campesino del Catatumbo de tener v√≠nculos con la guerrilla de las FARC (http://youtu.be/3ItksYNGQeI). Esto ha puesto en grave riesgo a los l√≠deres de Ascamcat quienes han enfrentado numerosas agresiones. Entre ellas, las m√°s recientes son:

- El viernes 15 de noviembre de 2013, a las 6:00 pm, el l√≠der de Ascamcat Juan Carlos Quintero Sierra fue detenido durante 30 minutos en un ret√©n del Ej√©rcito, mientras se dirig√≠a, en compa√Ī√≠a de dos escoltas del esquema de seguridad que le fue asignado por la Unidad Nacional de Protecci√≥n (UNP) adscrita al Ministerio del Interior, al corregimiento de San Pablo del municipio de Teorama (Norte de Santander), con el fin de realizar el trabajo propio de la asociaci√≥n. Mientras permanec√≠a en el ret√©n, se percat√≥ de que un soldado que no portaba identificaci√≥n en su uniforme estaba fotografiando el veh√≠culo y las placas del mismo.

- El 19 de noviembre de 2013, a las 9:00 am, en el desarrollo de una reuni√≥n con los presidentes de numerosas juntas de acci√≥n comunal y representantes de la Alcald√≠a del municipio de San Calixto (Norte de Santander), los escoltas de Juan Carlos Quintero Sierra fueron retenidos y posteriormente conducidos por miembros del Ej√©rcito a la estaci√≥n de Polic√≠a de dicha municipalidad con el fin de que se identificaran y verificaran que cuentan con autorizaci√≥n para portar de armas, lo cual resulta irregular dados los protocolos que los miembros de la Fuerza P√ļblica deben seguir en relaci√≥n con los esquemas de protecci√≥n de la UNP.

- El mismo 19 de noviembre, siendo las 11:15 am y una vez terminada la reuni√≥n, mientras Juan Carlos Quintero y sus escoltas se dirig√≠an desde San Calixto a la ciudad de C√ļcuta fueron retenidos nuevamente y de forma arbitraria por el Ej√©rcito durante aproximadamente una hora. Esto ocurri√≥ a 10 minutos del casco urbano, en un ret√©n instalado por un grupo de 30 militares aproximadamente, quienes hicieron se√Īales para que se detuvieran. Ante la negativa de descender del veh√≠culo, como estipulan los reglamentos de la UNP, los militares llaman a la Polic√≠a, quienes llegaron minutos despu√©s y empezaron a indagar sobre ‚Äúla mesa‚ÄĚ, acerca de ‚Äú¬Ņc√≥mo va el paro?‚ÄĚ y de ‚Äú¬Ņd√≥nde est√° el doctor Jerez?‚ÄĚ. Adem√°s, agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) presentes guiaron a un perro antinarc√≥ticos al veh√≠culo, supuestamente para buscar coca√≠na. Luego, se les verific√≥ a los escoltas nuevamente su identidad y la autorizaci√≥n para el porte de armas, a pesar de que ya lo hab√≠an hecho horas atr√°s en la estaci√≥n de Polic√≠a, y mientras suced√≠a esto fueron sometidos a un interrogatorio con preguntas como ‚Äú¬Ņqui√©n es el m√°ximo l√≠der de ustedes?‚ÄĚ. Este hecho fue comunicado al Ministerio de Defensa, a trav√©s de la Mesa de Interlocuci√≥n y Acuerdo (MIA) con el gobierno.

- El de 28 de noviembre de 2013, los directivos de Ascamcat Olga Luc√≠a Quintero, Juan Carlos Quintero y Jhonny Abril se movilizaban en un mismo veh√≠culo, junto con el esquema de seguridad asignado por la UNP a Juan Carlos Quintero. Hacia las 4:15 pm, en el sector conocido como la 'Y' del municipio de Oca√Īa, el veh√≠culo se estacion√≥ para esperar a otro autom√≥vil que los acompa√Īaba en el viaje. En ese momento, dos sujetos de aspecto sospechoso, uno con corte militar, llegaron en una motocicleta de marca Susuki y placas GN125, y preguntaron por Olga Quintero, diciendo ‚Äúa nosotros nos dijeron que estaba por ac√°‚ÄĚ. Despu√©s de este incidente se not√≥ un impacto de bala en el carro mencionado, aunque no se escuch√≥ ning√ļn disparo.

Es de anotar que en los días anteriores a este hecho, mientras que Olga Quintero se encontraba en Bogotá, su escolta fue requerido por miembros de la Policía, quienes lo desarmaron, y que el día siguiente le fue cancelado el contrato, dejándola sin esquema de seguridad y, por lo tanto, desprotegida.


Exigencias

- Que el Gobierno Nacional tome medidas políticas y urgentes para garantizar la seguridad de los líderes y todos los miembros de Ascamcat, así como de todos participantes en el paro campesino del Catatumbo y en el reciente paro nacional agrario.

- Que la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación investiguen estos hechos y se tomen los correctivos penales y disciplinarios necesarios para que cese la persecución en contra de Ascamcat.

- Que la comunidad nacional e internacional se pronuncie para solicitar garantías para el ejercicio de los derechos civiles y políticos de los miembros de Ascamcat.

 

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice)