European Solidarity Campaign with Colombian Political Prisoners

In Colombia there are over 9,000 political prisoners; a result of the social and armed conflict of 65 years in that country. Most of them are depreived of their freedom because of judicial set-ups by the Colombian government and the army.

Teachers, community leadsers, journalists, trade unionists, Indigenous, Afro-Colombians, students, farmers, opposition members - people who oppose multinational companies and everyone with a different opinion to that of the establishmnet are crimialised or deprived of their freedom. In many cases they persecuted and killed.

The consequences of this official policy to the advance of neoliberalism and to plunder of the poor for profit of national or foreign business, are the annihilation of popular organisations, the destruction of the social fabric, terror in society and devastation of families.

But our solidarity is our weapon! With it we have helped many political prisoners and others have been freed. With your solidarity and support you can help them and their families.

Don't miss the chance to help a Colombian political prisoner in this fight for life!

Click here for more information


ACTO DE SOLIDARIDAD CON CARLOS ILICH RAMIREZ Y JULIAN CONRADO

Por: Aporrea tv

Martes, 16 Julio 2013 03:28

Vladimira Moreno del PCV en el Acto de solidaridad con Carlos Ilich Ramírez y Julián Conrado en la plaza Bolívar de Caracas.

El sábado 13 de Julio en la Plaza Bolívar de Caracas se celebró un acto de solidaridad para dos amigos, que aún cuando no se conocen físicamente, están unidos por su lucha por la justicia y La Liberación de los pueblos, se trata de Carlos Ilich Ramírez Sánchez, venezolano, internacionalista, luchador por la Causa Palestina, detenido hace mas de dos décadas en Francia y Julián Conrado, colombiano, canta autor y luchador social, detenido hace mas de dos años en la República Bolivariana de Venezuela, sin juicio abierto y en un limbo jurídico, aderezado por un gran silencio por parte de las autoridades responsables por su Libertad y Asilo.

El Presidente Chávez, en vida, dejó suficientemente clara, su posición, tanto en el caso de Carlos Ilich Ramírez, donde, públicamente reivindicó su lucha y una ocasión se refirió a cierta comunicación epistolar que mantuvieron y fue motivo de escándalo por parte del periódico francés L Monde, (Ofrecemos esta grabación en el IV video) , así como se refirió, en su momento a Julián Conrado. De igual forma, en otra oportunidad, la Fiscal General, Luisa Estela Díaz, dejó claro que Julián Conrado no había cometido delito alguno en el país y que a juicio de La Fiscalía no habían elementos que justificaran su deportación.

En este primer video intervinieron Vladimira Moreno miembro del PCV y Victor Hugo Morales presidente del Comité de Solidaridad Internacional.

Repatriación para Carlos Ilich Ramírez y Libertad y Asilo para Julián Conrado

http://www.pacocol.org/index.php/noticias/internacional/5027-repatriacion-para-carlos-ilich-ramirez-y-libertad-y-asilo-para-julian-conrado


ACCION URGENTE: EN RIESGO VIDA DE 53 RECLUSOS EN LA DORADA QUE CUMPLEN 350 HORAS EN HUELGA DE HAMBRE

LA RED INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD CON LOS PRISIONEROS Y PRISIONERAS POLÍTICOS COLOMBIANOS - INSPP se solidariza con los presos de la Penitenciaria de Alta Seguridad “Doña Juana” ubicada en la Dorada (Caldas), Colombia, quienes cumplen 14 días (350 horas) en Huelga de Hambre y exige al gobierno colombiano y en particular a las autoridades penitenciarias y carcelarias que atiendan y den solución a sus justas peticiones.

Reenviamos la siguiente acción urgente:

Red-INSPP
http://www.inspp.org
E-mail: contact@inspp.org

ACCIÓN URGENTE:

EN RIESGO VIDA DE 53 RECLUSOS EN LA DORADA QUE CUMPLEN 350 HORAS EN HUELGA DE HAMBRE

La Fundación Lazos de Dignidad emite ACCIÓN URGENTE por 53 reclusos en la Penitenciaria de Alta Seguridad “Doña Juana” ubicada en la Dorada (Caldas), quienes cumplen 14 días (350 horas) en Huelga de Hambre sin que sus peticiones hayan sido resueltas por el Estado Colombiano mientras sus vidas se encuentran en riesgo.

HECHOS

1. El 8 de julio de 2013, desde las 6 am, 1300 reclusos en la Penitenciaria “Doña Juana” iniciaron una jornada pacifica de desobediencia, por lo que 53 de ellos se declararon en Huelga de Hambre, debido la crisis humanitaria y de derechos humanos que padecen, así mismo en denuncia por los incumplimientos de los acuerdos por parte del INPEC y diferentes autoridades adquiridos en la pasada jornada de desobediencia realizada durante el 9 y el 18 de abril de 2013.

2. El día 15 de julio de 2013, más de 1.000 prisioneros se sumaron a la declaratoria de huelga de hambre, permaneciendo sin ingerir alimentos durante 2 días, luego levantaron la huelga de hambre y continuaron participando de las demás acciones de desobediencia, como no dejarse contar, no portar camisa, no asistir a diligencias, mientras los 53 reclusos que iniciaron la huelga de hambre masiva se mantuvieron en dicha acción. Este mismo día la FLD presento acción urgente formal ante el INPEC sin recibir respuesta a la fecha.

3. Al momento de emitir la presente acción urgente, siendo las 8 pm del 22 de julio de 2013, los 53 reclusos declarados en huelga de hambre han cumplido 350 horas sin ingerir alimentos y sin recibir atención médica para el caso particular, como lo es el suministrado de suero y revisión de sus signos vitales, situación que ha deteriorado el estado de salud de los mismos, padeciendo fuertes mareos, náuseas, dolor estomacal, contracciones y debilidad en la movilidad.

4. De acuerdo a la información suministrada por los reclusos, el INPEC ha omitido el deber de atender sus justas peticiones enfocadas a solucionar la grave problemática que padecen en materia de salud, alimentación, comunicación, intimidad, visitas, distanciamiento familiar, hacinamiento, entre otras.

ALERTAMOS QUE:

Los 53 reclusos que se encuentran en huelga de hambre en la Penitenciaria “Doña Juana” han sido ignorados por el Estado Colombiano, permaneciendo sin solución sus justas peticiones, por lo que preocupa a nuestra fundación la vida, el estado de salud y la seguridad de los huelguistas.

Son más de 350 horas que los reclusos han cumplido sin ingerir alimentos, situación que puede generar graves enfermedades, daños irreversibles y hasta la muerte, sin embargo, a pesar de que el Estado Colombiano está obligado a velar por la vida y demás derechos de los reclusos en el marco de la relación de especial sujeción, a la fecha las autoridades competentes han hecho caso omiso a la declaratoria masiva de huelga de hambre, con el agravante de estar incurriendo en omisión a su deber de ofrecer la atención medica del caso a los huelguitas.

Los reclusos en huelga de hambre, dentro de los cuales también se encuentran prisioneros políticos, en cualquier momento pueden presentar complicaciones como:

Enfermedad ulcero-péptica

Hipotensión arterial ortoestática

Insuficiencia cardíaca, disminución del volumen circulatorio, taquicardia

Insomnio fisiológico

Disminución de la capacidad de defensa del sistema inmune,

Atrofia de los músculos respiratorios

Disminución de la masa cardíaca

Trastornos endocrinos

Daño permanente en órganos vitales bien sea por autodigestión o por fallas en otros órganos o glándulas (fallas renales)

RESPONSABILIZAMOS AL ESTADO COLOMBIANO

Por las violaciones a los derechos a la vida, salud e integridad personal que se consumen contra los reclusos declarados en huelga de hambre en la Penitenciaria de Alta Seguridad “Doña Juana”, por omisión al deber de protección en el marco de la relación de especial sujeción.

En virtud de la labor que desarrollamos en la Defensa de los Derechos Humanos de la población reclusa formulamos las siguientes:

PETICIONES

1. Que el INPEC con CARÁCTER URGENTE preste ATENCIÓN MÉDICA a los 53 reclusos declarados en huelga de hambre en la Penitenciaria de Alta Seguridad “Doña Juana”, a fin de proteger la vida, integridad física y salud de los huelguistas, y asegurarles el menor daño posible en desarrollo de su acción.

2. Que el equipo médico del Comité Internacional de la Cruz Roja INTERVENGA en aplicación del principio Fundamental de Humanidad con CARÁCTER URGENTE preste auxilio sin discriminación a los 53 reclusos declarados en huelga de hambre en la Penitenciaria de Alta Seguridad “Doña Juana”, a fin de proteger la vida, integridad física y salud de los huelguistas.

3. Que el Gobierno Nacional instale una Mesa de Concertación en la Penitenciaria de Alta Seguridad “Doña Juana”, a fin RESPONDER el pliego de petición de los reclusos y dar SOLUCIÓN a la grave crisis humanitaria y de derechos humanos que padecen, en la cual participen voceros de los reclusos en huelga de hambre, del Ministerio de Justicia, del INPEC, de la Procuraduría General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo y de la Contraloría General de la Nación.

4. Que la Comisión Interamericana de DDHH INTERVENGA y solicite al Estado Colombiano, mediante comunicado público, solucionar la situación de los reclusos en huelga de hambre en la Penitenciaria de Alta Seguridad “Doña Juana”, y cumplir con las normas internacionales de protección y tratamiento a los reclusos en general.

Que las organizaciones solidarias nacionales e internacionales apoyen nuestras justas peticiones y envíen sus cartas a las siguientes autoridades:

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República de Colombia
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá
Fax: (+57 1) 566.20.71
E-mail: fsantos@presidencia.gov.co

ANGELINO GARZÓN
Vicepresidente de la República de Colombia
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.
Teléfonos (57 1) 444 2120 - 444 2122
Fax: (57 1) 596 0651
E-mail: contactovicepresidencia@presidencia.gov.co
Twitter: @angelino_garzon

RUTH CORREA
Ministra de Justicia
Carrera 9a. No. 14-10 - Bogotá, D.C.
e-mail: ministro@minjusticia.gov.co, reclamos@mij.gov.co
PBX (+57) 444 31 00 Ext. 1820
 
GUSTAVO ADOLFO RICAURTE TAPIA
Director Nacional del INPEC
PBX (57) 2347474 / 2347262/3382316
Calle 26 No. 27-48 - Bogotá, D.C., Colombia
E- mail: direccion@inpec.gov.co, reclamos@inpec.gov.co
 
 ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO
Procurador General de la Nación
Fax: (+571) 3429723 - 2847949 Fax: (+571) 3429723
Carrera 5 #. 15-80 - Bogotá, D.C., Colombia
E-mail: cap@procuraduria.gov.co, quejas@procuraduria.gov.co; webmaster@procuraduria.gov.co
 
JORGE ARMANDO OTÁLORA
Defensor Nacional del Pueblo
Fax: (+571) 640.04.91
Calle 55 # 10-32, Bogotá.
e-mail: secretaria_privada@hotmail.com; agenda@agenda.gov.co
 
Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria
e-mail: pramos@defensoria.org.co
 
COMITÉ INTERNACIONAL DE LACRUZ ROJA EN COLOMBIA
Diagonal 46 No. 15 B – 07
Teléfono (571) 245 10 48
FAX 232 06 38 - Confirmación 232 14 77
bogota.bog@icrc.org
 
SANTIAGO CANTON
Secretario Ejecutivo Comisión Interamericana de DDHH
e-mail: cidhoea@oas.org, apizarro@oas.org

Colombia, Julio 22 de 2013

Leer más sobre lo que pasa en Doña Juana aquí: http://www.traspasalosmuros.net/node/147La Lucha social no es un delito, es un paso hacia la Libertad...

PRESXS POLÍTICXS A LA CALLE !!!

www.traspasalosmuros.net

twitter: @traspasamuros


Who Can Best Help End the Colombian Government Repression of Catatumbo Peasants?

by W. T. Whitney Jr. July 10, 2013 

"Mr. President [Santos]: I would like to have you tell me to my face that I am a guerrilla. None of us are. We are workers, peasants who try to live as we can. It's not easy to live here. Our crops produce only losses. We have to sell very cheap and can't buy things. . . . I would like to show you how we live, how the schools are, with children eating on the ground. . . . All they care about here is oil. . . ." -- "Open Letter to the President" signed by Margarita on strike in Catatumbo, Colombia

Peasants in Catatumbo, in Norte de Santander department, launched demonstrations and highway blockades on June 11, which have continued. Some 15,000 peasants have taken part. They were responding to a Colombian government decision to destroy coca plants they grow for the sake of economic survival. Massed soldiers and anti-riot police carried out violent repression. The government claims the peasants are associated with leftist insurgents, the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC).

Talks between government representatives and the peasant organization Ascamcat began on June 19 in Tibu municipality. They quickly ended when Ascamcat leaders and 200 Ascamcat observers walked out because Army and police generals were present. For three days, 7,000 demonstrators enduring tear gas and rubber bullets tried to block troops, police, and military supplies from leaving the airport in Oca�a. Then on June 22 anti-riot police there shot and killed two peasants and wounded dozens. They killed two more on June 25.

Attempts to negotiate beginning on June 27 have moved no farther than arguments over moderators and what to do about the Ascamcat observers. Continuing military operations in Catatumbo may be the first in Colombia to be carried out under the auspices of controversial legislation about to become law. It centers on military jurisdiction and covers crimes committed by soldiers engaged in "armed conflict." There is concern about impunity: military courts gain jurisdiction, displacing civilian courts, and "international humanitarian law" would apply, no longer human rights law.

The vital interests of both sides relate primarily to land use. Agrarian issues were the first and presumably the most important of six agenda items at peace talks underway in Cuba between the FARC and government. What happens in Catatumbo may serve as a stress test of sorts for any peace settlement.

Protesters are saying: approve a Peasant Reserve Zone (ZRC) for Catatumbo, let young coca plants grow, substitute legal crops gradually and collaboratively, provide subsidies for impoverished peasant families during a transition period, ban mining and industrial agriculture in any ZRC, and fund projects "prioritized by the Plan of Sustainable Development of the ZRC." And honor human rights.

Support for ZRCs has grown since they were authorized under Colombian law in 1994. Incora, the state agency responsible for ZRCs, sees them as "an instrument of development for stabilizing the peasant economy, avoiding the expansion of the agricultural frontier, neutralizing the concentration of property, and enjoying benefits set up for peasant reserves within a framework of environmental sustainability."

A ZRC in Norte de Santander would incorporate 925,000 acres. There are only six ZRCs in Colombia now. FARC negotiators in Cuba propose that 59 be created. Says government critic Alfredo Molana: "The peasant reserve zones are the only way to stop land concentration in areas designated as rural."

The influence of Catatumbo's geography, history, and economy is crucial to what is happening now. Norte de Santander is the third-ranking coca-producing department in Colombia. On the domestic market, farmers' agricultural products are unable to compete with subsidized food products from the United States. State services like health care, nutritional support, schools, and provision for the elderly are rare. Multinational corporations have extracted oil in the region for almost a century. Foreign and domestic partnerships have expanded African palm plantations in order to produce and export palm oil used as biofuel. Coal reserves in the region are larger than deposits mined at Cerrej�n, the world's largest open pit coal mine, in La Guajira department. Gold and uranium are mined and natural gas is produced.

For paramilitaries and guerrillas, Catatumbo's location next to Venezuela allows for coca marketing and cross-border sanctuaries. Colombian paramilitaries have carried out destabilization operations in Venezuela. Leftist insurgents operate throughout the region. Paramilitaries moved into Catatumbo in 1999 more to deal in coca and wage terror than to fight FARC insurgents.

Paramilitaries killed thousands of rural inhabitants. Murder and mayhem induced 100,000 peasants to abandon an estimated 2.5 million acres of land and move to cities. Aimed ostensibly at demobilizing paramilitaries, Colombia's Justice and Peace Law took effect in 2005, and the paramilitaries' presence diminished. However, so-called "criminal bands" took their place.

According to an observer, "Catatumbo is a zone of great wealth with biodiversity and big deposits of petroleum and coal. The Colombian state and the national, multinational, and transnational corporations used the paramilitary strategy to implement dynamics of violence and terror . . . all for removing peasants and indigenous people from their lands, which they appropriate."

Irish writer Gear�id � Loingsigh notes that, "Economic plans for the region are the reasons behind the paramilitaries' arrival. . . . National and international capital whether from multinational corporations or from capital disguised as international aid, as much from USAID as from the EU, is not going to stop. . . . But for peasants and communities, there's no way out except for those national and international policies to end. . . . Without an alternative to the paramilitary model, corporations and the regional, national, and international economic interests will return to drown social organizations in a bloodbath, like they did during these years."

What happened during June 2013 is a case in point. There was repression, a commentator reports, associated with "forcibly eradicating coca cultivation in order to impoverish peasants and displace them. They move as refugees to the cities or provide cheap labor for the multinational palm oil industry."

Catatumbo's tradition of resistance is long: eighty years ago peasants and oil workers united in a "Strike over Rice," and El Tarra's Coomultar cooperative, founded in 1978, undertook debt relief, economic development, and local government reorganization. In the 1980s peasants backed an oil workers' strike, the leftist Patriotic Union coalition elected mayors, and the Popular Civic Movement of Oca�a fought for social services and organized a strike for peasant rights. A decade later peasants marched as part of national mobilizations. In Catatumbo, "a new concept of local power began to emerge through citizen participation in decisions shaping the destinies of communities."

Military repression targets such activism. According to Paula Martinez Cortes, the paramilitary onslaught in Catatumbo led to "destruction of and control over peasant, labor, and insurgent forms of social organization, which readied the territory for new projects of mining exploration and exploitation and mega projects to produce biodiesel."

Colombia's government, in the hands of a wealthy elite, serves U.S. interests, even as it subjugates poor, unarmed peasants. The U.S. government enjoys a system of proxy occupiers. There's no need for U.S. war fighters. Funding for Colombia's police and military must be provided, along with advisors and technical and intelligence support. But the inconvenience is minimal, and the U.S. public is generally unaware. The example of Colombia as a functioning U.S. agent in Latin America could well serve as a model for the U.S. government and its accomplices in training elsewhere in the world.

Peasants in Catatumbo are victims not just because they have to sell their labor cheap but because the rich and powerful see them as disposable. Victimized peasants, like everyone else, have the right to survival and lives of dignity. But their exercise of their right has long been obstructed by imperialist domination. The Catatumbo peasants have received declarations of solidarity from throughout Latin America, and even Europe. Acts of solidarity that have greatest potential impact would have to come from those able to directly challenge the most responsible party. 


Movimiento Nacional Carcelario

El Movimiento Nacional Carcelario (MNC) viendo la sistemática vulneración a los DD-HH de los reclusos a nivel Nacional por parte del INPEC y, como caso particular "La Tramacua" de Valledupar cesar, el 09 de abril del 2011 empieza una jornada de huelga y desobediencia la cual ceso activamente el 11 de junio del 2011 después de una fuerte golpizas y gaseada propinada por el (GRI), máxime, cuando esta población vulnerable solicitaba que les colocaran el agua, atención, en salud, buen trato a las visitas, mejora de la alimentación, fuentes de trabajo y estudio, respeto por la dignidad de los reclusos entre otras peticiones, las que lograron convocar a muchos sectores que se pronunciaron con una campaña de cierre de este penal considerado como el antro de tortura en Colombia.

La corta introducción tiene sustento que el INPEC en estos momentos esta judicializando a los compañeros que participaron de esta jornada para imponerles otro castigo adicional a todos sus padecimientos, y queda la pregunta: ¿Qué entidades se han tomado la molestia de judicializar al INPEC por torturas físicas y psicológicas consuetudinarias por más de 12 años en contra de las personas privadas de la libertad en este penal? ¿Por qué no han mejorado las condiciones de vida de los reclusos ni antes ni después de las huelgas?. Hay, es donde vemos el sistema represivo carcelario pues esta muy claro que si nada de este estado de cosas inconstitucionales pasaran, los reclusos no hubiéramos echo estas jornadas.

Cabe anotar que tenemos el legítimo derecho a la protesta tal como lo consagra el Art. 37 y 56 de la Constitución Nacional y en el mismo sentido la corte constitucional en sentencia t-2008. "El alto Tribunal estableció que las protestas y huelgas de internos son permitidas, y no pueden ser sancionadas disciplinariamente siempre y cuando cumplan los 3 presupuestos: que sean reivindicatorias de los principios superiores, que no sean violentas, y que no generen una alteración del orden y disciplina del penal". Como se evidencia, las mismas fueron de carácter reivindicativo y los únicos que generaron violencia fueron los del INPEC garroteando, gaseando y golpeando indiscriminadamente a los reclusos.

Igualmente anunciamos que lo decretado como emergencia carcelaria tiene estos efectos pues le da poderes al director del INPEC para vulnerar nuestros derechos; más no de solucionar nuestras calamidades dentro de los penales.

De igual forma dar a conocer que la cárcel "Doña Juana" de la Dorada Caldas entraron en huelga y desobediencia ya que el INPEC incumplió acuerdos pactados con los reclusos de este penal en abril pasado; desde ya responsabilizamos a las autoridades penitenciarias de todo lo que allí pueda ocurrir pues conocemos los métodos brutales y represivos del INPEC.

Hacemos un fraternal llamado a todas las cárceles y penitenciarias del país para mostrar su solidaridad con estos compañeros de prisión, mantener la convocatoria, estar atentos a un llamado del (MNC) a futuras jornadas reivindicativas de nuestros derechos.

Solicitamos a ONGs, Procuraduría, Personería, Defensoría del Pueblo, al Senado de la República, a la Cámara de Representantes, a las altas cortes y demás entes de control, a estar muy atentos de tan graves acontecimientos y verificar, promulgando cesar la vulneración a derechos y principios en contra a las personas privadas de la libertad.

A, los medios de comunicación ser objetivos y tener solidaridad con nuestros justos reclamos y, hacer un exhaustivo seguimiento a lo acaecido en los penales y cárceles del país.

Cordialmente y con sumo respeto,

Movimiento Nacional Carcelario.

Julio 10 de 2013.